El Ayuntamiento de Santander deberá pagar 180.957 euros a través de un expediente de crédito extraordinario a la Fundación Villas del Cantábrico por el Festival del Mar de 2009, según documentación municipal a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

Festival del Mar

Los costes derivan de un convenio firmado por el Ayuntamiento con los organizadores de esa cita marítima en septiembre de 2009, en la que fue su segunda edición.

Es un gasto al que el Ayuntamiento de Santander se resistió, al considerar que esa entidad, Villas del Cantábrico, debía devolver primero otra subvención que entendía el equipo de Gobierno que había incumplido el objeto de esa subvención, concedida en 2006.

Así lo reflejaba, de hecho, una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santander en 2015, que incluía ese mismo criterio de que la administración no podía pagar a la Fundación por no haber cumplido su parte.

En abril de 2018 la Fundación pagó las cantidades pendientes, establecidas en 248.942 euros, después de una sucesión de requerimientos e incluso embargos.

Al hacerlo, se desbloqueaba la situación, de modo que le correspondía entonces al Ayuntamiento pagar lo que les quedaba a ellos pendientes.

Para hacer frente a este gasto, se tiene que aprobar un expediente de modificación de crédito, que, en cualquier caso, se financia con el pago recibido por parte de la propia Fundación, en una operación que cuenta con el visto bueno de Intervención, que la considera “suficientemente nivelada”.

VILLAS DEL CANTÁBRICO

La relación entre la Fundación y el Ayuntamiento se remonta a 2009, cuando el entonces alcalde Íñigo de la Serna firmó el convenio con el presidente de Villas del Cantábrico, Antonio Longarela, ingeniero de Caminos, después de unas negociaciones emprendidas ya en 2007.

El objetivo de la Fundación Villas del Cantábrico (nacida en 2000 como asociación, constituida en 2005 como Fundación) era la realización de actividades educativas y deportivas en torno al mar, y una de sus actuaciones emblemáticas iba a ser la creación de un buque escuela.

Además, esta Fundación se erigió como promotora del Festival del Mar, para lo que contó con el apoyo tanto del Ayuntamiento de Santander como del Gobierno de Cantabria y el Puerto de Santander, espoleados por la buena acogida a la Cutty Sark. Más allá del Festival, editaron una revista y compraron un barco para buque-escuela, llamado Bon Temps.

El Festival sería organizado por ellos, pero financiado con una subvención del Gobierno de Cantabria y, en su mayor, parte, con este convenio con el Ayuntamiento de Santander que, sin embargo, no especifica con cuánto contribuiría.

Segunda edición del Festival del Mar

Pero ambas partes acabarían en los tribunales: en la sentencia, el juez relata cómo pese a que la Fundación decía que lo que se recaudara se destinaría a fines sociales, en realidad eran costes de inscripción por participar, y así se publicitaron.

Durante el proceso el Ayuntamiento trató de restar valor de obligación al convenio firmado, alegando que no se trataba de un contrato, extremo rechazado por la justicia.

La tercera edición de la cita, que se aplazaría para no coincidir con el Mundial de Vela, no llegaría a celebrarse ante los problemas económicos alegados por la Fundación, que denunciaba los incumplimientos presupuestarios.

El Festival del Mar se suma a la lista de proyectos relacionados con el mar en la ciudad que acaban ‘naufragando’, como el proyecto de convertir la fragata Extremadura en un museo flotante dedicado al Ejército, ubicado en Santander, y que nunca llegó a prosperar.

Esto sin olvidar las intrigas federativas en torno al Mundial de Vela que desembocaron en despidos en el CEAR, la crisis del modelo formativo que había abanderado Jane Abascal (incluyendo su propio despido), el riesgo de abandono del equipo olímpico de la base de Santander, y unas cuestionadas inversiones como la Duna de Zaera, que terminó en la Fiscalía (y que empieza a dar problemas de mantenimiento), y unas cuentas del Mundial que resultaron negativos.

SANTANDER INCUMPLE LA REGLA DE GASTO

La gestión financiera en Santander se viene complicando: el Ayuntamiento ha incumplido en 2017 la regla de gasto, el límite fijado por el Ministerio de Hacienda para gastar en los municipios.

Una de las razones que ha empujado esta situación ha sido la política de adquisición de autobuses municipales, por el método del renting, justo en un momento en el que el MetroTus está causando quebraderos de cabeza al equipo de Gobierno del PP.

El departamento de Hacienda en Santander ha sido cuestionado esta legislatura por hitos como la sentencia de la plusvalía, impuesto municipal en el que el Ayuntamiento perdió dos juicios frente a un joven abogado afectado por lo que la Justicia acabó considerando que era una discriminación en las bonificaciones.

También a esa Concejalía, a cuyo frente está Ana González-Pescador, le corresponden las políticas de empleo: fue Hacienda quien aseguró que la sanción de Inspección de Trabajo por la cesión ilegal a la empresa pública SANTURBAN de los parados contratados por el programa de Corporaciones Locales sólo recogía la versión de Comisiones Obreras, cuando lo cierto es que se dictó después de hablar con todas las partes implicadas (trabajadores, responsables de servicios varios y la concejalía incluidos). Toda la oposición ha pedido su dimisión después de que esa sanción quedara confirmada por los Gobiernos central y autonómico.