Las denuncias de irregularidades en el SCS se llevan dos dimisiones
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha aceptado hoy la dimisión del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.
Ambos ceses serán aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal del próximo jueves.
Asimismo, el Ejecutivo también analizará en esa sesión el informe encargado a la Inspección de Servicios Sanitarios sobre las presuntas irregularidades de contratación administrativa en el SCS.
Además, ya se ha tramitado su envío tanto a la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria como a la Intervención General.
Por su parte, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha solicitado comparecer ante la citada comisión parlamentaria para informar al respecto.
Real ha atribuido la decisión al «momento personal muy duro» que estaban pasando ambos a raíz de unas acusaciones que estaban haciendo la situación «insostenible». Desde IU, que ha llevado el asunto a la Fiscalía, advierten de que estas dimisiones no «zanjan» la crisis abierta a raíz de las irregularidades.
La decisión se produce tras el anuncio de petición de comisión de investigación por parte de Ciudadanos, a la que previsiblemente se sumarían más fuerzas, en torno a las contrataciones fraccionadas a empresas relacionadas entre sí, uno de cuyos cargos es hijo del alcalde de Suances, y con facturaciones por servicios aún no relacionados, denunciadas por una funcionaria (a la que estos cargos anunciaron que denunciarían a su vez por injurias) y abanderadas por el PP. El asunto ha llegado a la Fiscalía por parte de IU y el propio PP, en sendas peticiones de investigación.
Y todo sucede también después de dos comisiones parlamentarias celebradas la semana pasada, en la que primero altos cargos de la Consejería defendieron su gestión, mientras que luego la Consejera admitió irregularidades, aunque rebajó sus dimensiones.
FelicianoPalacios
Ya lo dice la consejera, no es corrupción, sino «incidencias contractuales»…(¿marxismo grouchiano?