El juicio sobre el Congreso del PP de marzo de 2017 se celebra en el Juzgado Número 3 de Instrucción de Santander || Foto: Oscar Allende

El resultado del juicio por el último Congreso del Partido Popular cántabro, en el que salió elegida María José Sáenz de Buruaga frente a Ignacio Diego, dependerá en buena parte de si se considera legal la forma en que se uso el pago de las cuotas por terceros.

Este sistema, el pago por terceros, es el que ha estado en el foco del debate entre las partes, y no tanto por su legalidad, que nadie cuestiona, sino por la legalidad de su uso. El matiz es importante porque, como diría Alejandro Sanz, No es lo mismo.

El principal punto en que se materializa es en el ya famoso pago de cuotas por un militante de Laredo, desde cuya cuenta se pagaron las cuotas de alrededor de 500 militantes (estar al día de cuotas en el último ejercicio, es decir, la última cuota porque el pago es anual, es necesario para poder participar en los Congresos). La dirección del PP ya ha explicado en alguna ocasión que es normal pagarle las cuotas a quienes no pueden o no lo tienen domiciliado y le entregan el dinero a otro.

La novedad este año fue que en Laredo esto se hizo a través de una cuenta creada específicamente para centralizar estos pagos, que fueron a más localidades que en Laredo y en donde se hicieron pagos telemáticos.

Ese método, cuya legalidad ha defendido en el juicio celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander la gerente del PP, Jesusa Sánchez, ha sido calificado por los denunciantes (por un lado, Santiago Recio y una concejala de Valdáliga, y por otra, un grupo de militantes de Laredo) como una «pantalla» con la que esconder otros pagos, ya que sostienen que el dinero en realidad procedía de las arcas del propio partido e incluso se falsificaron las firmas.

La gerente del PP, en una extensa declaración, ha explicado que de hecho los denunciantes también recurrieron a esa fórmula del pago a terceros –usada en total por 1.300 personas–, pagando hasta 50 cuotas así.

Para argumentar ese «no es lo mismo» han declarado como testigos responsables del PP en distintas juntas vecinales, como Mercedes Toribio (Los Corrales de Buelna) o militantes de Castro y Cabezón de la Sal que apoyaron a Ignacio Diego. Tal y como relataron, utilizaron el pago por terceros, en  menores proporciones, y con previa autorización por escrito de los beneficiarios.

-DESDE DÓNDE SE HICIERON LOS PAGOS

Las acusaciones han incidido en el rastro del orden de los pagos de Laredo, desde IPs –la identificación de un ordenador– en la propia sede del PP cántabro o incluso en la nacional, además de las ya publicadas por parte de personas próximas a la presidenta Sáenz de Buruaga.

Pero según la gerente del Partido,  «lo relevante» es «quién y desde qué cuenta» hacen los pagos, negando así que fuera importante que los pagos se hicieran desde la sede del PP, explicando que lo que consta es la IP, la dirección del ordenador, o el acceso desde la Wi Fi interna. Y ha puesto como ejemplo si ella comprara un libro desde un ordenador de la sede, pero pagándolo ella.

-LA SITUACIÓN DEL MILITANTE DE LAREDO

En el juicio también ha declarado como testigo el militante desde cuya cuenta se hicieron los pagos de las cuotas de unos 500 militantes, pero su declaración ha sido a puerta cerrada –posibilidad normalmente reservada en juicios para menores de edad o personas con discapacidad–, a petición del PP ante la situación de «acoso» sufrida por este desde «determinados medios de comunicación y la parte demandante», según han trasladado los Servicios Jurídicos del partido posteriormente.

Se ha hablado mucho de que el militante desde cuya cuenta se hicieron los pagos es una persona con discapacidad. La gerente del PP asegura que lo desconocía.

Y si bien la declaración ha sido a puerta cerrada, las partes se han referido a ella en sus conclusiones finales: mientras que los denunciantes hablan de su «vulnerabilidad» y de que es alguien a quien se puede intimidar fácil, la defensa del partido ha señalado que es una persona totalmente independiente, que vive sólo y paga el alquiler de su vivienda.

 -OTRAS CUESTIONES: LOS COMPROMISARIOS

Uno de los testigos (el equivalente a delegados en el Congreso), explicaba cómo se le rechazó como compromisario, cuando entendía que era «inherente» (lo que se llama nato) por ser miembro de la dirección y portavoz en su municipio, Medio Cudeyo.

La negativa se hizo en un acta de la que no tuvo conocimiento en su momento, ha añadido. Y ha declarado que en la previa del Congreso se metieron «con calzador» tres compromisarios.

Después, la gerente del PP, Jesusa Sánchez, ha negado la condición de compromisario nato de este testigo (asegura que en la dirección no tenían constancia de que fuera portavoz, pero ha recalcado que después pudo serlo).

Otro de los compromisarios, que llegó a denunciar los hechos en Comisaría ese mismo día del Congreso, ha contado cómo se permitió el voto a personas que se estaban apuntando «a mano» en las listas. Hechos que planteó al Comité de Derechos y Garantías del partido.

En el juicio estaban Santiago Recio, en su calidad de ser uno de los denunciantes, junto a un grupo de militantes de Laredo, y entre el público el exconsejero de Educación con Diego, Miguel Ángel Serna.

ALBALÁ SEÑALA A LA PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR POR IMPEDIRLE INFORMACIÓN

El diputado Luis Carlos Albalá formaba parte de la Comisión Organizadora del Congreso, presidida por la gerente, a la que este ha señalado como quien le negó la revisión de los votos tras detectar el tema de los pagos masivos desde una única cuenta, sin que se le permitiera ver «ni un sólo papel».

La gerente ha respondido después que esa denuncia fue bastante genérica, y niega incluso que fueran irregularidades, así como que ella cometiera algún tipo de «obstrucción».

VISTO PARA SENTENCIA

El juicio se ha celebrado con mucha expectación mediática, y entre los asistentes se encontraba el exconsejero de Educación con Ignacio Diego, Miguel Ángel Serna (el alto cargo de su consejería, Joaquín Solanas, fue el portavoz de Lealtad Popular, como se denomina la corriente crítica, y hoy está afiliado a Ciudadanos).

Lo que se pide es la anulación del Congreso en el que gano Sáenz de Buruaga por una diferencia de votos frente a quien durante años hizo tándem en Gobierno y Partido, Ignacio Diego –quien ganó en la primera fase del Congreso, una suerte de primarias directas aunque reducidas–, apelando a cuestiones como la protección de datos, si bien al ser primera instancia lo que dicte la sentencia podrá ser recurrido por cualquiera de las partes: por los denunciantes si no se anula el Congreso, y por el PP si así se hace.