La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha informado de que ayer mismo se ha designado a un inspector de la Inspección de Servicios Sanitarios, órgano competente en las inspecciones en el SCS, para la tramitación del expediente informativo sobre las presuntas irregularidades en la contratación en el SCS recogidas en el correo electrónico de la funcionaria Inmaculada Rodríguez y en las declaraciones en los medios de la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Centro de Salud de El Alisal, uno de los sitios en los que se hicieron las obras denunciadas

De esta manera se da cumplimiento a lo decidido en el Consejo de Gobierno del pasado jueves 26 de abril para, de acuerdo con el artículo 33.c) de la Ley 6/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias “ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos”, proceder de forma inmediata al inicio de un procedimiento informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas sobre presuntas irregularidades en el servicio.

La consejera de Sanidad también ha confirmado que ayer mismo se ha recibido en la Consejería la documentación presentada por la la presidenta del PP de Cantabria, que se ha trasladado al instructor del expediente informativo.

Real ha recordado que, tras conocer el email de la funcionaria Inmaculada Rodríguez, ella misma solicitó información al gerente del SCS como máximo responsable del organismo autónomo, del que dependen tanto la jefa de servicio como el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras cuestionado por ella. La información que en aquel momento trasladó el gerente concluyó en que no se había apreciado irregularidad alguna.

Asimismo, ha recalcado que la Consejería de Sanidad “está dando en cada momento una respuesta transparente”, a través de comunicados de prensa y con la apertura de un expediente informativo. Además, ha señalado que se ha remitido puntualmente al Parlamento toda la información y documentación que en cada momento se ha ido solicitando por los diferentes grupos parlamentarios.

También ha destacado que la contratación administrativa del Servicio Cántabro de Salud está sometida al control financiero permanente de la Intervención General y así se recoge en las resoluciones publicadas en el BOC por las que se aprueban los Planes de auditorías del 2016, 2017 y 2018, que incluyen la contratación administrativa de todas las gerencias del SCS.

La titular de Sanidad ha indicado que este control financiero por parte de la Intervención General debería ser bien conocido por la presidenta del PP de Cantabria, dado que el subdirector general de Control Financiero del Gobierno de Cantabria durante estos años 2016, 2017 y hasta febrero de 2018, Rafael Ruiz Gutiérrez, es el actual secretario de Hacienda y Administración pública del Comité Ejecutivo del PP que preside Saénz de Buruaga.

Por todo ello, Real ha reiterado que, tanto si la jefa de servicio Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tienen constancia de la existencia de posibles irregularidades, “lo que deben hacer en primer lugar y de forma inmediata es formalizar una denuncia ante los juzgados competentes y a través de los cauces adecuados, en lugar de sembrar sospechas acerca de la gestión del Servicio Cántabro de Salud mediante correos electrónicos y declaraciones a los medios de comunicación”.

El PP ha planteado la existencia de una red de empresas relacionadas entre sí, con los mismos administradores, entre ellos el hijo del alcalde de Suances, que realizan trabajos por asesoría a través de obras menores y que facturan por trabajos no terminados. Y ha vinculado la investigación sobre ello con el cese del Interventor General.