Entre las empresas que han sido adjudicatarias de los trabajos de los diques en La Magdalena se encuentra Excavaciones Bedia.

Un camión de Excavaciones Bedia saliendo del reciento de las obras

En concreto, según han confirmado a EL FARADIO fuentes de la empresa pública estatal TRAGSA, Excavaciones Bedia se encarga del traslado de materiales.

La adjudicación se hizo mediante un expediente general de servicio, por un importe de 133.388 euros.

Estas obras son responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, atendiendo una petición del Ayuntamiento de Santander, y se ejecutan a través de TRAGSA, empresa pública estatal, tras la renuncia de la primera adjudicataria.

Según documentación del registro mercantil consultada por EL FARADIO, Excavaciones Bedia es una empresa creada en 1986 que se dedica a la excavación y al movimiento de tierras, con sede en Meruelo.

Excavaciones Bedia en el Registro Mercantil

Su administrador es Álvaro Bedia, marido de Gema Igual, quien se convirtió en noviembre de 2016 en la primera alcaldesa de Santander, tras ser nombrado ministro de Fomento su predecesor, Íñigo de la Serna, de cuyo equipo era miembro la actual regidora.

Crónica de la toma de posesión de Igual en Cantabria Dmoda (El Diario Montañés)

Fuentes de TRAGSa también han confirmado que la contratación del proyecto de los diques se ha hecho de forma previa, sin la licitación, y de forma previa a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos.

GEMA IGUAL DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN

En declaraciones a EL FARADIO, la alcaldesa de Santander, Gema Igual ha defendido la legalidad de esta adjudicación que, ha especificado, supone el 5,8% del total de las obras necesarias para este proyecto.

En concreto, estos trabajos se corresponden con uno de los lotes, para el transporte de áridos de cantera a obra, que es precisamente una de las áreas de actividad en que está especializado Excavaciones Bedia.

De hecho, ha detallado que la de Excavaciones Bedia era la segunda mejor oferta y se le adjudicaron tras renunciar la que resultó primera inicialmente.

Además, ha añadido, la empresa, de origen familiar y con más de 40 años de trayectoria, ha trabajado para otras administraciones, como CANTUR (en Alto Campoo, una obra competencia del Gobierno de Cantabria), la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (administración estatal) o ayuntamientos como Laredo o Noja. «Pero nunca con el Ayuntamiento de Santander», ha aseverado.

En este sentido, la regidora ha explicado que se cumple el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo relativo a la contratación de cónyuges de responsables municipales.

ESTABILIZACIÓN DE PLAYAS

El proyecto, denominado Estabilización del sistema de playas Magdalena-Peligros, surge para evitar la pérdida de arena en La Magdalena, que se venía supliendo con rellenos.

Igual durante el inicio de las obras

Tal y como explica el Ministerio, el sistema de playas Magdalena-Peligros no está en equilibrio, distinguiéndose dos zonas claramente diferenciadas, la playa de Peligros, donde la arena tiende a acumularse en su extremo oeste y el material se pierde, por falta de apoyo lateral, más allá del Promontorio de San Martín, y la zona de Bikinis-Magdalena, donde existe erosión frente al campo de polo y el balneario, trasladándose el material hacia la playa de Peligros.

Esta situación provoca que para mantener una zona de playa seca delante del campo de polo y el balneario sea necesario hacer aportes y recirculaciones de arena periódicas.

Para conseguir la estabilización del sistema se actúa sobre estas dos zonas, de forma que se consiga una única playa con una forma en planta continua: para la zona de la Magdalena se plantea la construcción de un espigón que retenga la arena y la separe la playa de la de Peligros; y para la zona de Peligros se prevé la construcción de un dique que contenga el pie de playa, evitando la salida de arena hacia el canal de navegación del puerto. La actuación se completa con la redistribución de la arena existente en el sistema.

Las obras tenían un presupuesto de 2,2 millones de euros, pero se acabaron adjudicando por un importe de 1,4 millones de euros, inicialmente a la empresa BECSA (Grupo Obinesa, con sede en Castellón). Tras renunciar esta, los asumió Tragsa, para evitar más retrasos.

UN PROYECTO POLÉMICO

El proyecto ha despertado las críticas ciudadanas y de movimientos en defensa del medio ambiente y el patrimonio, agrupados en la plataforma ‘Salvar las escolleras’, al constatarse el impacto visual del primero de los diques previstos.

Participantes en una de las protestas contra los diques (Foto: Carlos Atienza)

Los críticos, entre los que se encuentran colectivos como Alceda (especializado en la defensa del patrimonio) o Arca (ecologistas que recurrieron el PGOU de Santander, anulado por el Tribiunal Supremo, han convocado actos informativos y tres concentraciones de protesta en La Magdalena.

En ellos han advertido no sólo del impacto paisajístico, sino de que durante el período de alegaciones instituciones como el Puerto de Santander o el Instituto Oceanográfico expusieron algunas reticencias, como su impacto sobre la navegación.

Además, han cuestionado el proceso por el que se informó del proyecto –más allá del obligatorio por ley período de alegaciones–, basado en encuestas en las que se instaba a elegir entre las dos únicas opciones de “playa” o “roca”.

Asimismo, eldiario.es en Cantabria ha publicado que la opción elegida, que no era la única posible, es la que más impacto ha tenido, pero también la más económica.

El abogado Javier Gómez-Acebo ha llevado el asunto a los tribunales, con una denuncia ante la Fiscalía por posible delito contra el medio ambiente, fundamentada en que el informe de impacto ambiental reduce las especies afectadas a tres, frente a las 264 que constata el Instituto Español Oceanografía.

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El Parlamento de Cantabria pedía esta misma semana al Ministerio que paralice el proyecto, con los votos de PSOE, PRC, Podemos y Ciudadanos. Este último partido e Izquierda Unida han extendido el proyecto al Congreso de los Diputados, donde plantearán preguntas al Gobierno.

El proyecto ya causó desencuentros entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, que llegó a plantear un recurso judicial que acabaría retirando alegando que se habían atendido sus peticiones.

Desde el Partido Popular se defiende el proyecto argumentando que era necesario para mantener esta playa y recordando que quienes lo critican no plantearon alegaciones, además de reprochar al PRC que retirara el recurso y ahora se sume a las críticas.