Manifestantes en tierra. Al fondo el roquedo que quedará sepultado por 50.000 metros cúbicos de relleno, según el proyecto || Foto: Carlos Atienza

Unas doscientas personas y una veintena de barcos se han concentrado este domingo contra los espigones de escollera de La Magdalena y Los Peligros, convocados por la Plataforma Salvar la Magdalena Escolleras Fuera, que rechaza las infraestructuras impulsadas por el Ayuntamiento y ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y advierte de que continuará con las movilizaciones.

En tierra, en el Balneario, para formar una cadena humana que llegaba hasta La Horadada, y por mar, con una manifestación de embarcaciones en la Bahía de Santander que han hecho sonar sus bocinas, mientras los manifestantes de la playa ondeaban camisetas blancas con la inscripción «Fuera escolleras de La Magdalena».

En el plano político, el Parlamento de Cantabria ha instado al Gobierno (PRC-PSOE) a pedir la paralización de la infraestructura, mientras que el Ayuntamiento de Santander ha rechazado la misma moción con el único voto de los concejales del PP apoyados en el tránsfuga de Ciudadanos, David González.

En el último Pleno municipal se abordó el posible conflicto de intereses de la alcaldesa, Gema Igual, porque la empresa de su marido está contratada en las obras por Tragsa, que recibió la encomienda de construcción tras la renuncia de la adjudicataria. Y Santander Sí Puede ha revelado que una segunda empresa contratista pertenece al marido de la concejala popular María Tejerina.

La oposición considera que ambas deberían comunicar a la Corporación este posible conflicto de intereses y abstenerse en las votaciones relacionadas con el proyecto. De esta manera, el PP contaría con sólo 11 (tiene 13 concejales) de los 27 del Pleno y podría quedar en minoría si vuelve a debatirse la solicitud de paralización de las obras.

EL FARADIO ha seguido la concentración desde el June, la embarcación del abogado y escritor, expresidente del Consejo Económico y Social, Javier Gómez Acebo, que presentó la denuncia ante la Fiscalía por un posible delito contra el Medio Ambiente, por la que el Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación.