Dos jovenes bajan de la bici para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de los pensionistas. || Foto: Agustín Arriola

La Coordinadora Cántabra de Pensionistas se ha manifestado este sábado por las calles de Santander para expresar la insuficiencia de las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado – con el apoyo del PNV- y han vuelto a llamar a los jóvenes a una lucha que les incumbe.

«Joven, escucha, también esta es tu lucha», se ha gritado en una convocatoria que ha movilizado a cerca de 2.000 personas en las calles de Santander, entre la Plaza de Numancia y los Jardines de Pereda, con el lema ¡Por las pensiones de hoy! ¡Por las pensiones de mañana!, en una convocatoria estatal con el hashtag #5MayoYoVoy.

Se han escuchado mensajes de «ni un paso atrás»; «no falta dinero son unos ladrones» o «Mariano Corleone nos roba las pensiones».

En un reciente comunicado la Coordinadora de Pensionistas, tras realizar un análisis del acuerdo del PNV y PP sobre las pensiones, reivindican la presión ejercida mediante las numerosas protestas realizadas por los pensionistas desde que en el pasado mes de febrero comenzaran a movilizarse.

Pero destacan que el acuerdo no recoge la mayor parte de las medidas solicitadas por la plataforma por lo que lo consideran claramente insuficiente.

La subida planteada para el presente año de un 1’6 %, en base al IPC  y el incremento proporcional hasta 2023 de la pensión de viudedad no suponen, según afirma la Coordinadora, una mejora del sistema.

El problema de la sostenibilidad tan sólo queda aplazado al no derogarse la ley de 2013 por lo que este acuerdo supone un parche en lugar de una solución y a partir de 2020 las subidas retornarían al 0’25%, algo que no se da en ningún otro país de Europa.

Respecto a las pensiones de viudedad denuncian que el acuerdo no equilibra lo perdido durante estos años, con la subida de este año quedarían tres puntos por debajo de lo que les debiera corresponder.

Las reclamaciones de la Coordinadora de pensionistas son la sostenibilidad real del sistema público, la revalorización según el IPC de todas las pensiones recuperando lo perdido desde 2011, el establecimiento en 1080 euros la pensión mínima como dicta la Carta Social Europea (en base a dicho documento el Tribunal de Estrasburgo aceptó estudiar el caso tras la denuncia de un pensionista español).

También el establecimiento de medidas que reduzcan la brecha de género (especialmente elevada en el caso de las pensionistas), garantizar la Seguridad Social incluyendo una partida en los Presupuestos Generales del Estado con reformas del sistema que garanticen su sostenibilidad y la inclusión del derecho a una pensión digna en la Constitución Española.

Foto: Agustín Arriola