El Pleno del Ayuntamiento de Santander de este jueves aprobará dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, además de dos modificaciones de los presupuestos, en una sesión que no se sustrae de la situación política nacional, con mociones a favor de la moción de censura presentada por el PSOE.

EL AYUNTAMIENTO ‘RESCATA’ URBANÍSTICAMENTE LAS ÁREAS COMERCIALES A PETICIÓN DE LUPA

El argumentario del Ayuntamiento de Santander cuando el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana de 2012 negaba que esta resolución fuera a tener consecuencias significativas sobre la ciudad (a pesar de que ha habido reclamaciones judiciales con consecuencias económicas).

Desde entonces, y sin que conste públicamente algún avance en la redacción de un nuevo documento –el plazo que dio el Consistorio para licitar la adjudicación fue los primeros meses del año, estamos en junio–, se han realizado varias modificaciones respecto al vigente, el de 1997.

El Alisal se ha convertido en un foco de concentración de centros comerciales

Modificaciones que continúan: en la sesión plenaria de este mes, este jueves, se votarán sendas aprobaciones provisionales de nuevas modificaciones, pedidas expresamente por los interesados: la cadena de supermercados Lupa, por el temor a las restricciones a la implantación de equipamientos comerciales (que precisamente se había tratado de resolver con el plan de 2012 anulado) y la parroquia de PeñaCastillo, que tenía previsto construir dos viviendas en una parcela de su propiedad.

La primera de las modificaciones se hace a propuesta de SEMARK AC Group, la empresa a la que pertenece la red de supermercados de Lupa.

Y tiene como objetivo permitir los usos productivos comerciales y de oficinas en zonas de edificación abierta y unifamiliar, eliminado el techo de edificabilidad del 10% y evitando la imagen de zona industrial.

También se eliminan las alturas mínimas en las zonas de edificación abierta (se fijaban en entre 2 y 4, y las superficies realmente necesitan una, por lo que piden que no se fije un mínimo, apelando también a criterios económicos y estéticos).

Y se eleva en un 30% el porcentaje de ocupación del total de la parcela que corresponda. De algún modo, se trata de permitir la compatibilidad entre los usos comerciales y los residenciales.

Son medidas todas que estaban previstas en el PGOU de 2012, el que fue anulado, y con el que se trataba de compensar lo que se entendía como trabas a la implantación de usos comerciales que se veían en el plan del 97, que es el que está vigente después de la anulación por el Supremo de su sucesor, y que además llevaban a que hubiera zonas de la ciudad (el área de la S-20) que fueran casi exclusivamente comerciales.

Ya en febrero se aprobó en Pleno iniciar el proceso, que supone la modificación de cuatro artículos de dos ordenanzas, y que cuenta con informes favorables tanto del Ayuntamiento como del Gobierno, sin que se presentaran alegaciones en el período de información pública ni se aprecien efectos negativos sobre el medio ambiente.

En el período de consultas, organismos como la Delegación de Gobierno constatan que la anulación del PGOU de 2012 retrotrajo al del 97 provocando un resurgimiento del problema de la diversificación de espacios, en contra del criterio del equipo de Gobierno de que la anulación no supondría problemas.

En la misma línea argumenta la empresa, a través del estudio de la ingeniería TransProjekt, que al volverse al plan del 97 se volvía a las limitaciones a la implantación de usos comerciales.

Supermercados Lupa.

Las zonas afectadas por esta modificación están en la ladera Norte y Sur de General Dávila, el Sardinero, Monte-Valdenoja, El Alisal, y zonas de San Román y Peña Castillo. Esas zonas estarían colmatadas, mientras que quedan zonas libres en Valdenoja y Monte. También afecta a San Román, Barrio de la Sierra y PeñaCastillo, ya colmatadas, mientras que quedaría suelo libre para esos fines en PeñaCastillo.

La empresa sostiene que las limitaciones en el uso del suelo o en la reserva de aparcamiento les forzaban a adquirir parcelas más grandes, con el consiguiente encarecimiento de costes en sus proyectos; y también explica que no permitir una convivencia entre usos residenciales y comerciales incrementa los desplazamientos en coche y dificulta la comunicación entre vecinos.

No es la primera vez que el Ayuntamiento modifica el PGOU en atención a intereses comerciales: en noviembre de 2015, pese a las facilidades que se suponía traía el plan de 2012, se modificó a petición de una constructora (y con tramitación de la misma empresa que ha gestionado la modificación de este plan) que pidió que una parcela suya en El Alisal dejará de ser sólo residencial y pudiera ser comercial, para lo cual se rechazó una alegación de un ciudadano que pedía ampliar las zonas verdes en un área que consideraba saturada de dotaciones comerciales.

La segunda modificación también desmiente que la anulación del PGOU no tuviera efectos: la parroquia de PeñaCastillo explica que una parcela que el Obispado había adquirido en la zona para edificar dos viviendas unifamiliares que con el plan del 97 ya no podía dedicarse a ese fin. Por eso proponen una recalificación de la parcela que permita levantar estas dos viviendas, dejando el resto de la finca para usos públicos (aparcamiento y dos centros cívicos)

Esta modificación se suma a otras que se han ido aprobando para situaciones como la del Club de Regatas o el Convento de Clarisas, hasta el punto de que una de que las que se ha anunciado, para el Cabildo de Arriba (que los vecinos reclamaron durante años sin ser atendidos) se ha derivado a la Sociedad de Vivienda y suelo, empresa pública municipal, argumentando la saturación en el servicio municipal de obras.

EL PLENO ESTUDIARÁ EL «CIERRE DEL ESPACIO PÚBLICO» A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES POR LA LEY DE ESPECTÁCULOS

Las Gildas han tenido que redefinir sus eventos a raíz de la Ley de Espectáculos

En el Pleno se debatirá también, a petición de Santander Sí Puede, sobre la Ley de Espectáculos aprobada por el Gobierno de Cantabria, tras constatarse que si bien favorece el desarrollo de conciertos y otras actividades de promotores privados y da seguridad jurídica al mundo de la hostelería, está perjudicando a las que desarrollan colectivos sociales y ciudadanos, como pueden ser las fiestas de Cueto o los eventos de Las Gildas (que de hecho este año han prescindido de su tradicional ‘parada’ callejera para centrarse en encuentros en locales).

El motivo es que se les obliga a contratar seguros de responsabilidad o seguridad privada, con lo que se elevan tanto los riesgos como los costes para promotores que no son profesionales de la organización de eventos, además de aumentar los requisitos burocráticos en otros aspectos (como la revisión del cumplimiento de instalaciones de luz, sonido o carpas), con lo que se incluye un factor tiempo que cada vez es más complicado de gestionar para estas organizaciones, que afrontarían sanciones económicas del orden de 600.000 euros si se produjeran problemas.

La Asociación de Vecinos de Cueto, que venía organizando las fiestas de San Pablo en Cueto, ha llevado el tema al Parlamento de Cantabria, de modo que está en manos de los grupos parlamentarios.

Asimismo, Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede, denuncia que la aplicación de esta Ley está “cerrando” el espacio público a colectivos y asociaciones, en lo que se ha revelado como una “laguna” de la norma.

Lo que plantea en su moción es que el Ayuntamiento pida al Gobierno que amplíe el número de supuestos de exención o bien los flexibilice.

CONTRA LOS VERTEDEROS INCONTROLADOS EN LA COSTA NORTE

Basuras y vertidos en la zona de la costa norte.

Santander Sí Puede también lleva al Pleno la situación de los vertederos “incontrolados” que se vienen acumulando en puntos de la ciudad, como la coste norte (Cueto, Monte, Rostrío…), de la que responsabilizan tanto al “deficiente” servicio prestado por la empresa ASCAN, adjudicataria del servicio, como a la “incompetencia” de la Concejalía de Medio Ambiente (a cuyo frente está José Ignacio Quirós, que fue apoderado del Grupo SADISA a la que pertenece esta empresa).

En concreto, se pide que cuando se concedan licencias de obra se establezcan medidas para que los residuos se tiran en los puntos limpios, y también mejoras a MARE (empresa pública del Gobierno de Cantabria) en el punto limpio de Cueto, así como la apertura de otro. Igualmente, reclaman más vigilancia y un incremento de las sanciones.

IU Y SANTANDER SÍ PUEDE PIDEN LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Las largas colas por la falta de información sobre el plazo para pagar el impuesto de circulación (las cartas de aviso no llegaron a los particulares, que si pagan con retraso se enfrentan a un recargo), también se abordarán en este Pleno municipal.

El retraso en las notificaciones de Tribugest provocóproblemas en el servicio de recaudación municipal

Miguel Saro, de Izquierda Unida, y Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede, piden en una moción conjunta que se remunicipalice este servicio, que presta la empresa privada Tribugest, criticada en otras ciudades por sus fallos, y en línea con la tendencia a la petición de remunicipalizaciones que vienen abanderando los ‘ayuntamientos del cambio’. Ambos recuerdan que Santander gasta 60 millones de euros en pagos a empresas por servicios externalizados y defienden que una gestión directa se traduciría en un ahorro económico.

El servicio lo presta la empresa Tribugest: en la moción se advierte de que otras empresas criticaron que los pliegos favorecían a Tribugest al premiar a la experiencia adquirida a la hora de renovar. Pese a que hubo una sanción, el Ayuntamiento le renovaría la concesión. Más sobre las adjudicaciones a Tribugest.

Y el Tribunal de Cuentas, organismo estatal de fiscalización, ha advertido en informes de “debilidades de recaudación” en Santander, como deudas cobradas con retraso sin recargo.

Y no son los únicos que plantearán este tema en el Pleno: Tatiana Yáñez, de Ganemos, pide sanciones a la empresa, al igual que Cora Vielba, tránsfuga de Ciudadanos.

HOMENAJES Y DISTINCIONES

El PRC muestra en una moción su rechazo al recorte presupuestario para la prestación del servicio postal universal, y una parte del Pleno se centrará en cuestiones relacionadas con homenajes y distinciones: el PSOE pide que se organicen actos que realcen la figura del escritor Benito Pérez Galdós, canario que residió en Santander con frecuencia.

Y también se llevan temas de política nacional e internacional: el PP quiere que se mantenga “vivo” el recuerdo de las víctimas del terrorismo, tras la desaparición de ETA, IU y Santander Sí Puede llevan el apoyo a la moción de censura contra Rajoy, e Izquierda Unida propone que se dé el nombre del histórico sindicalista Marcelino Camacho a una calle o plaza de la ciudad (como se acaba de hacer en Madrid). En el plano internacional, todos los partidos y no adscritos –salvo Tatiana Yáñez–, condenan la muerte de civiles en Gaza.