La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está buscando voluntarios para recoger firmas por toda Cantabria para solicitar que se impulse su Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Próximamente la plataforma llevará al Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda que han elaborado, que cuenta con las peticiones que ya recogía en la ILP que presentaron y que “se cargó” el PP en la tramitación, tal y como denunciaron los activistas.

La PAh presenta su ley de vivienda

Así, se mantienen las reclamaciones de dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria en los desahucios, y en su nueva versión añade dos nuevas reivindicaciones para completar ‘las cinco de la PAH’.

Una de ellas exige la creación de un índice para regular los precios de alquiler similar al que existe en Francia o Alemania, y que contemple las características o localización de la vivienda y la capacidad adquisitiva de la población. La otra aborda el problema de la pobreza energética, proponiendo un principio de precaución que impida que las grandes suministradoras no puedan hacer cortes de suministro si las familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En 2013 consiguieron llegar al Congreso tras recoger más de 1.400.000 firmas (se precisan 500.000) pero finalmente el Gobierno decidió fusionar su texto con el proyecto de ley Antidesahucios del Gobierno, lo que se consideró un modo de “desdibujar” el proyecto.

Ahora, tras varias negociaciones, comienza la recogida de firma tras la cual se registrará la iniciativa. Partidos como Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, Compromís y EH Bildu ya se han comprometido a apoyar tanto el registro como el posterior trámite en el Congreso.

Por otro lado, PSOE y PDeCAT no participarán en el registro pero han prometido apoyar la medida si llega a trámite; mientras que Ciudadanos no la apoyará pero tampoco la bloquearán. El Partido Popular es el único partido que ha dicho a los activistas de la PAH que no comparte su ley.

LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Desde 2009 se han ejecutado más de 500.000, según datos del Consejo General del Poder judicial.

El pasado verano, el Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó a España por violar el derecho a la vivienda tras la denuncia de una familia que fue desahuciada en 2013 en el barrio madrileño de Tetuán, con sus dos hijos de 1 y 3 años. La ONU consideró  que es necesario que el Gobierno lleve a cabo legislativas urgentes para que casos así no se repitan.

Sin embargo, las ONGs denuncian que las autoridades españolas dieron explicaciones “insuficientes” a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas.

OFICINA DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN CANTABRIA

El Gobierno de Cantabria ha habilitado una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda.

En Cantabria el Gobierno puso en marcha hace dos años una Oficina de Emergencia Habitacional que, en todo este tiempo, ha gestionado 296 casos y se han atendido más de 650 solicitudes.

Del total de casos atendidos, 87 se han resuelto favorablemente mediante acuerdo. Concretamente, 35 han sido acometidas con entidades financieras, mientras que los 52 restantes lo han hecho con otro tipo de acreedor.

Asimismo, de los 296 casos gestionados, 124 han requerido del Servicio de Intermediación Hipotecaria, bien porque los afectados se encontraban inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria o porque necesitaban renegociar con la entidad financiera las condiciones del préstamo hipotecario; 85 han sido tratados por impago de las cuotas de alquiler de vivienda, y se han presentado un total de 87 solicitudes de vivienda en régimen de alquiler social.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional ofrece un servicio público, gratuito y extrajudicial, habilitado por el Gobierno regional para atender aquellas situaciones de emergencia habitacional que se presenten en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Sus servicios van destinados a personas que carezcan de recursos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas y hayan sido expulsadas de su vivienda o se encuentran en riesgo inminente de serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial; que estén habitando en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que carezcan de cédula de habitabilidad y no reúnan las condiciones mínimas para su obtención o, bien, que hayan perdido su vivienda por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, tales como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente, o fenómenos naturales o meteorológicos adversos.

Para ser destinatario de los servicios de la misma, la persona afectada debe tener el domicilio fiscal en Cantabria y carecer de otra vivienda en propiedad o con derecho de uso.

La Oficina ofrece un servicio de intermediación con las entidades bancarias en los procedimientos de ejecución hipotecaria, junto con la oferta de una solución para aquellas personas que se encuentren en situación de emergencia en relación con su vivienda y, finalmente, orientación, asesoramiento y soporte en la tramitación de las ayudas previstas en el Fondo de Emergencia Habitacional del Gobierno regional.

El horario de atención es de lunes a viernes en la calle Juan de Herrera 2-4, 5ª planta, de Santander y es preciso solicitar cita previa en los números de teléfono 942 31 89 32 y 942 31 89 80.

Los interesados también pueden dirigirse a través de internet en el correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es y encontrar toda la información en www.emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es.

CANTABRIA CONVOCA AYUDAS PARA EL ALQUILER

El Ejecutivo cántabro este mes de febrero ha destinado 4,6 millones de euros a las ayudas al alquiler, de la que podrán beneficiarse más de 3.000 familias cántabras y que, como novedades principales, mantendrá abierto el plazo de inscripción durante todo el año, introduce el servicio de cita previa y no establece límite de duración temporal para colectivos de especial protección.

Las ayudas consisten en una subvención a fondo perdido del 40% del importe del alquiler mensual de aquellos contratos de arrendamiento que no superen los 500 euros mensuales y que este año se concederá por 36 meses de manera directa.

Solo se exceptuará a quienes hayan cobrado la ayuda en el ejercicio anterior, ya que ésta se concederá por 24 meses y, si la hubiesen recibido en 2016 y 2017, el periodo será de 12 mensualidades, con excepción de los colectivos de especial protección, para los que no hay límite temporal.

Las ayudas están destinadas a colectivos especiales que incluye a familias monoparentales con hijos menores de edad, víctimas de violencia de género o terrorismo, unidades de convivencia que hayan sufrido ejecución hipotecaria o que hayan dado su vivienda en pago de la deuda dentro de los cinco años anteriores a la aprobación del decreto, situaciones catastróficas o de pérdida total de la vivienda o quienes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.