La consejera de Sanidad, María Luisa Real, en la comisión del Parlamento para informar sobre la contratación administrativas y gestión de infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud.

María Luisa Real ha reducido las irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud, de «escasa incidencia» en un volumen de contratos que ascendió a 40.517 en 2017, la inmensa mayoría menores por la necesidad de conciliar procedimientos administrativos con necesidades de salud de los ciudadanos, y ha afeado el «sensacionalismo» del PP que «inquieta a los ciudadanos».

La consejera de Sanidad ha comparecido este viernes en el Parlamento de Cantabria para dar explicaciones por las denuncias sobre irregularidades en la contratación pública en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Real ha apuntado la coordinación en la denuncia de la jefa de contratación con la campaña política y mediática emprendida por los populares, presididos por la exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, a quien ha acusado de armar un relato «falso y delirante» en una maniobra que «no busca la verdad» sino «desestabilizar» políticamente al Gobierno y al sistema de salud pública, el más valorado por de España por los ciudadanos según el último barómetro sanitario.

Asimismo, la consejera ha defendido que las incidencias detectadas son habituales en la tarea de control y fiscalización administrativa, como prueba que en el periodo anterior de Gobierno del PP hay al menos 11 actas de comprobación de la inversión similares a las que se han denunciado en la actual legislatura, y que es «compatible con la corrección de incidencias» que los controles administrativos «puedan detectar».

CASI TODA LA CONTRATACIÓN EN SANIDAD ES MENOR

Real ha insistido en la cuestión diferencial en la contratación del área de Sanidad, ofreciendo datos de los dos últimos ejercicios cerrados. Así, de los 33.702 contratos del ejercicio de 2016, la inmensa mayoría, 33.617, fueron contratos menores.

Una contratación que se incrementó en el ejercicio 2017, hasta los 40.518 contratos, de los cuales 40.437 fueron menores, con un crecimiento de un 22% de estos por una subida de un.41% de los procedimientos abiertos.

En este sentido, ha incidido en que la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos «precisa de una ágil contratación», que «no admite dilaciones cuando se trata de dar respuesta a las necesidades de salud».

Y ha confesado sobre los «quebraderos de cabeza» de los gestores sanitarios en la contratación, para «aunar» el cumplimiento de la tramitación administrativa con «dar respuesta» a necesidades «inmediatas» de salud de los ciudadanos.

CORREO ELECTRÓNICO «CONFUSO» E «INCONCRETO»

Para Real, el origen de la historia es un correo electrónico («no una denuncia»), de la Jefa de Contratación del SCS, con un contenido «inconcreto, confuso, y expresivo de una mala relación con su jefe más directo», el subdirector de Gestión Económica, Javier González.

Así, ha explicado que el mail hablaba de «injerencias» en el puesto de trabajo de la funcionaria, pero era «inconcreto» porque «no se especifica ni un solo expediente ni contrato», al tiempo que «entremezcla» alusiones a una mala relación con su superior con otras afirmaciones «inconcretas y confusas», ha reiterado.

La consejera ha considerado «falso», como acusa el PP, que no interviniera tras conocer el asunto. «Tras conocer el email solicité información al gerente, como responsable jerárquico», al que pidió en una de sus conversaciones que «hiciese las pesquisas oportunas» y que «informase», en el marco de una «relación diaria con un alto cargo». «Entendí que lo correcto era pedir la información de esa forma, la habitual», ha recalcado.

Y que la respuesta a la petición de la consejera del gerente del SCS, Julián Pérez Gil fue «negar» las irregularidades y achacar la denuncia «a la mala relación entre ambos» – la jefa de contratación y el subdirector de Gestión Económica del SCS.

«NO CREO EN CASUALIDADES»

La consejera de Sanidad ha señalado la coincidencia en las fechas del correo electrónico y la información complementaria aportada por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga  – exconsejera de Sanidad», por lo que ha afirmado que «no cree en casualidades de este tipo».

Con un «matiz diferencial», que es que mientras la funcionaria en su mail trasladaba informaciones «confusas» e «inconcretas», el «dossier documental» que trasladó Buruaga al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sí contiene referencias concretas a expedientes oficiales que ya reveló en la primera rueda de prensa de denuncia – a partir de las publicaciones en prensa-.

Real también ha mostrado toda su disposición a colaborar con transparencia en el esclarecimiento de todos los procedimientos, y ha subrayado el «interés» desde su departamento en que se audite la colaboración público-privada del Hospital de Valdecilla, que gestionó el PP de Buruaga, con el anterior gerente del SCS, César Pascual, directivo del PP de Cantabria e imputado por prevaricación por un presunto trato de favor a Ferrovial en la comunidad de Madrid, la misma empresa adjudicataria del megacontrato.

«NO ES UNA CAUSA GENERAL PERO HAY SOMBRAS DE DUDA»

El diputado del PP, Iñigo Fernández, ha rechazado que el PP haya abierto ninguna causa general, sino que hay una denuncia de una funcionaria y «sombras de duda y de sospecha» sobre determinados contratos.

En concreto, ha asegurado que «un funcionario proponía una adjudicación a una empresa, y ante la mesa de valoración se retira el informe y aparece otra empresa que se lleva un contrato de 8 millones de euros», así como las compras de ecógrafos que no se utilizan o contratos con la empresa del hijo del alcalde socialista de Suances.

Fernández ha aseverado que Sakura, una de las adjudicatarias, pagó un viaje a América a «los tres protagonistas de esta historia», el director gerente, Julián Pérez Gil, el subdirector,  ha pagado un viaje a América al señor Pérez Gil, subdirector de Gestión Económica, Javier González –quien ha negado tajantemente estas acusaciones– y el asesor Saenz de Viteri.

Sobre este último, el diputado popular ha preguntado si «tiene despacho en la gerencia; firma los informes o es el responsable de los informes de valoración del contrato de los suministros de reactivos para el laboratorio».

«¿Quiere usted hablar de Valdecilla señora consejera? Hablemos otro día de Valdecilla, pero hoy estamos hablando de una denuncia muy seria, no de una queja», ha enfatizado.

Y ha desvelado que antes del correo del 8 de febrero de la jefa de Contratación denunciando las irregularidades en la gestión del SCS, la consejera de Sanidad ya había recibido denuncias al respecto de forma verbal. “Niéguemelo si es capaz”, ha retado el diputado del PP, que ha echado en cara a Real que haya permanecido «escondida» durante un mes.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Cantabria, Rubén Gómez, ha criticado que la consejera de Sanidad se centra en el “y tú más” en lugar de desmontar las acusaciones sobre irregularidades en el SCS.

Y el portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad, Alberto Bolado, ha atacado a lo que considera «un sistema normalizado de contratación irregular», que han «montado» PP, PRC y PSOE «desde hace mucho tiempo».

Además, Bolado ha anunciado que Podemos Cantabria llevará ante la Fiscalía el contrato público-privado del hospital de Valdecilla si el Gobierno de Cantabria no lo hace.