Esta semana el Parlamento de Cantabria acoge varias comparecencias sobre la polémica de las presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que denunció en su momento la Jefa de Contratación.

Antes de la de su máxima responsable, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, que se producirá este viernes, este miércoles han comparecido el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud, Javier González.

El subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud, Javier González y el gerente del SCS, Julián Pérez Gil.

Lo han hecho dentro de la Comisión creada para investigar las posibles irregularidades, donde Julian Pérez asegura que las denuncias “no tienen ningún fundamento” y se han llevado a cabo, en su opinión, para “enturbiar una excelente gestión” en el SCS.

“Las actuaciones que aquí se realizan de igual o similar manera que en otra parte España y aquí en el pasado”, ha insistido.

Pérez ha vinculado la denuncia de la Jefa de Contratación con otra “discusión” que se produjo, asegura, la misma mañana que envió el email con el subdirector de Gestión Económica. Según Pérez, este enfrentamiento se produjo a raiz de un concurso de equipos informáticos que asegura que ella quería “imponer un criterio que implicaba paralizar el concurso en marcha y dmeorar la compra un año”. Algo que “no nos podemos permitir” por la obsolescencia y por la “demanda”, ha añadido.

También ha defendido que tomó medidas ante la denuncia y se reunió con la funcionaria, que asegura que no le “supo concretar” las presuntas irregularidades por lo que no apreció nada.

Tras las acusaciones, Javier González anunció una denuncia por injurias y calumnias contra la funcionaria Inmaculada Rodríguez, cuya denuncia insistió en que deriva de “despecho y enfrentamiento personal”.

En la comparecencia, González ha afirmado que se ha actuado “siempre dentro de la legalidad, con total transparencia y con los correspondientes controles”, siguiendo “los procedimientos legales”.

También ha defendido la labor de los asesores externos, que insiste en que “los ha habido siempre” y cuyo trabajo “ha sido transparente y respetando el trabajo de los funcionarios”.

Sobre presuntas tramas para favorecer a empresas vascas o de familias cercanas, una de ellas la del hijo del alcalde de Suances, Javier González ha insistido en que “las adjudicaciones se hacen siempre en base a las ofertas presentadas, sin que importen origen o familias” e incluso que algunas de estas empresas han sido adjudicadas con “más frecuencia” en el anterior Gobierno del PP que en el periodo actual.

“De igual modo, los expedientes pasan por la Mesa de Contratación y cualquier error sería detectado”, ha insistido, pidiendo a los diputados presentes que “no vean fantasmas” y “no sean suspicaces” porque “la realidad es más sencilla”.

LA OPOSICIÓN MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN “PORQUE NO HAN CONTESTADO A NADA”

Centro de Salud de El Alisal, uno de los sitios en los que se hicieron las obras denunciadas

Los partidos de la oposición han mostrado su preocupación tras la Comisión ya que aseguran que los gerentes del SCS “no han contestado a nada”.

El diputado del PP, Iñigo Fernández, cree que “han pasado muy de puntillas por encima” de todas las preguntas que se han planteado por parte de los grupos parlamentarios en la Comisión e insiste en que “lo que tenemos aquí son denuncias muy graves”, relacionadas con presuntos contratos menores fraccionados a diferentes empresas con los mismos propietarios, asistencias técnicas suplantando la labor de los funcionarios, adjudicaciones a empresas vinculadas con el hijo del alcalde de Suances, así como el desembarco de ex – altos cargos de Osakidetza, la sanidad vasca, que Fernández ha calificado de “desembarco de Normandía” que ha supuesto “el arrinconamiento de las empresas cántabras” en beneficio de otras provenientes de la comunidad vecina.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha mostrado su preocupación porque Julián Pérez haya manifestado que “en el pasado han intuido posibles irregularidades en el funcionamiento del SCS”, con el PP en el Gobierno, ya que les ha instado a que “si ustedes dentro de sus responsabilidades han visto irregularidades, me da igual que sea el PSOE o el PP, habrá que denunciarlo”.

Desde Podemos, Alberto Bolado cree que las comparecencias “no han servido para nada porque no se han contestado a las preguntas concretas” lo que demuestra, una vez más, “la opacidad de los partidos que gobiernan en Cantabria”.

El portavoz de la formación morada ha criticado la actitud del Partido Popular, Partido Socialista y PRC en la comisión de Sanidad del Parlamento, que denuncia que “han tratado de blanquear su pésima gestión en la sanidad cántabra” y ha exigido al Gobierno cántabro que lleve a la Fiscalía todas las irregularidades, “incluidas las del contrato público privado de Valdecilla”, que fueron reconocidas por el actual gerente, Julián Pérez, en el transcurso de la Comisión de Sanidad.

EL ANTERIOR GERENTE DE VALDECILLA, CESADO EN MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN

De hecho, Bolado ha recordado que César Pascual, secretario de Sanidad de la Ejecutiva del Partido Popular en Cantabria y exgerente de Valdecilla, está investigado –la antigua figura de imputado- por supuestamente favorecer a Ferrovial, la empresa adjudicataria del contrato público privado de Valdecilla”, en un contrato de ambulancias de la Comunidad.

“Desde Podemos tenemos sospechas fundadas de que haya podido favorecerla también en la adjudicación del contrato público privado de Valdecilla, que ha servido para desmontar nuestra sanidad”, ha lamentado Bolado, que ha recordado que la hija de Pascual trabaja en Ferrovial.

Precisamente este martes fue cesado en su puesto de director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, supuestamente por el interés de “crear un mejor proyecto con un nuevo equipo”, según revela la Consejería. Sin embargo, los tres altos cargos que han sido cesados son los que están siendo investigados por la justicia.

Para Bolado, “si el PP de Cantabria si tuviese la más mínima decencia también le cesaría y suspendería de militancia.  Pero el gobierno no hace nada”. “Es más, asevera, “si no fuese por la fiscalización de Podemos e e Izquierda Unida, que lo llevó a la justicia,  no conoceríamos nada de nada en sede parlamentaria”.