Pocas sentencias han provocado semejante rechazo a nivel social y político como el del caso de La Manada, que ha condenado a cinco hombres sevillanos por abusar sexualmente de una joven madrileña de 18 años en los San Fermines de Pamplona de 2016.

El hecho de que el tribunal haya condenado a los acusados por abuso sexual y no por agresión (violación), amparándose en que no aprecian violencia e intimidación en la situación o los vídeos que describen en los hechos probados, es lo que más ha afectado a colectivos feministas.

El pasado jueves, centenares de personas salieron en Santander para protestar contra la sentencia al grito de «no es abuso, es una violación».

Miles de personas salieron a la calle el pasado jueves para reclamar que el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal y bucal es una violación y que la desproporción entre el número de agresores y la víctima ya supone una intimidación de por sí sin necesidad de que medie más violencia.

La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) se ha unido a estas protestas y ha mostrado su “más absoluta repulsa” contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra, ya que consideran que “perpetúa la cultura de la violación, evidenciando y justificando en sus formas más extremas, la violencia estructural contra la mujer”.

LIBRES ha puesto el foco en el actual Código Penal, en cuyo artículo 181 se menciona que es abuso y no violación el sexo no consentido “realizado sin violencia o intimidación”; en el que se han amparado los jueces para el veredicto.

“Sólo una justicia patriarcal, que defiende al agresor y no a la víctima, y que a pesar de desbrozar y pormenorizar la violencia ejercida contra esta mujer a lo largo de las 300 páginas de esta sentencia, siendo una narración exacta y terrible de lo que constituye una violación; ha sido capaz de no condenar la agresión sexual, banalizando la misma y conceptualizándola como abuso”, denuncia la Asamblea, que afea la desproporción entre los hechos probados y las conclusiones de los magistrados.

LA ORGANIZACIÓN WOMEN’S LINK PIDE UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA AL JUEZ QUE VIO “JOLGORIO” Y NO SEXO NO CONSENTIDO

La asamblea defiende la “legitimidad” social y organizada para “cuestionar y criticar esta sentencia y denunciar especialmente el voto particular emitido por uno de los magistrados que aboga por la absolución de los acusados, que con ínfulas de neutralidad y pretendida visión imparcial de los hechos, rezuma desprecio hacia las mujeres y sus sentimientos, lo que ha llevado a que la organización Women’s Link presentara este viernes un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo la apertura de una sanción disciplinaria contra este magistrado”.

Este juez, Ricardo González, insistió en su voto particular que no apreciaba en los vídeos signos de que la víctima rechazara la agresión, rechazando que el mantenerse pasiva o en shock no significaba que fuera no consentido, e insiste en que se trata de un ambiente de “jolgorio”.

El hecho de que se ponga el acento en que la víctima no se resistió “suficiente”, también ha levantado las críticas, donde LIBRES ve “toda una tradición milenaria de machismo y patriarcado” que se concreta en “la exigencia a la víctima de haber defendido su virtud, aún a riesgo de poner en riesgo su integridad física e incluso su propia vida”.

“La consecuencia de ello es que será la víctima de una agresión sexual quien tenga la pesada carga de probar en el procedimiento que ha cumplido con tan heroica exigencia, porque de lo contrario su conducta no se tipifica como violación sino como abuso, como ha sucedido este caso”, lamentan.

PIDEN QUE CUALQUIER ACCESO CARNAL SIN CONSENTIMIENTO SEA CONSIDERADO VIOLACIÓN

También apuntan a la “inseguridad” que esta sentencia crea “en millones de mujeres”, porque “la libertad sexual de las mujeres es un bien jurídico y social a proteger”. “Urge una profunda modificación normativa, especialmente del Código Penal, que elimine el requisito de la concurrencia de violencia o intimidación y reconozca que todo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, sin consentimiento es violación y punto”, reclaman.

Consideran también urgente la reforma de los poderes del Estado, “especialmente y profundamente los judiciales”; y exigen la inhabilitación de los magistrados artífices de esta sentencia, “que han mostrado una ausencia absoluta de empatía y desprecio con la violencia estructural que sufrimos las mujeres”, ya que insisten en que en este caso han juzgado “el comportamiento de la víctima y no de los agresores”.

PODEMOS, PSOE, PRC Y CARRANCIO FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA LA SENTENCIA

Podemos, PSOE, PRC y Carrancio en la lectura del manifiesto.

En el plano político también ha habido multitud de críticas, a las que incluso se ha unido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien diferentes asociaciones de jueces han pedido su dimisión.

En Cantabria, la totalidad de los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE, PRC y el tránsfuga de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, se han adherido al manifiesto promovido por la diputada de la formación morada, Verónica Ordóñez contra la sentencia de ’La manada’ emitida por de la Audiencia Provincial de Navarra, y que recoge, entre otros aspectos, su solidaridad con la víctima.

Antes de proceder a su lectura, esta tarde en el Parlamento, Verónica Ordóñez ha explicado que  el documento  surgió con la idea de ser una declaración institucional, pero la falta de apoyo por parte de los diputados y diputadas del Partido Popular y Ciudadanos obligó a modificar el formato y transformarlo finalmente en un manifiesto.

A través del mismo, los firmantes se suman al clamor popular contra la decisión dada a conocer el pasado jueves y se insta al Gobierno del Estado y al Congreso a aprobar, si fuese necesario, una modificación del Código Penal y de las normas de enjuiciamiento encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres.

Igualmente, los firmantes reafirman su compromiso de continuar trabajando desde su representación parlamentaria y en colaboración con el tejido asociativo, los grupos feministas, y la ciudadanía en general a favor de la equidad y en defensa de los derechos de las mujeres, y para la erradicación de las desigualdades y los distintos tipos de violencia sufridos por las mismas.

Los parlamentarios reivindican el derecho de las mujeres a su plena libertad y recuerdan que la Comunidad Autónoma de Cantabria no va a tolerar ningún tipo de agresión sexista ni de otra naturaleza contra ninguna mujer, así como el apoyo  de todas las movilizaciones y acciones que se convoquen en apoyo a la víctima y de rechazo al fallo de la sentencia.

Solo el Partido Popular y el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, no se han sumado al manifiesto. Los populares, a través de su portavoz, Eduardo Van den Eynde, han defendido que “una institución como el legislativo no debe pronunciarse en ningún caso sobre sentencias del poder judicial”, ya que lo considera una “injerencia que no tiene sentido porque no conocemos todos los datos” del caso.