La Cantabria de los récords (en crecimiento del paro y en brecha salarial) suma un nuevo hito:  Cantabria fue la única comunidad autónoma donde los procedimientos de ejecución hipotecaria crecieron durante el pasado año, si bien el incremento se cifra en apenas seis asuntos –de 285 en el ejercicio anterior a 291 en 2017.

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En el resto de comunidades autónomas este dato sufrió un retroceso importante, hasta el punto de que la media española se situó en una bajada del 37,8 por ciento.

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con datos del cuarto trimestre de 2017 y también con los de todo el ejercicio.

En el mismo se constata que también aumentaron los procedimientos presentados por despido (un 2,2%) y los de reclamación de cantidad en el seno de una relación laboral (un 2,7%), si bien estos incrementos se sitúan por debajo de la media nacional, que en este caso registra aumentos del 6% y 9,3%, respectivamente.

Por otro lado, los lanzamientos practicados por los órganos judiciales de Cantabria fueron menos que los de un año antes (-2,2%), así como los procedimientos monitorios –aquellos en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios- (-8,8%).

EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y LANZAMIENTOS

En 2017 se presentaron 291 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, seis más que un año antes, lo que supone un incremento del 2,1% por ciento.

A nivel nacional, sin embargo, estos procedimientos se redujeron un 37,8 por ciento, ya que en el resto del territorio se presentaron menos ejecuciones hipotecarias.

Por su parte, los lanzamientos practicados disminuyeron un 2,2%, al pasar de 721 en 2016 a 705 en 2017. A nivel nacional también fueron menos los lanzamientos, registrando una disminución media del 3,6%.

De esos 705 lanzamientos, 165 respondieron a ejecuciones hipotecarias, 505 a impagos de un alquiler y 35 a otros motivos.

Así, mientras que los que se debieron al impago de una hipoteca disminuyeron un 23,6%, los que responden a un impago del arrendamiento aumentaron un 15,3%. La tendencia es similar a nivel nacional: bajan los de ejecución hipotecaria –un 15,4%- y suben los de alquiler –un 4,3%.

VETO A LA LEY DE LA PAH

Miembros de la PAH en el Parlamento de Cantabria registrando su propuesta.

Las cifras, difundidas por el Consejo General del Poder Judicial, se conocen poco después del veto del Gobierno de Cantabria a la iniciativa legislativa popular (ILP)  autonómica presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Una ILP es una propuesta legislativa que en lugar de partir del gobierno o los partidos surge de ciudadanos o asociaciones respaldados por firmas masivas.

En este caso, lo planteó la PAH para hacer frente a los desahucios, un problema que ha conseguido auparse de las reivindicaciones sociales a la acción política (en Cantabria, por ejemplo, esta legislatura se habilitó una Oficina de Emergencia Habitacional para intermediación con entidades bancarias y asesoría).

Y el veto se fundamenta en que algunas de las medidas que proponía (como una tasa a las viviendas vacías) tenían impacto presupuestario, tanto en ingreso como en gasto, y eso permite al Gobierno el veto. Hace unos meses, Podemos planteó una propuesta de reforma de la ley que permite las ILPs en la que se incluía suprimir el derecho del veto del Ejecutivo, posibilidad que rechazaron PRC y PSOE para plantear después su propia propuesta.

Pese al veto, la PAH ya ha anunciado que seguirá con ese proceso de recogida de firmas ciudadanas. 

CONCURSOS DE ACREEDORES

Pero además, el informe analiza distintos indicadores sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales. De ellos, estudia el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander, que responden a empresas, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región, que son los que se refieren a particulares.

Durante 2017 se presentaron un total de 67 concursos -53 de empresas y 14 de particulares-, los mismos que un año antes.

Por otro lado, los concursos declarados en el periodo por el Juzgado de lo Mercantil ascienden a 47, nueve más que un año antes, lo que representa un 23,7% más que los declarados en 2016. La media nacional, sin embargo, experimenta un descenso del 5,2%.

Por otro lado, nueve fueron declarados concluidos (un más que en 2016); 18 entraron en fase de convenio (dos más en un año antes), y 55 en fase de liquidación.

Es aquí donde se observa un incremento importante del 66,7%, ya que un año antes las empresas concursadas que entraron en esta situación fueron 33.

Este dato contrasta con la media española, que registra una disminución del 12,8% en el número de empresas concursadas que entraron en liquidación durante el pasado año.

Además, se presentaron en el Juzgado de lo Mercantil diez expedientes de regulación de empleo de empresas concursadas, dos más que un año antes (un 25% más).

CRECEN LOS DESPIDOS

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como las demandas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En 2017, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 1.056 demandas por despido, veintitrés más que un año antes, lo que supone un aumento del 2,2%.

La media nacional también experimenta un aumento en despidos, incluso mayor que en Cantabria (6%).

Las reclamaciones de cantidad, por su parte, fueron 1.720 frente a las 1.675 de 2016, lo que supone un incremento del 2,7%. La media nacional también aumentó, y lo hizo en un 9,3%.