Finalmente se ha aprobado de forma definitiva la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria en el pleno de este lunes del Parlamento de Cantabria, después de una tramitación de más de un año.

La idea es que la ley entre en vigor en el plazo de seis meses, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). El texto fue remitido a la Cámara a finales de 2016, por parte de Podemos y el PRC, que en su momento confiaron en sacarla adelante a principios de 2017.

Tras más de un año, todos los grupos parlamentarios han apoyado por unanimidad esta ley, solo con la excepción de la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria, que el PP ha votado en contra por considerarlo en gasto excesivo.

Alberto Bolado (Podemos) y Pedro Hernando (PRC) en 2016, durante la presentación de la ley en rueda de prensa.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido que se trata de “una buena ley” que “garantiza mejor el derecho de los ciudadanos a conocer la gestión pública” y “cumple de sobra el objetivo de desarrollar la transparencia y hacer que sea una realidad en Cantabria en la actividad pública”.

De la Sierra ha defendido que se han incorporado más del 50% de las enmiendas presentadas en la tramitación, 70 de un total de 137, aunque se han rechazado aquellas que han llegado al Pleno. De igual forma, cree que los seis meses son suficientes para que la ley esté disponible en formatos accesibles y reutilizables y dé tiempo a realizar los oportunos cursos de formación, tanto a los sujetos obligados como a los empleados públicos.

PODEMOS SIENTE “PROPIO” EL TEXTO APROBADO

En el otro partido que lo presentó junto al PRC, Podemos, han asegurado que el texto aprobado «es tan nuestro que lo sentimos como propio». Así lo ha expresado su portavoz, Alberto Bolado, quien ha asegurado que «en un 80% es la ley que en su día redactó y presentó» su partido.

Aunque considera que la aprobación «llega tarde y hay cuestiones francamente mejorables», Bolado hace un «balance positivo» y ha advertido que Podemos estará «vigilante para que sea eficaz en su aplicación práctica y no quede en papel mojado», especialmente en lo que se refiere al régimen sancionador.

LOS “PEROS” DEL PSOE Y LAS CRÍTICAS POR EL RETRASO DEL PP

La Ley somete a las obligaciones de transparencia no solo a la administración pública y sus entes, sino también a los prestadores de servicios públicos y a las personas que ejerzan potestades administrativas, así como a los adjudicatarios de contratos del sector público, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, las asociaciones y fundaciones privadas que se financien con fondos públicos, a partir de ciertos umbrales -25.000 euros o cuando el 40% de su financiación sea dinero público-.

Isabel Urrutia, diputada del PP, ha criticado el retraso de la aprobación de la ley.

En otros partidos que han apoyado la ley ha habido algún “pero”, como ha ocurrido desde la otra pata de Gobierno. El Partido Socialista cree que la ley “ganaría mucho” si “algunos de los entes más opacos que hay”, como son las instituciones religiosas, “fueran obligados a participar de la publicidad activa” de la legislación.

Por otro lado, en el Partido Popular creen que el Gobierno “ha perdido una legislatura”, ya que “si conseguimos que esta Ley esté publicada antes de Semana Santa no entra en vigor hasta el mes de noviembre”. Además, señala que tendrían que pasar “otros seis meses” más desde entonces para la publicación de un decreto de desarrollo, lo que ya colocaría a la comunidad en las elecciones autonómicas de 2019.

UNANIMIDAD PARA MODIFICAR LA LEY DE VIVIENDA PROTEGIDA

Otra de las cuestiones que se ha llevado el apoyo de toda la cámara durante el pleno ha sido la propuesta de Podemos de modificar la Ley de Cantabria de Vivienda Protegida, con el fin de aumentar los supuestos para que un mayor número de familias en situación de emergencia  habitacional pueda acceder a su derecho a una vivienda digna, de una manera real y efectiva.

José Ramón Blanco ha recordado que la privación de la vivienda  a una persona vulnera los derechos reconocidos en el artículo 25 de la declaración de los Derechos Humanos; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 18.2  sobre la inviolabilidad del domicilio y el artículo 47 de la Constitución Española.

Por ello, considera que “es absolutamente necesario ampliar los supuestos que engloba la situación de emergencia habitacional en la ley de vivienda protegida de Cantabria, con el fin de reconocer y garantizar el derecho a una vivienda digna a toda la ciudadanía cántabra”.

El artículo 57 de la ley de Vivienda Protegida establece que sólo están en situación de emergencia las personas que han perdido su vivienda por haber sido lanzadas de la misma o exista ya una orden judicial para llevar a cabo el lanzamiento, aquellas que habiten en infraviviendas, o cuando hayan perdido la vivienda por circunstancias sobrevenidas como incendios o fenómenos naturales o meteorológicos. “Es decir, todas aquellas personas que tengan un problema de emergencia habitacional en casos en los que no hay un auto judicial no pueden ser atendidas por la Oficina de Emergencia Habitacional”.

El diputado ha recordado que si algo va de la mano de no disfrutar de una vivienda digna es la pobreza energética. Así, ha recordado que los elevados precios de la luz o el gas provocan que sean muchas las  familias que viven con temperaturas que son dañinas para la salud ya que deben destinar su escasos ingresos a comer antes de pagar la luz o el gas.

Por ello, una de las modificaciones planteadas incluye adaptar a las directivas europeas las técnicas de construcción y rehabilitación de viviendas protegidas para que tiendan al consumo casi nulo y rebajen en los costes energéticos. Además, serán los técnicos de la administración quienes certifiquen con carácter previo que los proyectos presentados cumplen estos criterios y llevarán a cabo controles previos y finales necesarios para determinar si se ajustan a estos estándares.