En el pleno del Parlamento de Cantabria ha vuelto a llevar el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de servicios del Servicio Cántabro de Salud (SCS), denunciadas por la Jefa de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez, hechas públicas por el Partido Popular y denunciadas ante la Fiscalía por Izquierda Unida.

En esta ocasión, tanto Ciudadanos como Podemos han preguntado en el pleno al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, y a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quienes han defendido el procedimiento seguido para investigar estas irregularidades.

Miguel Ángel Revilla, ante el Parlamento de Cantabria.

El presidente ha defendido que la actuación del Ejecutivo ha sido “impecable, con una minuciosidad exquisita y conforme a la ley”. Lo ha hecho ante las preguntas del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, que ha asegurado sentirse “decepcionado” ante su “tibieza”; a lo que Revilla le ha respondido que “es la diferencia entre estar en un Gobierno y no en un grupo de amigos”.

Revilla también ha criticado que el Partido Popular, “ante lo que ha denunciado”, no haya acudido a los tribunales. “Chapó por Izquierda Unida que lo ha hecho”, ha exclamado, asegurando que ellos se han basado en “lo que exige la ley”.

Asimismo, Revilla ha asegurado que los diputados del PRC apoyarán la creación de una comisión de investigación que proponga Ciudadanos.

El presidente también ha defendido “el derecho a denunciar si considera que han faltado a su honor” por parte del subdirector de Gestión Económica e Infraestructura, Javier González, que ha anunciado medidas judiciales contra la denunciado por “injurias y calumnias”. La denunciante, Inmaculada Rodríguez, está de baja desde el momento en que denunció las irregularidades, a finales del mes de marzo.

PODEMOS ACUSA A LA CONSEJERÍA DE DEMORAR LA INVESTIGACIÓN

También Podemos ha llevado el caso al pleno, para formular dos preguntas a la responsable de Sanidad, María Luisa Real. El diputado Alberto Bolado ha acusado a la Consejería de Sanidad de haber demorado la investigación del Servicio Cántabro de Salud. “Usted tiene noticia de las irregularidades en el servicio de contratación desde hace más de dos meses y, si atendemos a las noticias de la prensa, no hubiera hecho nada de nada de no haber salido la luz el correo electrónico que le remitió la funcionaria”, le ha acusado.

María Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

“Un gobernante diligente hubiera venido al Parlamento a contar lo sucedido, a informar sobre la apertura de un expediente informativo, poniendo además toda la documentación en manos de la intervención general para que fuese auditada, incluso en conocimiento de la Fiscalía”, ha explicado el diputado, que ha enumerado las irregularidades registradas en la Consejería de Sanidad en los últimos meses y en todos los casos, desde el escándalo del currículo de la directora del Observatorio de Salud hasta las incompatibilidades del gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, “nunca ha pasado nada, una inacción que se ha convertido ya en la marca de la forma de actuar de este Gobierno”.

Ante este cúmulo de irregularidades, desde Podemos se ha instado a la consejera a llevar este asunto a la intervención general para auditar los contratos y en caso de que sea necesario acudir a la Fiscalía: “Hay hilo del que tirar y usted es quien tiene la principal responsabilidad y cuenta con los medios para poder hacerlo”, ha indicado Bolado.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha insistido en que la gestión del SCS ha estado “auditada” durante años por el Interventor General, y que la última consta de mayo de 2017, firmada por el cesado Gabriel Pérez –cuya cesión Buruaga vinculó con las irregularidades-.

“Este informe de intervención dice que existe absoluta normalidad administrativa en los procedimientos de contratación”, asegura Real sobre las conclusiones del informe, que insiste en que si demostrara irregularidades sería “realmente sorprendente” que no se hubiera continuado auditando los “contratos sospechosos”, ya que “la Intervención no estaba muy ocupada auditando el contrato público-privado de Valdecilla, que tres años después no se ha iniciado”, ha denunciado.