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La mayoría del Parlamento de Cantabria, con una diferencia de 18 votos a favor y 17 en contra –de los partidos del Gobierno- ha aprobado este lunes en el Parlamento una moción presentada por Podemos para que la redacción de los pliegos que licitarán el servicio de ayuda a domicilio del sector de la dependencia incluyan las peticiones que, de manera reiterada, han realizado las trabajadoras de la dependencia al Gobierno de Cantabria y que tienen que ver con las condiciones de trabajo que las precarizan y afectan al servicio que se presta a los dependientes de Cantabria.

Las trabajadoras, un grupo de las cuales ha asistido al pleno de este lunes, han incidido durante varios meses en las precarias condiciones que viven en el sector de la ayuda a domicilio, solicitando que se tengan en cuenta los riesgos y las condiciones de su labor.

Por ello piden que se incluya un plus de penalidad, para tener en cuenta las situaciones en las que se ven sometidas a agresiones, así como la creación de un protocolo de riesgos biológicos y por violencia.

También solicitan que se fije un techo económico al precio/ hora que garantice la calidad de la prestación del servicio, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo. “Así evitaríamos las licitaciones a la baja que es lo que provoca que no se cumplan los pliegos de licitación, en que no se abonen los salarios, en que no se abonen los gastos de desplazamiento, en que no tengamos ropa de trabajo y EPIs reglamentarios, en que los domicilios carezcan de dotación de medios mecánicos que faciliten nuestra labor”.

Las trabajadoras de la dependencia también piden que se les reconozca como tiempo de trabajo el traslado al mismo, ya en el medio rural, algunas de ellas hacen hasta 60 kms diarios para trasladarse, cargando con el coste de carburante y mantenimiento de vehículos.

También piden que los pliegos fijen un techo económico que garantice una calidad en su trabajo, además de que se incluya un plazo para que la empresa entregue a la Administración un calendario. Hasta ahora, ha denunciado la diputada podemita, Verónica Ordóñez, las actuales condiciones les “obliga a estar pendientes del teléfono” al no tener un horario cerrado con antelación.

Asimismo, y como medida especial, piden que se “priorice aquellas empresas que no estén o hayan estado incursas en procedimiento judiciales por incumplir la legislación laboral y la Seguridad Social”.

En los últimos años, estas empresas han ido empeorando progresivamente las condiciones laborales de sus empleadas, despidiendo en algunos casos a las representantes sindicales. “ERES tras ERE han quitado de en medio a las que han podido y han metido a trabajadoras precarizadas”, ha denunciado Ordóñez, que insiste en que a las nuevas empleada “se les obliga a aceptar condiciones laborales indignas”.

Por último, las condiciones que exigen que se incluyan en los pliegos también consisten en añadir ayudas de material mecánico, camas articuladas y grúas, para movilizar a los pacientes. En el caso de las trabajadoras a domicilio, ese trabajo deben hacerlo solas y a mano con el perjuicio para su salud que supone. “No cabe en la cabeza pedirle al trabajador de una clínica privada que lo haga solo o sin máquinas pero ellas deben hacerlo”, ha lamentado Ordóñez.

“SOLO HAN BUSCADO EL AHORRO DE UNOS Y EL ENRIQUECIMIENTO DE OTROS”

Podemos, que ha llevado al pleno esta cuestión, considera que “es inadmisible que estas mujeres vivan y trabajen en las condiciones en las que lo han venido haciendo hasta ahora, siendo subrogadas cada tres años a empresas multiservicio a las que poco les importa la calidad asistencial ni los derechos laborales”.

Verónica Ordóñez ha señalado que estos pliegos de licitación del servicio de atención a la dependencia, tanto los de 2015 como los de 2011, “sólo han buscado el ahorro de unos y el enriquecimiento de otros, y en ningún caso buscaban el mejor de los servicios para las personas dependientes y, mucho menos, la garantía de cumplimiento de todos los derechos de las trabajadoras”.

Ahora piden que la Administración realice “inspecciones periódicas” con el fin de “verificar que se cumplen efectivamente la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales”.

FALTA DE CONVENIO COLECTIVO

La iniciativa ha sido aprobada por los votos de Podemos, Partido Popular, Ciudadanos y el diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio. Solo el Partido Socialista –que había presentado una transaccional- y el Partido Regionalista han votado en contra.

Desde el PRC se han excusado en que cualquier cambio debe ser “de acuerdo a la ley”, y que la moción no incluía esa condición, al tiempo que también han matizado que no todas las condiciones requeridas son aceptables en este aspecto. Ordóñez ha afeado a los partidos del Gobierno que no hayan sido claros con las trabajadoras para contarles cuáles de sus peticiones no son admisibles.

Esto se debe, según la portavoz del PSOE, Silvia Abascal, que estas trabajadoras “no tienen un convenio colectivo específico”, por lo que “existe una deficiente adecuación de la normal laboral de este servicio”, por lo que carece de un “marco jurídico propio”. Por ello, los socialistas defienden que debería negociarse un convenio colectivo entre las empresas y los sindicatos.

Sobre los sindicatos, Verónica Ordóñez ha afeado al Gobierno de Cantabria que haya ‘dado la espalda’ a 13 de las 25 representantes de las trabajadoras de este sector, diez de las cuales son independientes de cualquier sindicatos y otras tres pertenecen a USO “con quienes llevan más de un año sin reunirse”. “¿Con quién están negociando ustedes los pliegues? Porque con la mayoría de los representantes de las trabajadoras, no”, ha achacado.

LA CÁMARA PIDE UNA PARTIDA FINALISTA PARA DEPENDENCIA EN LOS PGE

En materia de dependencia, el pleno ha aprobado una iniciativa del PRC que vuelve a estar dirigida a una petición de una partida en los próximo Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La propuesta la han apoyado los partidos del Gobierno, PRC y PSOE, Podemos y Carrancio. Ciudadanos, que se ha abstenido, ha vuelto a instarle a Revilla a conseguir un diputado nacional para poder hablar de medidas y propuestas que deban hacerse en el Congreso de los Diputados.

La moción solicita al Gobierno de Mariano Rajoy a “revertir” los recortes con las reformas de ley desde 2011 y “paliar” el carácter “antisocial” de los PGE, que no ofrecen ninguna “garantía” de que Cantabria vaya a recibir la cuantía prometida, de 208 millones.

Para el Partido Popular, esta petición forma parte de una “estrategia de confrontación” contra el Estado que sigue en la línea de “la matraca del España nos roba”. De hecho, la diputada Isabel Urrutia ha defendido la actuación del Gobierno central y la ha comparado a la del Ejecutivo de Zapatero. Por ello, ha instado al Gobierno de Cantabria a que “se ponga a trabajar” en vez de tratar de “tapar su falta de gestión”.

SE HA APROBADO LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA MUJER

El pleno de este jueves ha comenzado con la aprobación, por unanimidad, de la Ley de creación del Consejo de la Mujer. Cantabria recupera así este órgano de participación, después de que sea suprimido por el anterior Gobierno del Partido Popular, junto con el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de la Juventud.

A este texto que se ha llevado al Parlamento se han incorporado enmiendas del PP y de Podemos y se han rechazado algunas otras por falta de apoyo parlamentario.

Entre las enmiendas aprobadas, Podemos ha conseguido ampliar el número de representantes sindicales que pueden ser miembros de la entidad, eliminando de este modo la obligación de tener que estar integrado en una confederación de federaciones sindicales y que dejaba fuera a la mayoría de los sindicatos de Cantabria.

También será obligatorio que las personas representantes de la Administración que conformen los órganos del Consejo deberán tener formación específica en materia de igualdad, perspectiva de género y lenguaje inclusivo. Por último, se remitirá anualmente un informe al Parlamento sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de la Mujer, así como sobre los requerimientos de participación, consultas y remisión de informes llevadas a cabo por las administraciones públicas, como las conclusiones alcanzadas en cada caso.

Solo una de las enmiendas de Podemos se ha rechazado, que es la que pedía que este órgano funcionara como mecanismo de control de las subvenciones de la administración. La diputada Verónica Ordóñez ha lamentado que no se haya incorporado esta enmienda, cuya finalidad no era otra que realizar un control de los objetivos, justificación y evaluación en materia de igualdad que plantean conseguir las ayudas y evitar casos como el del promotor de boxeo, que cobró una subvención de igualdad para un acto en el que se publicitaban clubs de alterne.

Otra de las propuestas del Partido Popular que se ha rechazado pedía que las asociaciones de hombres “que trabajan por la igualdad” fueran admitidas “no como miembros” si no que participaran como “observadores”.

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, ha añadido que las 110 asociaciones de mujeres que hay en Cantabria podrán optar a participar en este órgano, para buscar un estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización de la democracia.