El exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, tampoco declaró en su declaración de actividades que, hasta septiembre de 2014, fue presidente de la Comisión de Control de Caja Cantabria.

Así lo ha revelado el diputado de Podemos, Alberto Bolado, en el pleno del Parlamento de este lunes, en el que su partido ha realizado una batería de preguntas sobre el tema, seguidos a una interpelación presentada por el Partido Popular.

Joaquín Ruiz Sisniega y Estela Goicoechea

Ruiz Sisniega, que el pasado 29 de marzo presentó su renuncia al cargo de gerente tras una sentencia judicial que declara incompatible la pensión por incapacidad que venía cobrando con la propia retribución dentro del Ejecutivo, estuvo unos meses cobrando tanto por el sueldo de la Caja como la pensión por incapacidad.

Y es que Podemos ha revelado que la incapacidad le fue concedida en mayo de 2014 y Ruiz Sisniega no dejó el cargo hasta el mes de septiembre, algo que la formación morada alerta de que está tipificado como infracción en la ley.

En su declaración de actividades, el exgerente lo dejó en blanco, tal y como han hecho también otros altos cargos del Gobierno. Bolado ha recalcado que, si lo hubiera declarado, “le habrían impuesto algún punto de abstención en temas que incluyan a la Fundación Marqués de Valdecilla con Caja Cantabria”.

“En Cantabria hay una inspección que se dedica a esto pero no se ha hecho nada para comprobar que estas retribuciones no se estén recibiendo al mismo tiempo”, ha denunciado Bolado que cree que el hecho de que se haya judicializada el asunto solo ha servido “para alargar el tema”.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha negado haber conocido la existencia de ese recurso judicial con anterioridad. “Si yo lo hubiera conocido, no lo habría permitido”, ha remachado, aunque ha defendido la gestión de Ruiz Sisniega y ha asegurado que “este hecho no puede tratarse de ilegalidad y mucho menos de fraude”, porque anteriormente se le aceptó la compatibilidad, aunque luego hubo “una revisión” que cambió el criterio.

También ha defendido que, según la ley, “la pensión de jubilación no es compatible pero la de incapacidad puede serlo con la autorización correspondiente”. “La pensión no es una retribución, por lo que se considera que no incumple el requisito de dedicación exclusiva de los miembros del Gobierno y altos cargos”, ha asegurado de igual modo la consejera.

RUIZ SISNIEGA FUE UNA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS CRÉDITOS BLANDOS DE CAJA CANTABRIA

Tal y como en su momento reveló EL FARADIO, Joaquín Ruiz Sisniega fue uno de los beneficiarios por el sistema de créditos blandos de Caja Cantabria, junto a otros 60 miembros o afines a los partidos políticos. Al igual que el resto de las cajas del país, la caja de ahorros tenía mejores condiciones que el mercado que disfrutaban los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de esta entidad financiera, así como sus familiares.

Entre ellos figuraba entonces Ruiz Sisniega, que también fue concejal en Marina de Cudeyo y posteriormente nombrado director general de Administración Local en la consejería de Lola Gorostiaga.

Ésta es una práctica totalmente legal, muy común en todo el sector de las cajas en todo el país y que no tiene nada que ver con las famosas tarjetas negas o black cards opacas al fisco de Caja Madrid.

EL PP PIDE QUE REAL ASUMA SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR ESTE NOMBRAMIENTO

El Partido Popular, la diputada Isabel Urrutia ha culpado a la Consejería de Sanidad por “las dudas y la opacidad” del Gobierno sobre este tema. “Nunca supimos que un alto cargo estaba desempeñando un puesto de trabajo para el que tenía declarada una incapacidad total, ni que había una sentencia que le dictó la incapacidad”, ha criticado la diputada popular.

Por ello ha reclamado a la consejera que “diga la verdad, nos explique por qué nos lo ocultaros y asuma su responsabilidad política”. Real ha respondido asegurando que el PP ha dicho “medias verdades, grandes mentiras y acusaciones falsas”, con “intento de rédito político a cualquier costa”, al tiempo que ha cargado contra el partido y otros casos de altos cargos que cobran pensión y sueldo público a la vez.

“Lo único que ha hecho en su intervención es insultar al que quiere saber”, le ha reprochado Urrutia, que ha cargado contra un “Gobierno en plan tabernero” que “solo usan el insulto, la ridiculización y la ofensa de los demás para ocultar su mala gestión” y que “quiere utilizar esta institución como su chiringuito”.

LA OPOSICIÓN SE UNE PARA PEDIR QUE NO SE PRIVATICEN LOS PLANES HIDRÁULICOS Y QUE SE ELIMINE EL ACUERDO-MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES

En el pleno de este 16 de abril, Partido Popular, Podemos y grupo mixto se han unido en varias ocasiones para aprobar mociones en contra de los votos de los partidos del Gobierno, PRC y PSOE.

La oposición ha forzado la aprobación de una iniciativa del diputado tránsfuga de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, que instaba al Gobierno de Cantabria a «no privatizar» los planes hidráulicos y a mantener los 22 existentes.

El Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria denunció los pasados días un intento de “privatización encubierta” del servicio, denunciando su “precarización” y reclamando  más inversiones y personal. Incluso han convocado protestas.

También han llevado el tema a los distintos grupos parlamentarios, con los que se han reunido. La moción de Carrancio surge tras estas reuniones y ha sido transaccionada por Podemos, PSOE y PP (finalmente el diputado ha aceptado ésta última) al considerarla “descafeinada”, “insuficiente” y “poco trabajada”.

Desde los partidos del Gobierno han negado los intentos de privatización y defienden que se han hecho mejoras en las instalaciones. “El Gobierno ha sacado la oferta pública de empleo con todas las plazas vacantes, ha rescatado para el sector público la gestión de tres planes, ha mejorado la calidad del servicio, realiza un control responsable de los costes y respeta todos los derechos de los trabajadores del sector público”, ha defendido la diputada socialista, Silvia Abascal, que ha añadido que “los que piden quince operarios para hacer el trabajo que antes hacían seis”, lo que piden “a gritos es la privatización del servicio”.

EL PLENO EXIGE QUE EL GOBIERNO CONTRATE LOS SERVICIOS AL COMEDOR ESCOLAR SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La oposición también se ha unido para aprobar una moción de Podemos que pide al Gobierno y, concretamente a la consejería de Educación, que cumpla la nueva Ley de contratos del sector público en el servicio de contratación de los comedores escolares, solicitando la paralización del Acuerdo-Marco llevado a cabo por el Ejecutivo cántabro.

En su exposición, José Ramón Blanco ha explicado que la nueva ley de contratos habla de la necesidad de simplificación de los trámites, reduciendo así la burocracia para los licitadores y un mejor acceso para las pymes y micropymes.

Además, endurece las ofertas anormalmente bajas, las conocidas como bajas temerarias, especialmente aquellas que no cumplan con las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral y en el acuerdo marco, “que curiosamente se aprobó un día antes de que caducase la anterior ley de contratos del sector público, mucho menos social que la nueva”.

Blanco también ha destacado que “el acuerdo marco de Mañanes retrasa la implementación de la nueva ley de contratos del sector público que mejoraría la alimentación escolar, ya que incluye cláusula sociales, éticas, medioambientales y que favorecen a las pymes de los emprendedores. Y lo retrasa, nada más ni nada menos, que hasta el año 2022”.

Podemos señala que este acuerdo marco no favorece que se mejore la alimentación escolar porque el pliego endurece la solvencia económica y financiera que tienen que demostrar las empresas licitadoras, estableciendo el límite en cinco años de experiencia y, para más inri, no habilita ninguna opción que facilite la homologación de nuevas pymes, como sí hace la nueva ley.

“Por lo tanto – explica Blanco- el acuerdo marco redactado por la consejería beneficia, sobre todo, a las grandes empresas que ya vienen realizando este servicio y que en un 88% son de fuera de Cantabria y mientras, las pequeñas empresas y cooperativas se quedan fuera por no tener esos cinco años de experiencia”.

El portavoz socialista, Victor Casal, ha remachado que los podemitas no han considerado las dos consecuencias de sus propuestos que corre el riesgo de “dejar sin servicio de comedores en septiembre” y que “se deje desierta alguna licitación”. Y es que asegura que el Acuerdo-marco que ha propuesto la nueva Consejería de Educación “defiende la autonomía de cada centro escolar” y “deja en los colegios la libertad de premiar o sancionar los servicios que les presten”.

UNANIMIDAD PARA APOYAR UN DESARROLLO AUTONÓMICO DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

Lo que sí ha conseguido unanimidad es la propuesta del Partido Popular para instar al Gobierno de Cantabria a que elabore «con medios propios» y apruebe en el plazo de seis meses el decreto o decretos necesarios para desarrollar en la comunidad el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para que así puedan ser subvencionadas aquellas actuaciones que se enmarquen en alguno de los ocho programas que éste recoge.

Dicho Plan Estatal contempla subvenciones en Cantabria por importe de 35,64 millones de euros, de los cuales la cartera de Fomento aportará 27,42 millones, y el Ejecutivo cántabro se hará cargo del 30%, 8,22 millones.

También en el pleno ha hablado la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, para aclarar que el Gobierno de Cantabria “no apuesta por ninguna alternativa” hacia Vuelta Ostrera, aunque tampoco “descarta ninguna”.

La vicepresidenta ha respondido a preguntas de la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, que echaba en cara al Ejecutivo que defendiera la opción de Cuchía cuando es “la más gravosa”. Tezanos ha dejado claro que “los criterios de valoración del Gobierno son los del servicio de impacto ambiental” y que “serán los técnicos los que tengan la última palabra”.