Cantabria es la cuarta comunidad autónoma que menos MENAs (menores extranjeros no acompañados) acoge.

Datos de Cantabria en el informe de Save The Children

En concreto, el porcentaje de MENAS en Cantabria es de un 0,48%, sólo por debajo de La Rioja (0,02%), Extremadura (0,14%), Navarra (0,44%) y a escasa distancia de comunidades como Aragón (0,67%) o Castilla-León (0,72%).

Así se desprende de datos recopilados por la ONG Save The Children en su informe ‘Los más solos’, con cifras extraídas del Ministerio del Interior.

En concreto (cifras de 2017) cuenta con 31 menores extranjeros no acompañados. Ninguna de ellas es niña, en una situación que sólo se produce en Cantabria.

Pese a ser la cuarta comunidad autónoma con menos porcentaje de menores atendidos, el aumento sí es significativo, un 93,75%, tras años en los que eran 16 (2014), 8 (2015) y 16 (2016).

DÍAZ TEZANOS ASEGURÓ QUE NO HABÍA DATOS

Paradójicamente, la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social rechazó recientemente detallar al dato concreto de los MENAs que hay en Cantabria, asegurando la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos que “algunos de los datos” que se le pedían “no están elaborados” o “no son relevantes” y remitiendo a la web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Fue el pasado 15 de mayo, en una comisión en el Parlamento de Cantabria en la que Podemos le requería información sobre los menores tutelados por los servicios sociales de la comunidad autónoma, pidiéndole expresamente la diputada Verónica Ordóñez datos sobre los MENAs.

EN EL RESTO DE ESPAÑA

En 2017, 28.349 personas de otros países han entrado al territorio español, son sólo 1.369 personas menos que a Grecia.

Se estima que el 14% de las personas migrantes llegadas por mar o por tierra eran menores de edad, aunque se desconoce la cifra de los que lo hicieron sin acompañamiento de un adulto. En 2017, crecieron en un 60%.

Las zonas que más acogen son Andalucía (34,44%), Melilla (14,3%), Cataluña (12,55%), el País Vasco (10,48%) y Madrid (7,45%).

Numéricamente, la comunidad con más MENAs es Andalucía, con 2.209, y el mayor crecimiento se da en Baleares, con un 400%, si bien se destaca también la situación en el País Vasco donde se ha duplicado la llegada, en lo que se justifica en la calidad de la atención que reciben.

La estadística recoge los menores extranjeros tutelados por la Administración, ante la dificultad de obtener el dato de los que entran solos o los que se escapan o no están atendidos por los servicios de protección al menor.

LOS MÁS DÉBILES

Un MENA (Menor Extranjero No Acompañado) es un extranjero menor de 18 años que llega al territorio español sin estar acompañado de adultos o familiares y que en España, denuncoia Save The Children, están condenados a la “expulsión”.

El sistema de acogida aboca a los MENAs a situaciones de exclusión cuando se hacen mayores de edad (Foto: Save The Children)

Pueden haber iniciado el viaje con su familia y que haya fallecido en el trayecto, o haberlo hecho solos. En buena parte de los casos el periplo ha durado meses e incluso años, pagando elevadas cantidades por hacerlo que les quedan luego como deuda a ellos o sus familias en sus países.

En el último año, el número de niños y niñas extranjeros no acompañados tutelados ha aumentado en un 60,47 %. A 31 de diciembre de 2016, había según la Fiscalía un total de 3.997 niñas y niños tutelados por los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas (527 niñas y 3.470 niños). Este número supone un incremento del 19,63% respecto al año anterior, y las cifras de 2017 son aún mayores. Según los datos facilitados por el Gobierno, a 31 de diciembre de 2017 había 6.414 niños y niñas bajo tutela en España, lo que representa un incremento de más del 60% respecto a 2016.

Una vez en España, se enfrentan a devoluciones en caliente (prohibidas por la ONU) o contacto con las autoridades sin nadie que les asesore o representa, o procesos de acogida en los que se les interna en centros de adultos o CIEs. No siempre se les asigna un tutor que vele por ellos y no se tramita su permiso de residencia, lo que les ocasiona problemas de acceso al mercado laboral cuando llegan a la mayoría de edad, momento en que quedan desamparados.

Detrás de la desaparición de las niñas y jóvenes nigerianas de los centros de acogida a menudo se ocultan redes de trata de seres humanos que se aprovechan de las ineficaces normas de seguridad para llevárselas y lucrarse con su explotación.

Los países de origen son, fundamentalmente, Marruecos, Argelia, Guinea, Costa de Marfil y Camerún, con contextos que incluyen sequías y crisis alimentarias, represión política, grupos terroristas, persecución a minorías como mujeres (de países en los que se produce mutilación genital a niñas o matrimonios forzosos), LGTBI o determinadas etnias, mortalidad infantil y explotación laboral de niños, situaciones todas que dejan a los menores en una vulnerabilidad extrema.

EL CASO DE SAMUEL

En Cantabria, la situación de los MENAs trascendió a raíz de la situación de Samuel, nombre ficticio de un menor camerunés a quien el Gobierno de Cantabria estuvo a punto de abocar a la expulsión al encargar que la Fiscalía le sometiera a una prueba de edad pese a que tenía su propia documentación que acreditaba que era menor. Los tribunales le acabaron dando la razón a Samuel y quitándosela a los servicios sociales cántabros, en un asunto que provocó la petición por parte del colectivo Pasaje Seguro de un protocolo específico para atender a los menores extranjeros no acompañados en Cantabria.

Samuel

El informe de Save The Children describe la situación en cada país de origen: en el caso de Camerún, de donde vino Samuel tras un viaje en el que llegó a naufragar, hay una emergencia humanitaria y ambiental. El lago Chad, que antes abastecía a las poblaciones que vivían en sus orillas y que se dedicaban a la pesca y la agricultura, ha perdido el 90% de su agua desde 1963, haciendo que la región sufra carencias, inseguridad alimentaria y conflictos.

Esta situación coloca a 2,4 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y a casi la mitad de la población en condiciones de pobreza multidimensional.

La infancia representa uno de los grupos más afectados, con un 32% de menores con retraso en el crecimiento y un 15% con un menor peso del que debería tener según su edad.

Casi la mitad de los niños y niñas de Camerún trabaja, enfrentándose a explotación y situaciones de empleo abusivas en las plantaciones de cacao, aceite de palma, café y goma entre otras. Además, la situación de desprotección que viven las niñas y jóvenes las expone al riesgo de ser explotadas sexualmente.

A ello hay que sumarle el desplazamiento interno de más de 182.000 personas por los ataques y asesinatos llevados a cabo por el grupo terrorista Boko Haram en la región del Gran Norte, limitando el acceso de la población a los servicios básicos e interrumpiendo el comercio, la agricultura y el pastoreo.

Además, Camerún acoge a más de 359.000 personas refugiadas de República Centroafricana y Nigeria, que también se han visto forzadas a abandonar sus hogares a causa del grupo terrorista y de otros conflictos.

Allí las personas pertenecientes al colectivo LGTBI siguen siendo víctimas de criminalización, rechazo y discriminación, y los activistas, periodistas y defensores de derechos se enfrentan a la limitación de sus derechos de expresión, prensa y asociación.

LAS PRUEBAS DE EDAD

El informe de Save The Children se refiere a las pruebas de edad a las que se quiso someter a Samuel y que se practican con este colectivo.

Las situaciones de sequía están produciendo desplazamiento en los países de origen de los MENAs

La ONG incide en las “graves vulneraciones” que los organismos internacionales señalan que comete España, al hacerse sin supervisión de la Fiscalía de Menores, permitiéndose incluso que la decisión se tome sin que el Fiscal les vea o que se encarguen pruebas posteriores a que se haya dictado el decreto de determinación de la edad por parte de la misma administración que debía protegerle. Se encargan pese a la existencia de documentación propia del menor (esto incumple la Ley de Extranjería)

Save The Children pide la reforma de la Ley del Menor para que se produzca la creación de la figura del asesor independiente y voluntario que intervenga desde el primer contacto del menor con las autoridades, y que se garantice que estén acompañados por un abogado durante los procesos de identificación o determinación de la edad que asegure que estén informados y que son vistos por el Fiscal.

Dentro de esa reforma, plantean la elaboración de un protocolo para que las pruebas de determinación de la edad se apliquen únicamente de forma excepcional cuando haya que decidir si una persona extranjera ha de ser acogida en un centro de protección de menores.

En este sentido, recalcan que ningún niño que tenga un documento que acredite su identidad deba pasar por una prueba de determinación de la edad.

En todo el proceso debe estar asesorado convenientemente, de forma que entienda las pruebas y las consecuencias de los resultados, y debe prestar consentimiento, pudiendo negarse.

Además, reclaman apoyo “independiente” cuando haya “conflicto de intereses” entre la Administración que decide y el menor afectado, y la legitimación activa de las organizaciones de defensa de la infancia para poder intervenir en los procesos judiciales o administrativos.

MÁS PROPUESTAS

Save The Children es una ONG internacional que atiende a los derechos de la infancia

El informe es muy crítico con las políticas de protección a estos menores, y proponen la Creación de una Comisión interautonómica específica sobre infancia migrante no acompañada como órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servicios de Infancia de las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado.

Además, proponen la implantación de estándares de calidad que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos reconocidos para los menores en los sistemas de protección autonómicos, la introducción de criterios específicos que activen automáticamente el protocolo de traslados entre comunidades autónomas para evitar la saturación de los centros de protección para menores migrantes solos y la formulación de protocolos para los profesionales.

También piden la prohibición de las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de migrantes, según lleguen (que también pide el Comité de Derechos del Niño en una reciente evaluación sobre España).

Sus propuestas abarcan las políticas de acogida, el trato en los centros, programas de formación o planes de seguimiento para velar por su trayectoria posterior.