Mesa Sectorial Docente con el anterior consejero de Educación, Ramón Ruiz, que cedió a las pretensiones de los docentes sobre la jornada reducida en el nuevo calendario escolar.

La Consejería de Educación y los sindicatos mantienen la negociación abierta para evitar la huelga de docentes en Infantil y Primaria que anunciaba este miércoles la Junta de Personal Docente, para los días 14 y 20 de junio.

Así lo ha desvelado el secretario general de CC.OO., Carlos Sánchez, en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA, en la que ha acusado al titular de Educación, Francisco Fernández Mañanes, de incumplir los acuerdos de la mesa sectorial y de generar un «auténtico lío».

«Nos tenemos que entender», ha apelado, porque si no «en septiembre vermos si empieza el curso o no» por errores de «unos o de otros», ha advertido.

Como adelantó en la tarde del martes la cadena SER en Cantabria, la Junta de Personal ha anunciado paros de tres horas y media los días 14 y 20 de junio, y una concentración el día 7 frente al Gobierno.

En la práctica, y con el calendario escolar en vigor para este curso que contempla la jornada reducida de tres horas y media lectivas los meses de junio y septiembre, si prospera la convocatoria de huelga los alumnos de Infantil y Primaria no tendrán clases esos dos días (en función del seguimiento y de los servicios mínimos).

«Es doloroso que la administración te maltrate. Es doloroso que quienes representan institucionalmente a los padres hagan lo mismo», lamentaba en declaraciones a la misma emisora el portavoz del sindicato mayoritario, STEC, Jesús Aguayo.

Y al tiempo aconsejaba al consejero Mañanes «que no se permita el lujo de desatar una guerra escolar de estas dimensiones y de poner en peligro el arranque del curso que viene».

Pero en el otro lado, el de las familias, la presidenta de la FAPA, Leticia Cardenal, advertía al principio de la semana, también en la tertulia de EL FARADIO, que «si no se contempla que en junio y septiembre las jornadas sean hasta las 14 horas iremos donde tenemos que ir: al juzgado».

FAMILIAS Y SINDICATOS PRESIONAN AL GOBIERNO

La jornada reducida es precisamente el escollo que distancia al Gobierno de los sindicatos y a estos de la FAPA.

Los sindicatos docentes sostienen que el consejero de Educación acordó en la mesa sectorial no tocar la jornada reducida en el próximo curso 2018/2019, para después virar hacia la posición que defiende la FAPA (que no haya jornada reducida en el primer mes y el último del curso), lo que ha desatado la «guerra en las aulas», según subrayan los representantes de los trabajadores.

La cuestión legal, de que el acuerdo alcanzado con el anterior consejero Ramón Ruiz pueda ser ilegal, «es una excusa de mal pagador», según Carlos Sánchez, que remite a la mesa sectorial y a los acuerdos «que vinculan a las partes» y tienen que tener «eficacia» y «cumplirse».

En su opinión, lo que no puede hacer la Consejería es «desalojar de esos derechos a los trabajadores».

Como medida de presión, y no sólo hacia el Gobierno sino también hacia las familias, los docentes han advertido que trabajarán «única y exclusivamente lo legislado». Es decir, de nueve de la mañana a dos de la tarde, pero «ni un minuto más», por lo que se suspenden, por ejemplo, actividades -como excursiones- de un día entero.

Según propone STEC, el sindicato mayoritario, el próximo curso debería iniciarse con la jornada reducida «de siempre» para, a partir de ahí, negociar el horario del próximo mes de junio, al tiempo que recuerda que para los próximos presupuestos «se pueden introducir medidas económicas para paliar este problema».

Entre estas estarían partidas presupuestarias para completar la jornada de junio y septiembre con monitories, de manera que de 12.30 a 14 horas serían extraescolares en las que los docentes no tendrían que responsabilizarse del cuidado de los alumnos. Quedaría por ver si esa gestión correspondería a la Consejería, a los centros, a la FAPA o a los Ayuntamientos, a través de subvenciones del Gobierno.

Pero esto tampoco soluciona el principal problema para el Gobierno ahora mismo, que es el de cumplir con la legalidad ante la advertencia de la FAPA de que habría denuncias en los tribunales.

La Junta de Personal Docente, por su parte, niega esa ilegalidad de la que se habla desde la Consejería, esgrimiendo su propio informe jurídico y pidiendo a Educación que aporte el suyo.

Y desde UGT, su federación de enseñanza, que aclara que está en contra de los objetivos de la Consejería y en sintonía con los sindicatos educativos, lamentaba el daño a la imagen del profesorado por toda esta polémica, y contaba que AYER se reunieron con el consejero, a quien han propuesto una moratoria de forma que todo se mantuviera igual mientras se negocia y acerca posturas, con el objetivo de evitar que el arranque del próximo curso esté marcado por huelgas y protestas, sin perjuicios a las actividades complementarias.

De esta forma, la jornada lectiva de septiembre quedaría igual que hasta ahora (3,5 lectivas para el alumnado) y a partir de octubre  se daría comienzo a una negociación serena teniendo en cuenta que ya se conocerían los presupuestos generales de 2019 y se podrían llegar a soluciones de conciliación aceptadas por todas las partes

EN BUSCA DEL ACUERDO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

«No tiene buena pinta pero espero que se reconduzca», señalaba Carlos Sánchez, conocedor de que «habrá que cumplir la ley» y «buscar un equilibrio» en un «proceso de negociación» que está «abierto».

De hecho, el 7 de junio, una semana antes de los primeros paros anunciados (el 14), los sindicatos esperan que la FAPA participe en una concentración conjunta por la educación pública.

Este miércoles estaba prevista una reunión del consejero de Educación con el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, que está informado en todo momento de las conversaciones. Confían en llegar a un acuerdo que de cobertura legal y reúna a las partes ahora encontradas en un acuerdo de la comunidad escolar.

LA FAPA NO RENUNCIA A SU DEMANDA SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria ha afirmado, por su parte, que no renunciará a su demanda de terminar con el horario reducido en junio y septiembre.

Por ello, han reclamado a la Consejería de Educación que trabaje en un cambio que venga acompañado de “medidas que permitan que la labor docente se siga desarrollando respetando sus condiciones laborales, y que estudie la forma de aumentar unos apoyos ya de por sí necesarios en la contratación de personal administrativo”, tratando de reducir la cada vez mayor carga burocrática, aumentar las plantillas y una mayor agilidad a la hora de cubrir las bajas.
Por ello creen que el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, no debe “dilatar” su decisión sobre el calendario ya que creen que “empeora” la situación.

“Cualquier salida en falso no haría sino tener el debate abierto para el curso siguiente, porque las familias no vamos a renunciar a nuestra demanda, y cada vez lo haremos con más fuerza”, han asegurado en un comunicado enviado a los medios.

En él, habla de los importantes cambios sociales y laborales que se han producido en este país en los último 30 años, como que la mayoría de las madres trabajan o han aumentado las familias monoparentales.

Por ello reclaman un horario completo que se aplica en otras comunidades autónomas porque insisten en que la jornada reducida “antes se asumía sin cuestionarla” ahora es “un verdadero quebradero de cabeza para muchas familias, que en algunos casos se
encuentran con que no sólo se modifica el horario de salida sino también el de
entrada”.

“Entendemos que la escuela tiene que centrarse en cumplir su función, pero también
ha de adaptarse a los tiempos que vivimos, como por ejemplo ya ha ocurrido con los comedores escolares, que en aquella época era una curiosidad que existiera en
algún centro y ahora es raro en el que no hay”, han solicitado.

Además, recalcan que en las zonas rurales, “donde estos problemas se reducen”, las familias se encuentran con el problema de “tener que elegir entre disponer de comedor o
disponer de transporte, cuando esto no sucede durante el resto del curso”.

Lo que la FAPA critica de la Consejería es que, tras dos años reclamando, lo que finalmente parece que motivaría que se produzca este cambio “no es el atender esta reclamación sino la elaboración de un informe por parte de losservicios jurídicos de la consejería que confirmaría algo que veníamos sospechando”, que es que “la reducción de horario en estas jornadas estaría provocando de forma sistemática elincumplimiento de las 25 horas lectivas que estarían establecidas legalmente”.

“No podemos negar que este hecho nos produce una perplejidad total, pero desde
ese momento hemos tenido claro que nuestra intención no era mirar hacia atrás,
sino que, si la legalidad establece eso, se cumpla sin perder tiempo en buscar
causas ni culpables que en nada beneficiarían a la educación pública”, añaden en el comunicado.

También han lamentado que se haya cuestionado la legitimidad de su representatividad en este asunto, y sobre las motivaciones de los sindicatos docentes se preguntan: “¿vamos a pedir al consejero que se salte la ley? ¿O acaso se va a pedir que se adapte la ley para legalizar el incumplimiento?”.

Pese a eso, quieren dejar claro que “este incumplimiento en ningún caso ha sido responsabilidad ni de docentes ni de equipos directivos, que desconocían que este error se estaba cometiendo en las instrucciones que recibían desde la consejería”.

“Su trabajo nunca ha estado en cuestión por nuestra parte, ni contará con nuestro apoyo quien quiera aprovechar esta u otra circunstancia para atacar al sector”, han recalcado.

Por su parte, la Junta de Personal Docente realizará una rueda de prensa este viernes donde fijarán su posición ante el conflicto del calendario escolar, presentarán un informe jurídico que contradice la posición del consejero de Educación y también anunciarán el calendario de movilizaciones previstas y las perspectivas que manejan para el curso 2018/2019.