El protocolo antidesahucios y el señor Marshall
|| por MIGUEL SARO, portavoz de IZQUIERDA UNIDA en el Ayuntamiento de Santander||
Después de años de propuestas rechazadas y de lanzar balones fuera, el Ayuntamiento de Santander finalmente presentó su particular protocolo antidesahucios. Lamentablemente, no lo ha hecho con la intención de afrontar este grave problema, y las tragedias que genera. Lo que ha guiado su actuación en este asunto, como en todos los relacionados con la intervención social, ha sido el espíritu de Don Pablo.
Al fin y al cabo, Don Pablo también era alcalde, en este caso de Villar del Río. Y en medio de una de sus incendiarias soflamas desde el balcón consistorial, pronunció aquellas palabras ya inolvidables, “como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación…”
Y así continuó el bueno de Don Pablo hasta que Manolo Morán le sacó del bucle.
Nuestra Alcaldesa quizá no cuenta a su lado con nadie de la talla política de Manolo Morán, lo que provoca que en nuestro Ayuntamiento aún no hayan salido del bucle. Y el resultado es que tenemos un protocolo antidesahucios para nuestra ciudad, que es un continuo quiero y no puedo, o mejor dicho, puedo y no quiero. Un documento cuya mayor utilidad será la de sobrecargar aún más las ya saturadas Unidades de Trabajo Social, mascarón de proa de la intervención social en Santander, y cuyos integrantes languidecen entre montañas de papeleo generadas por las sucesivas ocurrencias del gobierno municipal.
En numerosas ocasiones, el gobierno del PP en Santander ha recibido propuestas, estudios, mociones, procedentes de colectivos implicados en la lucha contra los desahucios, movimientos sociales, partidos políticos, y en definitiva, de todos aquellos que participan de la idea común que considera inaceptable que un ser humano pueda dormir en la calle, habiendo alternativas viables.
En nuestra ciudad, dadas sus dimensiones, garantizar este derecho universal no debería ser muy complicado. Existen numerosas viviendas de titularidad pública en Santander, que permanecen infrautilizadas, en el mejor de los casos. Y si usted quiere afrontar el problema de la vivienda, y no se ocupa de organizar y potenciar un parque público de viviendas, en realidad es que usted no quiere.
En el año 2018, con lo que ha llovido ya en casi todas las materias relacionadas con la administración del interés común, es fácil averiguar lo que persigue una medida impulsada por un gobierno local. Basta con leer las once páginas del protocolo, para darse cuenta de que Don Pablo fue uno de los primeros ideólogos de la derecha moderna española, y ni que decir tiene que en el PP de Santander, dicha escuela de pensamiento deconstruido ha contado siempre con los más entusiastas seguidores.
Ese documento es una oda al asesoramiento. Si está usted a punto de perder su casa, si sus hijos puede que en unos días tengan que dormir a la intemperie en medio de este delicioso invierno santanderino siberiano, pierda cuidado, el Ayuntamiento le asesora. Podría haber habilitado las herramientas necesarias para que, además de asesorarle acerca de cómo seguir andando en círculos, usted pudiera disponer de una alternativa habitacional, un techo, que es lo que principalmente buscan quienes tienen sobre sus cabezas la espada de Damoclés del desahucio.
Pero como alcaldesa vuestra que soy, os debo un protocolo. Y este protocolo que os debo, os lo voy a aprobar, vacío de contenidos relevantes para quienes pudieran llegar a necesitarlo, repleto de redundancias y de brindis al sol, y sobre todo, lleno de asesoramiento.
El protocolo viene con una oficina debajo del brazo, “oficina local”, la llaman. ¿Las funciones de dicha oficina? En efecto, asesorar, aunque en este epígrafe incluyen también la indispensable tarea de informar. Si usted se encuentra al borde del desahucio, tenga seguro que saldrá de las dependencias municipales sobradamente informado, asesorado, derivado y rebotado en dirección a las UTS. ¿Y allí que pasará? Pues que le explicarán que en realidad, la ciudad de Santander no dispone de los mecanismos de compensación necesarios para asistir a sus conciudadanos en casos de emergencia habitacional.
Las cosas, en la vida y en la política, suelen ser lo que parecen muchas más veces de las que nos deja admitir el orgullo. Torcer la realidad en pos de satisfacer nuestros anhelos o necesidades, no conduce a otra cosa que a la confusión absoluta. En un escenario de crisis en el seno de un hogar, vinculada a la permanencia física en el mismo, hay dos soluciones por parte de la administración del Estado, garante de los derechos que todo ciudadano posee. O se evita el desahucio afrontando la resolución de las hipotéticas deudas que pesen sobre la vivienda, o se ofrece una alternativa, una con techo, puertas y ventanas. Ni lo uno ni lo otro están contemplados con seriedad desde este protocolo.
Sólo nos queda esperar que a diferencia de Villar del Río y su gatillazo con el plan Marshall, la ciudad de Santander no tenga que salir a las calles con banderines y sombreros cordobeses, para recibir el maná de los servicios sociales, el refuerzo de las UTS, la contratación de los trabajadores sociales que se necesitan con urgencia en el día a día de la intervención social en Santander, la puesta en marcha de los convenios necesarios con establecimientos hoteleros y pensiones, de cara a garantizar la respuesta inmediata al desahucio. La creación de un parque de viviendas públicas que garantice la imposibilidad de que cualquier familia de Santander termine durmiendo, siquiera una noche, en un cajero automático.
Pero por si acaso no termina de llegar la comitiva, habrá que pasar de la espera a la acción.
P. F.
A las unidades de trabajo social no las va a pasar nada por trabajar, que la mia lleva dos meses para hacerme un informe qe no quieren hacer para que pueda recibir alimentos de la iglesia. Eso es lo que les importamos los ciudadanos