La justicia se ha propuesto no ponerle las cosas fáciles a ‘Fariña’, el libro del periodista de El País Ignacio Carretero, que ha publicado la editorial Libros del KO, y que ha sido secuestrado como “medida cautelar”, por una demanda de Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove.

El fragmento de Fariña por el que se ha pedido su secuestro judicial

La última medida del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba (Madrid) ha sido ordenar la «eliminación inmediata» de la herramienta digital que, a través de El Quijote, permite leer el libro sobre el narcotráfico en Galicia, tal y como ha publicado El Español.

La web había sido habilitada por el Gremio de Librerías de Madrid el pasado 15 de marzo en una campaña llamada FindingFariña, con la que se reivindica la libertad de prensa ante el primer secuestro de un libro en una década.

Sin embargo, el Gremio de Librerías de Madrid ha debido bloquear el acceso a la página, después de que la justicia les haya advertido de que podrían incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

De hecho, el Juzgado también les insta a abstenerse de «crear cualquier otra aplicación semejante tendente a obstaculizar el cumplimiento de lo acordado en el auto del 12 de febrero de 2018” por el que se acuerda el secuestro de la publicación.

Los libreros madrileños animó a los libreros a que el texto no se fuera de las librerías hasta que no hubiera una ejecución del auto, pero a partir de ese momento se acató la decisión judicial, desde la discrepancia.

EL LIBRO HA SERVIDO DE GUIÓN PARA LA SERIE QUE EMITE ANTENA 3

Fariña se emite cada miércoles en Antena 3

Este miércoles, Antena 3 emite en prime time el capítulo 5 de ‘Fariña’, la serie basada en el libro de investigación y que se ha situado como líder absoluto de audiencia con una media de 3,2 millones espectadores y un 20,1% de share.

Esta serie, que adelantó su emisión tras el secuestro judicial del libro en que se basa, ha añadido probablemente más leña al fuego. Otro “exnarco arrepentido”, tal y como se califica, también está planteando una demanda contra Nacho Carretero. Se trata de Fernández Padín, que solicita al periodista y la Editorial Libros del KO 150.000 euros de indemnización por el supuesto daño que le ha causado.

Este martes tuvo lugar un acto de conciliación en el juzgado Juzgado Decano de Madrid, donde ha pedido que se corrijan lo que él considera “datos falsos” del libro y potencialmente de la serie.

Esta solicitud de acto de conciliación es previo a la interposición de una querella o una demanda por parte de Fernández Padín, quien fuera testigo de cargo de la histórica operación Nécora contra el tráfico de drogas.

CONTRA LA «INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA»

En este contexto, LIBRES (Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión) se refería también a la «involución democrática» en materia de libertades, citando los casos de las condenas de prisión a raperos o el encarcelamiento de políticos catalanes.

Todo sumado a las leyes mordaza y en base a una interpretación «restrictiva» de libertades y derechos, junto a una «falta de independencia judicial» y un «progresivo resurgimiento ideológico del nacionalcatolicismo que tiñe cada vez más los discursos del Gobierno y eleva de nuevo a la condición de censor del pensamiento y la expresión cultural a la Iglesia católica». «Si no lo detenemos ahora, más tarde será imposible», advierten.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro, lleva al Pleno municipal de este jueves una moción pidiendo la adhesión a una propiesta para que se retire la restricción a la libertad de expresión en lo relacionado con los comentarios sobre la Casa Real, que llegan a implicar penas de cárcel.

Saro, abogado de profesión, también pide la despenalización de las conductas de enaltecimiento del terrorismo que no supongan riesgo objetivo alguno para las personas, en aplicación de la última Directiva sobre terrorismo de la UE, y que están en la base de algunas de las condenas a raperos.

Y recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condenaba a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la convención de Derechos Humanos.

Enfatizaba que el TEDH tiene una jurisprudencia «muy clara y sólida» (reflejada, entre otros, en un anterior caso contra España, precisamente, por supuestas calumnias al Rey), en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes, «sino más bien al contrario, permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por tratarse de instituciones públicas».

Con esta moción, la intención de IU es “la defensa de las libertades frente al uso del código penal como herramienta para acallar la crítica y la libertad de la expresión” según manifiesta su concejal, Miguel Saro, frente a la caduca visión consagrada en el Código Penal, según la cual los Borbones representan la esencia de la unidad y permanencia del estado y deben ser protegidos frente a cualquier crítica.

Centrados específicamente en Cataluña, el próximo lunes día 2 se ha convocado una concentración contra la «represión» política en Cataluña, a las 19:30 horas en la Plaza Mayor de Torrelavega.