El Gobierno de Cantabria no ha recuperado el número de tutelas que ofrecía a menores en los años previos a la crisis económica.

Eso se puede extraer de los pocos datos que la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, ha ofrecido en una Comisión especial de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social que ha tenido lugar en el Parlamento de Cantabria, donde la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha registrado una serie de preguntas sobre la acogida y tutela de menores que asegura que están pendientes de respuesta desde el pasado mes de noviembre.

Tal y como ha explicado Tezanos, desde 2010 a 2012, 593 menores fueron tutelados en Cantabria. De ellos, 194 corresponden a 2010, 184 a 2011 y 215, el número máximo, en 2012.

Tras las medidas de ajuste realizadas por el Gobierno, ese número se ha reducido en los últimos años hasta 2016 –último periodo del que han ofrecido datos-.

En los últimos cuatro años el Ejecutivo no ha recuperado esa tendencia y de 2012 a 2016 se acogieron a 455 menores. De ellos, en 2013 se tutelaron a 120, en 2014 a 112, en 2015 a 108 y, finalmente, en 2016 a 115.

NO HAY DATOS DE LOS MENORES EXTRANJEROS EN TUTELA

Samuel «K», el menor por quien ha surgido la preocupación por los migrantes no acompañados.

En su intervención, la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, no ha aclarado cuáles de esos menores son MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados).

Tezanos ha dado estos datos, tras remitir en varias ocasiones a la web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Finalmente ha admitido que “algunos de los datos” que requería la diputada “no están elaborados” o “no son relevantes”. “Los técnicos de la Consejería trabajan con los datos que tienen”, ha defendido la vicepresidenta.

PODEMOS CRITICA LA “OPACIDAD” DEL GOBIERNO

La diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha lamentado la “opacidad” del Gobierno de Cantabria en materia de infancia a la hora de transmitir información sobre los menores tutelados en la Comunidad.

Según ha manifestado, la página web a la que ha remitido en varias ocasiones la vicepresidenta tiene “información incompleta”, lo que en su opinión dice “muy poco de la calidad del trabajo que hacen en un ámbito tan sumamente sensible como el de la infancia”.

Ordóñez también ha criticado que la Consejería carezca de sistemas informáticos para poder comparar datos, otro de los argumentos esgrimidos esta mañana por la consejera en la Comisión.

“La falta de rigor a la hora de desarrollar un trabajo con menores nos preocupa”, ha señalado Ordóñez. “No entendemos cómo se pueden planificar, desarrollar y evaluar  políticas en materia de infancia si no disponen de datos concretos sobre cada uno de los casos”.

EL CASO DE SAMUEL

El pasado año la situación y el protocolo de actuación con respecto a los MENAS saltó a la actualidad por la situación de Samuel, el nombre ficticio de un joven camerunés que, en abril de 2015, siendo menor de edad, fue puesto a disposición del Servicio de Menores del Gobierno.

El joven logró el permiso de residencia en abril de 2017, tras una larga disputa con las administraciones cántabra y española, que llevó al archivo en dos ocasiones de la orden de expulsión.

El caso Samuel destapó las “divergencias” de criterio entre, por una parte la Fiscalía de Menores y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y, por otra, la Abogacía del Estado, en la atención a menores extranjeros no acompañados (MENAS).

El joven logró hasta en dos ocasiones el archivo de su expulsión, decretada por la Fiscalía de Menores y rechazada por la Abogacía del Estado y también ganó en los tribunales a los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria en su reclamación de la tutela administrativa, que le correspondía por ley y que el ICASS no le concedió con varias resoluciones encaminadas, por el contrario, a su expulsión.

En aquel entonces, el  ICASS ocultó inicialmente a la Fiscalía la existencia del documento que constaba que tenía 15 años en el momento en que llegó a Cantabria, lo que llevó al Fiscal de Menores a pedir una prueba de determinación de la edad (que da como resultado 18 años o más) y al decreto de expulsión, “apareciendo posteriormente documentos –enviados más tarde por el ICASS – según los cuales podrían ser menores”.

Las pruebas de edad están ampliamente rechazadas por Instituciones internacionales (el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en España), el Defensor del Pueblo, organizaciones en defensa de los derechos de la infancia y el Tribunal Supremo, que en varias sentencias que cuestionan esta práctica porque no protege el interés superior del menor y están limitadas a los supuestos en que no haya documentación o se impugne la validez de los documentos.