El Consejo de Gobierno de Cantabria ha acordado en su reunión semanal la apertura de una investigación interna sobre las adjudicaciones en el Servicio Cántabro de Salud denunciadas por una alta funcionaria y por el Partido Popular.

El consejo de Gobierno

Es un asunto que se ha ‘colado’ fuera del orden del día habitual y que amenaza con centrar la agenda del Ejecutivo y la oposición: Ciudadanos avanzaba que si el Gobierno no da explicaciones, pedirán una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria, medidas que se suman a las peticiones de comparecencias parlamentarias anunciadas por Podemos y Ciudadanos o al llamamiento a la Fiscalía hecho por la Fiscalía.

El grueso de la denuncia lo hacía en una carta al gerente del SCS y la consejera de Sanidad una alta funcionaria, responsable de Contratación en el Servicio Cántabro de Salud, y la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad María José Sáenz de Buruaga: una red de empresas relacionadas entre sí, una de ellas vinculada al hijo del alcalde socialista de Suances, que reciben asistencias técnicas vía contrato menor (adjudicación directa), mientras se permiten pagos por obras o servicios aún no concretadas.

Ante todo ello y de acuerdo con el artículo 33.c) de la Ley 67/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias “ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos”, la consejera de Sanidad ha comunicado que va a proceder de forma inmediata al inicio de un procedimiento informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas sobre presuntas irregularidades en el servicio.

Tras la tramitación de ese expediente informativo, que deberá finalizarse en el menor plazo posible y en el que tendrán ocasión para manifestarse tanto la funcionaria Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP, se remitirá el oportuno informe al Consejo de Gobierno para adoptar la decisión oportuna.

La reacción choca con la postura inicial: la Consejería de Sanidad negó irregularidades, y el Servicio Cántabro de Salud las achacó a un enfrentamiento personal de la funcionaria con cargos de ese departamento, así como a injerencias políticas, además de anunciarse querellas contra la denunciante.

EL PP ENTREGA A REVILLA LA DOCUMENTACIÓN Y DETECTA NUEVAS IRREGULARIDADES

Además, el PP ha hecho llegar este mediodía al presidente de Cantabria la documentación que sustenta su denuncia sobre irregularidades en las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud y ha revelado dos nuevas en el pago de suministros y las adjudicaciones a dedo a través del uso fraudulento de los contratos menores.

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha entregado este mediodía la documentación en la sede de Presidencia del Gobierno, en Peña Herbosa, acompañada de una carta de la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, explicativa de las denuncias y de los expedientes que se acompañan.

Además, lLa secretaria autonómica del PP ha revelado dos nuevas irregularidades detectadas por el partido, cuya documentación será remitida al presidente en cuanto esté completa.

Así, ha denunciado que las empresas Iralia, Gardenor y Serincopsa, que tienen los mismos administradores, los mismos dueños,  han ejecutado también la ampliación del Hospital Virtual Valdecilla a través de contratos menores por importe de 296.119 euros.

Estas tres empresas, de las que es administrador el hijo de un alcalde del PSOE (el de Suances), no habían trabajado hasta el 2015 para el Servicio Cántabro de Salud y en un año y medio se han beneficiado de contratos menores por más de un millón de euros.

El PP ha constatado también que el pago irregular de los suministros de alta tecnología, facturados sin haber sido instalados y sin comprobar su correcto funcionamiento, se extiende también a la práctica totalidad de los suministros médicos adquiridos por el Servicio Cántabro de Salud con cargo al capítulo de inversiones para los hospitales.

Para poder tramitar la factura, se firmaba un acta de comprobación de la inversión en los almacenes de los proveedores, en el que se señala que el material no puede ser entregado por limitaciones de espacio en el hospital, cuando, en realidad, se trata de suministros de pequeño tamaño, como un extractor de leche o un microscopio.

Las actas de comprobación de la inversión, que no tienen validez administrativa, están firmadas el mismo día, el 22 de diciembre, y si es cierto lo que se dice en ellas en un mismo día, el gerente de Valdecilla, Julio Pascual, y la subdirectora, Beatriz López, han tenido que visitar en el mismo día almacenes ubicados en Madrid, Barcelona, Móstoles, Colmenar Viejo, Bilbao, Navarra, Santander y Murcia.

La secretaria autonómica se ha referido a la decisión del Gobierno de que sea la Consejería de Sanidad el departamento encargado de abrir un expediente informativo sobre las irregularidades detectadas y ha afirmado que esta respuesta es insuficiente.

Según González Revuelta, «es sorprendente que dirija la investigación quien recibió una denuncia de presunta corrupción en febrero y la tapó y quien tras la denuncia de la presidenta del PP dijo que no había nada que investigar». “Eso es como poner al zorro a cuidar las gallinas”, ha añadido y ha advertido de que el PP exigirá nuevas medidas.

CIUDADANOS PEDIRÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SI LAS EXPLICACIONES NO SON SUFICIENTES

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Rubén Gómez, ha anunciado que si la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, y el equipo que dirige, siguen la misma línea «vacía de contenido» en la comparecencia que Cs Cantabria ha solicitado para el Parlamento, pedirán una comisión de investigación “que esclarezca este asunto».

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos

En opinión de Gómez, las razones aportadas hasta el momento «son irrisorias teniendo en cuenta la gravedad del tema que nos ocupa», por lo que «exigiremos que el Gobierno de Cantabria dé la cara y despeje todas las dudas que ahora hay sobre la mesa acerca de cómo se están tramitando los contratos en el marco del SCS».

«La transparencia de las instituciones vuelve una vez más a estar en tela de juicio», ha advertido el portavoz parlamentario de Cs Cantabria, para quien «es una lástima que las formas de gestionar lo público de los partidos pertenecientes a la vieja política no cambien ante una sociedad más crítica y exigente hacia la administración».

Rubén Gómez también ha señalado que Cs Cantabria ha pedido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,»como máximo representante del Ejecutivo regional», que explique qué medidas piensa llevar a cabo para que»todos los interrogantes que ahora planean sobre la tramitación que se lleva a cabo en la Consejería de Sanidad se resuelvan» y ha confiado en que Revilla «anteponga los intereses de todos los cántabros a su pacto con los socialistas» de la comunidad autónoma en el Gobierno.

Por último, Gómez ha insistido en que «uno de los puntos que hay que dejar claro» en torno a las supuestas adjudicaciones a la carta de los contratos del SCS es «si el interventor general cesado, Gabriel Pérez Tenido, tenía conocimiento de estos hechos y si su cese repentino tuvo que ver con la denuncia de estos hechos».

LA DENUNCIA

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, advertía del “desembarco” de asesores externos, vinculados al Servicio Cántabro de Salud, a través del recurso a contratos menores y asistencias técnicas a empresas relacionadas entre sí, sin experiencia previa en trabajar con el SCS.

Sáenz de Buruaga ha hecho públicos estos datos

Sáenz de Buruaga puso como ejemplo de esta tendencia la ampliación de la Unidad de Atención Temprana del Centro de Salud de El Alisal, que pese a que estaba “sin terminar” recibió la certificación del SCS de que estaba correcto y se abonó el pago.

Uno de esos asesores externos tiene un despacho propio en la Gerencia del SCS, desde donde maneja las contrataciones, interviniendo en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos y en la valoración de los contratos.

Desde el segundo semestre de 2015 hasta el cierre de 2017, esta persona ha cobrado del presupuesto de Valdecilla 31.399 euros a través de tres contratos menores bajo el concepto de “otros”. Además, otras dos personas con idéntico apellido, Sáenz de Viteri, han recibido 53.280. Por lo tanto, tres personas con idéntico apellido han recibido en dos años y medio 84.599 euros de la sanidad pública de Cantabria.

También se refería a que el Servicio Cántabro de Salud ha abonado facturas de equipamiento médico para centros de salud y Valdecilla por valor más de 2 millones de euros.

Y cifraban el incremento de los contratos menores en un 187% respecto al último año del Gobierno del PP.

Estas tres empresas han ejecutado obras en Valdecilla y en el edificio del Hospital Virtual, todas con contratos menores, y cobraron 200.000 euros por pintar cuatro centros de salud, cuando esta prestación está incluida en el contrato de mantenimiento de Atención Primaria.

Los contratos sanitarios esta legislatura ya han sido polémicos: desde Sanidad se adjudicó el seguimiento de las obras en Valdecilla a una asesoría ligada al grupo ROMA (adjudicataria habitual de la SODERCAN de Salvador Blanco) que tenían entre sus directivos a un alto cargo de Ferrovial, la adjudicataria del megacontrato de Valdecilla.