La consejera de Sanidad, María Luisa Real, no se sumará a la lista de dimisiones en esta área, que han iniciado el gerente del Servicio Cántabro de Salud y el subdirector de Gestión Financiera, por las irregularidades en las contrataciones en el SCS, que incluyen el pago por servicios no realizados, a empresas relacionadas entre sí (uno de sus cargos es hijo del alcalde socialista de Suances) a través de contratos fraccionados.

María Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

Es lo que le pedía la oposición de PP y Podemos, elevando el tiro, tras estas dimisiones justificadas en los problemas personales que les han generado las acusaciones a estos cargos, mientras que Ciudadanos no cejará en su petición de comisión de investigación sobre esta gestión.

En declaraciones a la Cadena Ser o a El Diario Montañés, Real rechaza su dimisión, asegurando que lo que se han detectado son escasas incidencias menores en el Servicio Cántabro de Salud, y defendiendo que atendió las denuncias de la funcionaria que expuso el caso cuando le llegaron.

El próximo paso es el resultado del expediente informativo abierto, que se entregará este jueves en el Consejo de Gobierno y que la consejera quiere explicar en el Parlamento, en la Comisión de Sanidad.

Por su parte, el presidente Miguel Ángel Revilla, minimizaba el asunto, remarcando que no existe ningún tipo de imputación y que judicialmente sólo existen las investigaciones abiertas por la Fiscalía a petición de IU y PP, y él por su parte recordaba los casos de corrupción del propio PP.

Al PRC de Revilla apuntaba Izquierda Unida, cuya coordinadora autonómica Leticia Martínez, reveleba que las empresas señaladas por estos contratos con el SCS también tienen contratos menores y fraccionados con consejerías gestionados por los regionalistas.

Podemos, por su parte, ha venido recordando que el anterior responsable de Valdecilla, César Pascual, miembro actual del equipo de Sáenz de Buruaga, está imputado por favorecer presuntamente en contratos de la sanidad madrileña a Ferrovial, la misma empresa adjudicataria del megacontrato de Valdecilla. Pascual era alto cargo en la Comunidad de Madrid y no ha sido renovado tras la llegada del nuevo presidente. De hecho, Podemos estudia llevar a la Fiscalía el contrato de Valdecilla.