||por CRISTINA BODEGAS HUELGA, abogada||

Después de un año desde su creación, se puede afirmar que los 54 Juzgados creados específicamente para conocer de todos los asuntos relacionados con cláusula suelo y con cualquier otra cláusula abusiva que formara parte de la hipoteca de una persona física han cumplido más que de sobra con su función, y aunque el Consejo General del Poder Judicial con el beneplácito del Ministerio de Justicia vendieron su creación como la necesidad de que existieran Juzgados especializados ante el aluvión de demandas que se avecinaban, yo más bien me estoy refiriendo a aquellas consecuencias que desde distintos puntos del ámbito jurídico se denunciaron públicamente, cumpliéndose cada uno de los presagios anunciados.

Desde que fueron puestos en marcha el 1 de Junio de 2.017, hemos asistido desde su inicio al colapso absoluto de todos y cada uno de los Juzgados, denominados habitualmente como “Juzgados trampa”. Y es que, en tan solo 15 días de vida, el Juzgado de Instancia Número 101 bis de Madrid recibió 1.102 demandas, alcanzando después de un año 45.654, de las que 22.548 se encuentran aún pendientes de reparto.

Según CSIF, con estos datos y los medios existentes a día de hoy, se tardará como mínimo seis años en resolver las demandas actualmente registradas, lo que es totalmente insostenible.

Concretamente, en Cantabria se han presentado, ante el Juzgado de Primera Instancia Número 2 bis de Santander, cerca de 5.000 demandas en un año, de las que únicamente se ha podido dar respuesta a 1.000, quintuplicándose el número de asuntos que suele recibir un Juzgado en el mismo periodo.

Y lo peor, es que la situación es igual de preocupante en cualquiera de los otros 53 Juzgados creados.

Por supuesto, y como ocurre en otros muchos puntos de nuestra Justicia, los medios materiales y humanos con los que se dotaron los 54 Juzgados trampa resultaban totalmente insuficientes para el volumen de pleitos que entraban diariamente.

En la mayor parte de los casos ha resultado el primer destino de jueces recién llegados a la carrera judicial, que casi sin empezar ya se veían ahogados entre miles de demandas de gran complejidad y con la responsabilidad de sacar adelante un trabajo que conlleva un gran estudio, sabiendo que estaban y están abocados a la saturación y el colapso.

Aunque durante este tiempo los Juzgados trampa se han visto mínimamente reforzados, a día de hoy están todavía muy lejos de lo que resultaría necesario para que pudiéramos estar hablando de una justicia ágil y de calidad.

Mientras, los consumidores se continúan viendo obligados a desplazarse a estos Juzgados (uno por provincia), en muchos casos lejos de sus domicilios, para litigar sobre aquellas cláusulas abusivas que contienen sus hipotecas, para luego sentarse a esperar durante meses a que únicamente sean admitidas a trámite sus demandas, y quizás con suerte, al año siguiente recibir su señalamiento de juicio.

Por su parte, un año después los bancos siguen frotándose las manos viendo como el dinero que obtuvieron de forma abusiva, ocultando la información oportuna a sus clientes, sigue en sus arcas, y cruzando los dedos para que se sigan uniendo más consumidores a aquellos que por razones económicas, por dificultades personales, laborales, etc, deciden no continuar con el periplo judicial en busca de lo que un día pagaron y nunca debieron hacerlo, en definitiva, en busca de Justicia.

Cuando la abogacía reivindica una Justicia cercana para el ciudadano lo hace entre otros muchos ejemplos para evitar que personas que residen alejados de la capital de provincia, en zonas rurales, tengan que desplazarse 50, 100 o 150 kilómetros para hacer valer sus derechos, sin embargo la creación de estos Juzgados “trampa” ha logrado justo lo contrario, alejar, dificultar y en muchos momentos disuadir al consumidor, justo lo que se pretendía ¿verdad?.

A día de hoy, únicamente se han resuelto el 13% de las demandas presentadas en estos Juzgados, por lo que salvo un cambio inesperado en la organización judicial, los consumidores deberán seguir esperando a la Justicia para reclamar sobre cláusula suelo, intereses moratorios, vencimiento anticipado, gastos de hipoteca, comisiones de apertura o hipotecas multidivisa, mientras los jueces, funcionarios, abogados etc continuaremos realizando huelgas y alzando la voz para luchar por una justicia cercana, de calidad, ágil, dotada de los medios económicos suficientes, y de los recursos humanos y materiales para que cualquier ciudadano pueda ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.