El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, con el apoyo de todos los partidos menos de Podemos, que se ha abstenido, una moción del Partido Popular para que se pida al Gobierno que encargue a la Intervención General una auditoría sobre la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) de los años 2016 y 2017.

La abstención de Podemos ha derivado de no haberse aceptado su enmienda para que dicha auditoría incluya a todos los organismos de capacidad de contratación y abarque desde el año 2011 para investigar también los contratos de la etapa de Gobierno del PP. La enmienda también pedía que se facilitara a la Fiscalía todos los contratos que sean subjetivos de ser acusados de irregularidad.

El contrato afecta a los centros de salud

La polémica del SCS comenzó el pasado 8 de febrero, cuando la jefa de Contratación envió un email a la Consejería de Sanidad para alertar de estas presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud, así como que su departamento se había “llenado” de gestores “externos” para aprobar una serie de contratos y pagos por obras o servicios aún no concretadas.

La denuncia de esta alta funcionaria del Gobierno, apuntaba a una red de empresas relacionadas entre sí, una de ellas vinculada al hijo del alcalde socialista de Suances, que reciben asistencias técnicas vía contrato menor, lo que implica adjudicación directa.

Pero, según denuncia el PP y niega el Gobierno, el tema no se movió “del cajón” hasta finales de abril, cuando saltó a los medios de comunicación y lo denunció la presidenta popular, Mª José Sáenz de Buruaga, a la opinión pública. El Ejecutivo asegura que pidió explicación al gerente del SCS, quien no apreció nada irregular.

Posteriormente, y mientras el presidente anunciaba investigación interna, Izquierda Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía -a la que luego se sumó otra del PP- por posibles irregularidades que, por su gravedad, podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados en los artículos 404, 428 y 432 del Código Penal, así como usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal”.

“El SCS y su gestión no pueden seguir por más tiempo bajo sospecha”, ha reclamado el portavoz del PP, Iñigo Fernández, que ha asegurado que ya “se ha pasado el tiempo” de «ocultar y tapar». Fernández ha instado a actuar cuando antes porque “los responsables de estas irregularidades siguen al frente de la Consejería” lo que provoca “alarma social”.

Una alama social que ha negado el PSOE, responsable de la cartera de Sanidad, que apunta más bien a una “particular caza de brujas”, por lo que proponen “ampliar el espectro y que sean auditados los contratos desde el año 2012”, cuando Buruaga era consejera de Sanidad.

“Desde la dirección del SCS se ha demostrado que esas presuntas irregularidades ya existían y eran comunes en los tiempos de gestión del PP”, ha insistido Víctor Casal, que ha lamentado también que Podemos quitara su solicitud de intervención de la funcionaria denunciante en la Comisión de Investigación que ha abierto la Cámara y que, según su opinión, dará lugar a una “comisión parcial”, aunque desde la formación morada insisten en que sería «poner el foco sobre la denunciante».

Desde el PRC también han apoyado la idea de que los contratos de la época del PP también sean investigados y ha acusado a los populares de “creer en la ley del embudo” y de “poner el ventilador” del fango sobre este asunto con el fin de perjudicar a Revilla. “Que la Intervención investigue sus propios contratos”, ha insistido Rosa Valdés, ha remarcado que los dirigentes del SCS aseguraron que son “iguales” a los de esta etapa, no “irregulares o ilegales”.

Por su parte, Iñigo Fernández ha remachado que estos contratos “ya se han investigado y han pasado por el control de la intervención y del Tribunal de Cuentas”, y que “no hablamos de extender toda la sospecha hasta el principio de los tiempos con el fin de tapar lo sucio”, aunque apoya “que investiguen lo que quieran” porque “nada se lo impide al Gobierno”.

“El objetivo es desbloquear la investigación que pedimos”, ha recordado el portavoz popular, ya que “la denuncia de la funcionaria es hoy sobre los que están gestionando hoy la sanidad en Cantabria”, y que “siguen gestionando 800 millones de euros al año”.

SOTA INSISTE EN QUE CESÓ AL INTERVENTOR PORQUE “TENGO COMPETENCIA PARA ELLO”

El Partido Popular relaciona a este caso también el cese del anterior interventor general del Gobierno, Gabriel Pérez, que se produjo ocho días después de que la jefa de Contratación mandara el primer email avisando de las irregularidades.

En preguntas dirigidas al consejero de Economía, el portavoz popular, Iñigo Fernández, ha preguntado los motivos de su cese, al igual que el del Subdirector general de control financiero, y la reorganización de las funciones de ambos órganos.

El consejero de Economía, Juan José Sota, ha asegurado que el interventor general fue cesado “porque tengo competencia para ello, igual que ustedes cesaron a la anterior interventora y todos los altos cargos”, y que se debe a una decisión de “enfocar nuevos trabajos con un nuevo equipo”.

“Lo hace 8 días después de recibir ese correo en la Consejería aunque ha tenido tres años para hacerlo”, se ha extrañado Fernández, que ha preguntado qué día tuvo él conocimiento de la denuncia a la consejera de Sanidad. Sota no ha respondido a esa pregunta sino que ha asegurado que es “lamentable y gravísimo”, insinuar que la intervención “no era ajena” a estas denuncias cuando la auditoría de 2017 reflejaba “absoluta normalidad” en las contrataciones.

También ha apuntado a que el anterior Subdirector General de control financiero es un funcionario miembro del PP, a quién él nombró y posteriormente cesó porque le parece “muy grave” que “la señora Buruaga tuviera constancia de algo que yo no”.