Porque para Buruaga, estas dimisiones suponen la confirmación y el reconocimiento “por parte de la cúpula directiva de nuestra Sanidad Pública de esas graves irregularidades en la contratación» reveladas primero por una alta funcionaria y luego asumidas por el PP.

«A pesar de la actitud de la consejera de Sanidad que en todo momento ha tratado, primero de ocultar el asunto, y después de minimizarlo, se demuestra que aquí no había ninguna novela, aquí no había ninguna cacería, ni ninguna conspiración, lo que hay son hechos y pruebas”, remarcaba Sáenz de Buruaga.

A su juicio, todo parece indicar que la consejera lo que pretende con estas dimisiones “es poner en bandeja al presidente Revilla las cabezas de dos altos cargos para dar cerrojazo, para poner punto y final a este asunto”, y con ello «salvar su cabeza y seguir al frente de la Consejería».

“Se equivoca porque esto no termina aquí”, advierte Buruaga, quien ha avanzado que el Partido Popular seguirá investigando unas irregularidades “que son la punta del iceberg” (y que ha llevado a la Fiscalía, al igual que IU).

La presidenta del PP argumenta que la consejera Real lejos de quedar exculpada se ve en una situación que agrava su responsabilidad porque “es la que nombra, la que mantuvo y la que ha respaldado a estos altos cargos directamente implicados en estas irregularidades”, de modo que «la única salida digna que tiene es la de dimitir» ya que “con sus comportamientos desde el mes de febrero ha ligado su suerte y su destino al de estos dos altos cargos”.

Junto a todo ello, Buruaga ha hecho un llamamiento al presidente de Cantabria para “que abandone la hipocresía en la que vive, que deje de dar la espalda a la realidad”, y en definitiva que «ataje el que tiene todos los visos de ser el primer escándalo de corrupción del gobierno Revilla». “Debe pensar si los cántabros nos merecemos una consejera que cuando hay una denuncia así la entierra”, apuntaba.

CIUDADANOS NO RENUNCIA A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos Cantabria, Rubén Gómez, ha señalado que «es imprescindible que se celebre la comisión de investigación”, que ayer anunciaban que pedirían (y que se aprobaría en cuanto lo pidiera un segundo partido, como podría ser el propio PP o Podemos».

Rubén Gómez

A la espera de conocer la «verdad», Ciudadanos no pide de momento la dimisión de la consejera, como si hacía el PP.

El portavoz de Ciudadanos ha destacado que las dimisiones del gerente y del subdirector general de Control Financiero “vienen a reafirmar la necesidad de conocer en detalle qué es lo que ha pasado” y “cuáles son las implicaciones de la Consejería, que ha estado dos meses tapando este asunto”.

Así, Rubén Gómez ha recordado que Real declaró en el Parlamento que las presuntas irregularidades en los contratos eran en realidad incidencias menores.

“La consejera de Sanidad ha hecho todo lo posible porque todo esto no saliera a la luz y por pasar de tapadillo”, ha dicho Gómez, que ha apuntado a las presiones ejercidas por la oposición, el Sindicato Médico y la propia denunciante como las principales causas por las que se han producido estas dimisiones.

Para Gómez la comisión de investigación es una garantía para conocer la verdad ya que, puntualizaba, los intervinientes en una comisión de estas características “no pueden mentir”, ya que entonces “se enfrentan a un proceso judicial y a sentarse delante de un juez”.

PODEMOS TACHA LA ACTUACIÓN DE LA CONSEJERA DE «IRREGULAR»

Siguiendo con las reacciones, Podemos sí que pedía la dimisión de la consejera María Luisa Real. El diputado Alberto Bolado, calificaba su gestión de «irregular», «desde el minuto cero», ya que «tiene constancia de estas irregularidades desde el 8 de febrero denunciadas por la jefa del servicio de contratación y sólo ha tomado las mínimas medidas que le exige la Ley, como la apertura del expediente informativo y ha dado explicaciones junto con los cargos que ella mismo nombró por la labor fiscalizadora que ha venido realizando Podemos Cantabria, si la cual no nos veríamos en esta situación”.

Además, Bolado ha recordado que fue Podemos el que solicitó las comparecencias en la comisión de Sanidad, “comparecencias en las que no nos dieron las explicaciones que pedíamos» y en las que «la consejera se limitó a defender a ultranza a los cargos que ella mismo nombró, así como a la gestión que estos realizaron y, sin embargo, no se han sometido al control político de los grupos”.

Desde Podemos creen que son otras razones las razones que motivan estas dimisiones, cuestiones que afectan a la contratación en el SCS y el presupuesto que maneja, por lo que consideran que Real no está capacitada para poder seguir dirigiendo la consejería, “porque fue quién les nombró, porque ha defendido su gestión, porque no ha actuado y porque, o no se ha enterado en lo que ocurría en el organismo autónomo o ha mentido, por lo que si ella no toma la decisión de dar un paso atrás, tendrá que ser el presidente del Gobierno quien adopte esta decisión, ya que es el último responsable”.

Por tanto, Alberto Bolado ha anunciado que Podemos va a registrar una interpelación a la consejera para que explique y valore el contenido del expediente informativo, para que explique los motivos reales de las dimisiones y, “si no consigue convencernos, exigiremos de manera contundente las responsabilidades políticas que se relacionan al caso”.

Podemos viene extendiendo la fiscalización de la gestión sanitaria también al propio PP, haciendo hincapié en que César Pascual, que fue gerente del Servicio Cántabro de Salud y es miembro del equipo de Buruaga en el PP, está imputado por una adjudicación en Madrid a Ferrovial, misma empresa adjudicataria del megacontrato de Valdecilla. De hecho, han avanzado que si el Gobierno PRC-PSOE no lleva ese contrato a la Fiscalía, serán ellos quienes lo hagan

IU: ESTAS DIMISIONES NO «ZANJAN» LAS IRREGULARIDADES

Finalmente, la coordinadora de Izquierda Unida Cantabria (formación que ha llevado el asunto a la Fiscalía), Leticia Martínez, expresaba que estos ceses no “zanjan” las presuntas irregularidades denunciadas por una alta funcionaria y que la formación de izquierdas ha llevado a la Fiscalía.

En un comunicado, la coordinadora autonómica Leticia Martínez se refiere a las dimisiones del gerente del SCS y del subdirector de Gestión Económica, y ha llamado la atención sobre que se produzcan después de que estos negaran en el Parlamento cualquier sombra en su gestión.

Para Martínez, “lo verdaderamente inaudito es que fuera ella quien admitiera irregularidades y las responsabilidades las asuman otros”, por lo que se ha preguntado si lo que sucede es “si Real no controla lo que sucede en su Consejería, lo cual ya sería lo suficientemente grave”.

En cualquier caso, ha advertido de que estas dimisiones no pueden ser un “cierre un falso” para la crisis por las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud, recordando que “está en marcha una investigación por parte de la Fiscalía y que Real no podrá frenar”.