Los trabajadores de Correos denuncian que la empresa pública está “bajo mínimos”, después de que, en los Presupuestos de 2017, el Gobierno nacional recortara 120 de los 180 millones con los que debe financiar a esta empresa pública.

Los trabajadores alertan de que el servicio está precarizándose.

“Desde 2008 se han perdido más de 15.000 puestos de trabajos por jubilaciones o amortizaciones que no se han cubierto”, han denunciado CCOO y UGT en una rueda de prensa, en la que han cifrado la pérdida de empleos en Cantabria de 150.

Correos es la mayor empresa pública del país, con una plantilla de 57.000 personas, de las cuales 712 (479 de ellos fijos y el resto en la bolsa de empleo con trabajo esporádico) son de Cantabria.

“Éste es un recorte más de los servicios públicos de este país y es una privatización encubierta de un servicio esencial”, señala Luciano Palazzo Gallo, secretario de acción sindical de CCOO en Correos.

Palazzo denuncia que el Gobierno nacional “no está dotado de las herramientas necesarias para ser competitivos”, ya que el nuevo modelo de negocio va más centrado en paquetería que en el servicio de cartas. Para afrontarlo, insiste que esto “requiere inversión y modernización pero, sobre todo, requiere intencionalidad política para no dejar morir a la mayor empresa pública de este país”.

Algo de lo que lamenta que no parece haber “intención de reponer esa cuantía que nos quitó o incluso de poner en marcha un plan estratégico que ha elaborado la propia empresa”.

LAS ZONAS RURALES SERÍAN LAS MÁS AFECTADAS

“El Gobierno lo que hace es subvencionar la parte deficitaria de la entrega de cartas, las zonas rurales” explica Palazzo, que no cree que “la empresa privada aterrice en el mercado postal a llevar una carta que es deficitaria para ellos”, por lo que apunta a que esto en pocos años se puede traducir en que, o “esto no lo reparta nadie y tengan que ir a puntos concretos a recoger la correspondencia” o que “si se encarga una empresa privada no pondrán el mismo precio a una carta que se mande a Santander que otra a Potes” provocando que “haya ciudadanos de primera y de segunda”.

Además, insiste en que “la parte rentable del mercado postal está en la paquetería y el Gobierno está cediendo la parte rentable al operador privado”.

En los sindicatos apuntan a que es necesario un plan serio y estratégico, parecido al que han llevado a cabo otros países. “Las empresas postales públicas de toda Europa están apostando por el operador público y han comprado empresas paqueteras. El  correo postal francés ha comprado SEUR, el alemán, DHL, el holandés TNT”, insiste Palazzo, que recalca que lo que “no tiene sentido es que en un mercado de competencia libre los correos europeos compitan en el mercado español y nuestro país no tenga ninguna empresa paquetera compitiendo”.

NO DESCARTAN UNA HUELGA GENERAL

Desde los sindicatos apuntan a que, si se prorrogan los presupuestos generales del Estado en 2018, la situación estará “al límite” y el deterioro de la empresa puede suponer a medio plazo, según el cálculo de los sindicatos, la pérdida de 30.000 empleos en todo el país y de unos 200 en Cantabria.

Por ello van a comenzar asambleas en los centros de trabajo para organizar “movilziaciones graduales” según la respuesta que vayan teniendo del Gobierno. aunque advierten de que no descartan llegar a una huelga general. “Se está acabando el tiempo para reaccionar porque el mercado te absorbe”, alerta Palazzo, apuntando a que “es un conflicto laboral” porque “cada vez hay más contratos parciales y más precarios y no hay dinero para actualizar el convenio” pero también “un conflicto social”, ya que está en riesgo “el servicio postal, especialmente en zonas rurales”.