El Parlamento de Cantabria ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, que ha presentado Podemos a instancias de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

La formación morada solo ha contado con el apoyo del Partido Socialista en un tenso debate que ha estado interrumpido en varias ocasiones por las protestas de varios activistas de la PAH, que acudían al pleno y a los que la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, ha amenazado con desalojar varias veces por incumplir las normas del Parlamento, que impiden a los invitados hablar o manifestarse.

Activistas de la PAH asistiendo al pleno del Parlamento y siedo llamados al orden por la presidenta, Dolores Gorostiaga.

Con una diferencia de 27 votos en contra y solo 7 a favor (faltaba la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez), la proposición de ley ha sido rechazada por el PP, Ciudadanos, el diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio y el PRC, que ha sido el más criticado por los activistas.

En la presentación del debate, el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha hablado del “sobreendeudamiento” de “cientos de miles de familias” en España, así como las prácticas “ya declaradas abusivas” de las entidades bancarias, la gran cantidad de viviendas vacías y la falta de un parque real de viviendas sociales.

“El consumidor está desprotegido en España y los bancos sobreprotegidos”, ha denunciado, asegurando que dicha ley promueve la modificación de la legislación hipotecaria, “limitando la responsabilidad del hipotecado”, al contrario que el actual que “es universal”.

Además, también se ha referido a los crecientes precios energéticos que “se han vuelto inasumibles”, así como el veto del PP a la ILP de 2013 de la PAH que apoyó más de un millón y medio de personas y el último veto del PP y Ciudadanos de la ley nacional de la plataforma.

“Todo lo  que digan son excusas para no desobedecer a sus amos, a los bancos”, ha criticado, asegurando directamente a Miguel Ángel Revilla que ahora mismo hay una “guerra” entre los bancos y las familias necesitadas y que en este caso “toca escoger un bando” porque “no hay tonalidad de grises”.

Tanto el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, como el exdiputado de la formación naranja, Juan Ramón Carrancio, han asegurado que no apoyaban la ley porque excedía las competencias autonómicas al referirse al ámbito nacional, además de acusar a la propuesta de “no respetar la propiedad privada”.

GRITOS DE TRAIDOR A REVILLA  Y LLAMADAS A ESCRACHES

Las principales críticas de Podemos se han centrado en el PRC, al que ha acusado, al igual que la PAH, de incumplir el acuerdo que firmó con la plataforma en el mes de octubre, y al PP, por los vetos nacionales.

Blanco ha criticado que Revilla “tuvo la santa poca vergüenza de ponerse la camiseta de la PAH” como “auténtico postureo” cuando firmó el compromiso que hoy le ha acusado de traicionar. Por ello ha recomendado a la PAH que “la próxima vez que firmen algo con Revilla usen papel higiénico”.

Hoy @RevillaMiguelA ha consumado su engaño pero no nos rendimos. Vamos a denunciarlo en cada pueblo de #Cantabria#EscracheARevilla por dejar tirada a la gente

— PAH Santander (@PAH_Santander) 26 de marzo de 2018

Tras esto se ha escuchado un grito desde la grada llamado “traidor” al presidente autonómico”, al que Blanco ha acusado de ser la “cara B de Rajoy”. En las redes sociales la PAHH ha llamado a realizar escraches al presidente por su «engaño».

Todo esto fue la réplica de Podemos, que por una decisión de la Junta de Portavoces ha llegado antes de que PSOE, PRC y PP tuvieran ocasión de hablar por primera vez. Posteriormente el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha acusado a Podemos de “demagogia”, asegurado que lo que firmó el PRC con la PAH en octubre “no es lo mismo” que la ley que han presentado, cuyo contenido insiste en que “no puede aceptar” por ir contra los propietarios, su “libertad” de poner precio a las viviendas o de tenerlas vacías “sin que se las quiten para incluirlas en un parque público de viviendas sociales.

El PRC defiende que la ley «no es el mismo» documento que firmaron en octubre

“No podemos aceptarlo porque rompe con todos los conceptos jurídicos y económicos del estado español”, ha matizado, insistiendo en que dice “enormes barbaridades”.

Desde el Partido Popular, el portavoz en vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, ha asegurado sentirse directamente insultado por las acusaciones contra su partido y ha acusado a Podemos de hacer “partidismo con los que más lo necesitan”.

También les ha acusado de “irresponsabilidad” porque esta ley implicaría cambiar hasta nueve leyes nacionales y cree que lo que Podemos tiene que hacer es “trabajar a nivel nacional” para que “la mayoría de los españoles lo apoyen”, para no enfrentar otro veto.

EL PSOE DEFIENDE QUE LA CONSTITUCIÓN AVALA UNA OPCIÓN “POCO USADA”

El único partido que ha apoyado la propuesta es el PSOE, cuya portavoz, Silvia Abascal, ha asegurado que la Constitución “avala” que los parlamentos autonómicos puedan presentar ciertas leyes de carácter nacional pese a que es una opción “poco usada”.

“Hay cosas que no compartimos de la ley”, ha admitido aunque cree que es importante “dialogar y negociar” y “cambiar las cosas necesarias en la tramitación”, ya que “la situación es lo suficientemente grave como para tomar medidas” desde las instituciones públicas.

“La economía española está creciendo y creemos que ahora es el momento de seleccionar mejor las leyes y hacerlas más sociales porque no todos han salido a la vez ni igual de la crisis”, ha insistido.

CANTABRIA SE MUESTRA EN CONTRA DE QUE EL CARGUERA SAUDÍ VUELVA A ATRACAR PERO ADVIERTE DE LA POCA VOZ DEL PUERTO DE SANTANDER A NIVEL NACIONAL

Podemos también ha interpelado al Gobierno de Cantabria sobre el barco saudí Bahri Hofuf que hace unas semanas recaló en el Puerto de Santander para cargar armas y explosivos que, presumiblemente, se destinarán a la guerra contra Yemen. Este mismo fin de semana atracaba otro barco con armas.

Protesta en el Puerto de Santander contra un barco con armamento

José Ramón Blanco ha cuestionado qué medidas va a adoptar el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria para garantizar que la embarcación no vuelva a atracar en el Puerto de Santander, como ya han conseguido ONGs vascas que se haga en Bilbao.

La ONG cántabra Pasaje Seguro ha recogido más de 17.000 firmas solicitando al Gobierno que se impida al carguero volver a Cantabria a cargar armas para usar contra la población yemení, en una guerra que ya ha cobrado más de 10.000 vidas.

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria no tenía conocimiento previo de la llegada del barco y ya ha manifestado su rechazo a que el Puerto acoja un carguera con armas para una guerra “que está cebándose especialmente  con la población civil” e insiste en que, tanto él como José María Mazón, que forman parte del Consejo de Administración del Puerto, han trasladado la oposición del Ejecutivo a que el barco vuelva.

También lo harán en la próxima reunión de Puertos del Estado, aunque duda de su “eficacia” porque admite que “la voz del Puerto de Santander no tiene mucha importancia a nivel nacional”. Es más, ha adelantado que la competencia de regular qué barcos entran o no a los puertos corresponde a la Capitanía Marítima, por lo que ha solicitado que los diputados nacionales pidan que se “regulen las rutas de esta clase de barcos”.