Los trabajadores de AMPROS denuncian despidos masivos y prácticas poco respetuosas con los derechos laborales, así como gastos opacos, todo ello con el apoyo del dinero público que recibe esta entidad.

AMPROS es un asociación cuya misión declarada es «contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia», y que cuenta con unos 400 trabajadores y trabajadoras.

Desde 2012, según denuncia CC.OO. ha realizado operaciones poco respetuosas con los derechos laborales. En ese año, promovió un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaba a 97 personas con discapacidad intelectual y que la Dirección de Trabajo rechazó en resolución administrativa. Finalmente, AMPROS realizó un descuelgue salarial que afectó a gran parte del personal.

«El dinero obtenido en este descuelgue salarial fue utilizado para acuerdos y/o despidos improcedentes», tal y como afirma Roberto Martínez, presidente del Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo de AMPROS.

Además, denuncian que los trabajadores que continúan sufren congelación salarial y que os recortes han supuesto merma de la calidad de atención a personas usuarias, la no renovación en los equipos, unas infraestructuras obsoletas, etcétera.

Asimismo, los comités de empresa advierten de la falta de acceso a la información económica de la organización, ya que prohíben a los trabajadores asistir a la Junta Directiva y a la Asamblea General, como venía siendo habitual. De hecho, se desconocen los salarios de cinco directivos además de pluses pactados que perciben ciertos trabajadores.

Tal y como recoge la resolución emitida por la Dirección General de Trabajo sobre el ERE «…AMPROS es una entidad singular que al articularse como varias empresas, no constituye un instrumento que, en principio, coadyuve a la integración plena de los trabajadores/as discapacitados/as.

También la resolución recoge que «las abundantes ayudas públicas que perciben estos Centros Especiales de Empleo para la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas discapacitadas que prestan sus servicios en ellos» hacen «difícilmente entendible pretender al mismo tiempo, por un lado, percibir estas ayudas y, por otro, actuar como empresas de «régimen común»…»

Ambos comités de empresa consideran que, ante la cuestionable gestión económica y laboral que viene perpetuando AMPROS, se encuentran en una situación insostenible, por lo que solicitan al Gobierno de Cantabria que realice una auditoría de viabilidad, como ya han realizado en otras entidades.