El equipo de Gobierno del Partido Popular en Santander se ha mostrado contrario a las remunicipalizaciones de servicios públicosa (el retorno a la gestión directa por parte de la institución de servicios que se habían derivado a empresas privadas) al considerarlas más propias de ideologías «totalitarias».

Es el argumento que, recordando que era lo que se hacía durante la dictadura de Franco, esgrimía la concejala de Economía y Hacienda, Ana González-Pescador, durante el Pleno municipal en el que grupos de oposición reclamaban la remunicipalización del servicio de gestiones complementarios al de recaudación, que lleva Tribugest.

Ese servicio lo gestiona la empresa Tribugest, que ha recibido críticas y sanciones en otras ciudades, y que el pasado mes de mayo provocó colas en el servicio de recaudación municipal como consecuencia de la tardanza en notificar el fin del plazo voluntario para el pago del impuesto municipal, que estaba a punto de expirar (si se paga con retraso, hay un recargo).

Este mal funcionamiento del servicio y ias críticas recibidas han motivado que se acumularan varias mociones en el Pleno mensual en ese sentido, pidiendo sanciones contra la empresa o incluso que el servicio lo prestara directamente el Ayuntamiento, como planteaban Izquierda Unida y Santander Sí Puede. Todas se agruparon en el mismo punto del debate, pero las diversas protestas en esa línea no salieron adelante por la clásica conjunción entre PP y el tránsfuga de Ciudadanos David González que les apoya recurrentemente.

La concejala de Hacienda, que reprochaba a PSOE y PRC que estén cayendo en algo que considera propio de ideologías de extrema izquierda, detallaba las medidas tomadas por la empresa –que, asegura, le han supuesto perjuicios económicos–, como el refuerzo de su servicio de atención telefónica, para concluir que hubo más santanderinos «que nunca» que pagaron el impuesto en el período voluntario de pago. O sea, que «cuanto peor, mejor», le respondía irónicamente el concejal socialista Daniel Fernández.

Se esforzaba el PP en buscar contradicciones a la oposición sin reparar en las suyas propias: en un recurrente argumento en la Casona, repasaba los servicios externalizados de ayuntamientos socialistas y regionalistas (argumento que emplearon también para defender que Santander es el municipio que más calles ha cambiado cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica obviando cuestiones como el mayor tamaño de la ciudad o que más proliferación de ellas tenía) y negándose a una gestión directa de los servicios después de haber acusado a la oposición de desconfiar de los funcionarios municipales. Además, trataba de negar la mayor, el hecho de que haya que remunicipalizar el servicio porque ya es municipal (propio de ideologías totalitarias entonces, según la tesis que había expuesto antes), para a continuación referirse a la empresa que lo presta,  En la reiteración de lo totalitario entraría que en el propio Consistorio existen aún servicios que no están externalizados.

Por ahí la tiraba Miguel Saro, de Izquierda Unida, añadía que no es que se haya producido un mal funcionamiento, sino que en realidad el equipo de Gobierno «no confía» en los servicios de recaudación municipal y en otros que viene externalizando de «servicios públicos esenciales». que podrían prestarse de forma más «eficiente» desde lo público (ha recordado al respecto las exenciones fiscales de las que disfrutan las instituciones públicas a la hora de facturar servicios).

Desde el PRC José María Fuentes-Pila afeaba al equipo de Gobierno que asegurara que el envío de las cartas no era obligatorio pese a que se llevara haciendo así durante años y acusaba al Pp de no ser capaces de solucionar los problemas «que ustedes mismos generan a los santanderinos».

Por parte del PSOE, Daniel Fernández advertía de las «duplicidades» y «gastos inncesarios» que ha generado el PP con sus externalizaciones de servicios, y en el caso de Tribugest, reclamaba sanciones por incumplimiento del contrato. Fernández ha defendido las remunicipalizaciones, poniendo el ejemplo de Valladolid, que recuperó el control público del agua con un ahorro de 600.000 euros al año.

Parece que sí se ha activado el proceso de expediente, según apuntaba Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede, en una medida que la edil no detalló en su repaso a la gestión de esta crisis.

Cora Vielba, por su parte, criticaba que el Ayuntamiento no le ha dado el contrato que la empresa, que ella ha solicitado.

EL AYUNTAMIENTO PIDE MÁS FLEXIBILIDAD EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santander ha pedido al Gobierno de Cantabria que sea más flexible con la Ley de Espectáculos para evitar que esta norma autonómica implique en la práctica el cierre del espacio público a los actos que organizan colectivos y asociaciones.

Es algo que se debe a los requisitos burocráticos o a la cobertura de un seguro de responsabilidad que se pide a los organizadores de actos, que en el caso de asociaciones o colectivos les está causando problemas, como ha planteado la asociación de vecinos de Cueto con sus fiestas de San Pablo o como han sufrido Las Gildas, que han reducido su actividad callejera.

La moción la presentaba Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede, quien recibió el apoyo del PP, Izquierda Unida, Cora Vielba, David González, pero con la abstención del PSOE y el voto en contra del PRC

Por parte del PP, César Díaz aseguraba que ha quedado claro que la Ley de Espectáculos es una “mala” ley, y planteó una transaccional (una aportación al texto original) en la que se subrayaba la importancia de las medidas de seguridad, que quedó incluida.
Mantecón recordaba que dentro de la aplicación de la Ley se ha detectado esta “laguna” que hace que colectivos y movimientos que no son profesionales de la organización de eventos “se la juegan”.

Saro, de Izquierda Unida, advertía del “brete” en el que pone esta ley a colectivos y ayuntamientos en cuanto al uso del espacio público.

Por parte del PRC, José María Fuentes-Pila, recordaba que la Ley entró en vigor el pasado mes de abril, con un período de adaptación para el resto de instituciones, incluidas las municipales, que deberían desarrollar normativa.

Y si bien entendía los problemas de burocracia que está generando su aplicación, también apelaba a los criterios de seguridad y aseguraba no entender la petición de que se “flexibilizaran” las condiciones de seguridad, preguntando si tendrán “más garantías” los ciudadanos que acudan a eventos organizados por profesionales que los que acuden a otros.

Además, añadía que a la Consejería de Presidencia (responsable de este texto legal) del Gobierno de Cantabria le “consta” el esfuerzo que municipios y colectivos están haciendo, sin que se esté traduciendo en la desaparición de actividades.

Desde el PSOE, Pedro Casares, quien admitía que la ley puede ser “mejorable”, anunciaba también su abstención, apelando a la seguridad.

A ellos, PSOE y PRC, César Díaz les reprochaba su “total desconocimiento” considerando que se han “retratado” por no querer criticar al Gobierno, y lamentaba que esta ley que ha “complicado todo” derivara competencias a los municipios sin dar margen y en contra de “todo el sector”. Díaz cargaba en su intervención contra una ley “rematadamente mala”.

Casares le respondía cuestionando su defensa de la autonomía municipal e incidiendo en que el PP estaba contra la ley, acusándoles de “disimular” su posición al votar junto a Mantecón, recordando que lo hace por motivos distintos a los de Santander Sí Puede, que es por los problemas en movimientos y colectivos. “¿Usted qué dice?”, le replicaba airado César Díaz, pidiéndole más concreción y afirmando que “se acabó el debate ya” cuando el socialista le respondía.

SE RECHAZAN NUEVAS MEDIDAS CONTRA LOS VERTEDEROS INCONTROLADOS

En el Pleno, PP y el tránsfuga de Ciudadanos rechazaron la propuesta de Antonio Mantecón, apoyada por PRC, PSOE o IU, de incrementar las medidas contra los vertederos incontrolados de residuos que proliferan en la costa norte.

Medidas que pasaban por la reubicación del punto limpio de Cueto y en la creación de otro, impedir el acceso a vehículos o en incrementar las sanciones y la vigilancia.

Propuestas que fueron rechazadas, alegando el concejal de Medio Ambiente José Ignacio Quirós que ya se estaban desarrollando (salvo las relacionados con el punto limpio, que dependen del Gobierno de Cantabria). por lo que llamó «ignorante» al concejal de Santander Sí Puede. Mantecón consideró que entonces estaba admitiendo que las medidas del PP eran «ineficaces».

Quirós detalló que el año pasado se hicieron 65 denuncias, y en 2018 se han abierto ya 58 expedientes.

Desde el PRC, el concejal Raúl Huerta recordaba que en el pasado PP y Ciudadanos rechazaron su propuesta de actuaciones de control en la zona, en la que ahora se ha creado un ambiente de «impunidad» en cuanto a la falta de limpieza.

MODIFICACIONES URBANÍSTICAS Y DE HACIENDA

En el Pleno también se aprobó la cuenta general, y dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana del 97, el vigor tras la anulación del de 2012 por el Tribunal Supremo.

Una de ellas la pide la empresa que gestiona la cadena de supermercados LUPA, y que se presenta para paliar las dificultades para la implantación de áreas comerciales en zonas residenciales que se producen al aplicarse el plan del 97 (y que se habían tratado de arreglar con el de 2012).