La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el exconcejal de Castro Urdiales ex miembro del Partido Popular, José Miguel Rodríguez López, ‘Kaika, y confirma la sentencia de la Audiencia de Cantabria, del 9 de diciembre de 2016, que le condenó a 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por el ‘caso Trapur’.

En la misma sentencia, fue condenada la exconcejala de Sanidad y Servicios Sociales, Elisa Dopico Merino, por prevaricación y cohecho a 5 meses de inhabilitación, por el primer delito, y a 6 meses de prisión, por el segundo, quien no recurrió al Supremo contra su condena.

Rodríguez, que era teniente de alcalde de la localidad costera, fue condenado por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, tras la investigación de la presunta adjudicación a dedo de trabajos de limpieza y desratización en el municipio a cargo de la empresa Trapur.

La causa fue abierta hace nueve años y se ha suspendido en varias ocasiones debido a problemas de salud de Dopico. De hecho, la Audiencia Provincial llegó a anular el juicio por dilaciones indebidas.

El caso está relacionado con los trabajos de desratización de Castro Urdiales durante la primera legislatura del regionalista Fernando Muruguruza, quien el pasado año fue condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación para cargo público al considerarle autor de un delito continuado de prevaricación, durante el año 2004, cuando se inició un proceso de contratación de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y de las de instalación de un ascensor en el mercado municipal, ambas encargadas a la empresa de la que era gerente un hermano de uno de los concejales condenados junto a él.

CASTRO URDIALES Y LA CORRUPCIÓN DEL NORTE

Los casos de corrupción de Castro Urdiales equivalen a la mayoría de los procesos judiciales que hay abiertos en Cantabria por estas cuestiones. Los años oscuros en la gestión de la localidad han salpicado a casi todos los partidos políticos de la época y todavía hoy continúan su trámite en los Juzgados.

En 2017 el Consejo General del Poder Judicial emitía un informe en el que se reflejaba que Cantabria se encontraba en el top 5 de las comunidades con más procesados por corrupción, desmintiendo a un Miguel Ángel Revilla que, por aquel tiempo, presumía de lo innecesaria de la Oficina Anticorrupción –que recientemente ha vuelto a nombrar en el Debate de Orientación Política- porque en Cantabria “no había corrupción”.

Sin embargo, la realidad es que los casos han aumentado en los últimos años, uniéndose al proceso los ocurridos en años anteriores, y eso ha llevado a que un juzgado cántabro haya solicitado este año la intervención de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) del Consejo General del Poder Judicial que se creó hace ahora tres años.

SOBRECARGA DE JUZGADOS

De hecho, recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, destacó que los casos de corrupción han supuesto una “sobrecarga adicional” en algunos órganos judiciales que ha obligado a su refuerzo, como es el caso de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Penal número 3, donde se han tenido que destinar dos jueces de adscripción territorial de apoyo.

A esto se han unido también los casos contra los bancos por las cláusulas suelo y otros productos financieros abusivos comercializados, que han aumentado de una forma que han desbordado las previsiones y han sobrecargado de trabajo del llamado juzgado de cláusulas suelo de Santander, que es el Juzgado de Instrucción Número 2 bis.