Trabajadoras del sector de la dependencia y pensionistas han convocado actos de protesta este sábado, día 28, en Puente San Miguel, donde se celebrarán los actos del Día de las Instituciones (en el que se conmemora la primera referencia histórica institucional a Cantabria, la unión de los valles en un órgano común).

Es una cita a la que acuden los principales líderes políticos de la comunidad autónoma, con discursos institucionales y demostraciones de cultura o deporte tradicional, pero también es escenario de reivindicaciones de movimientos sociales, como por ejemplo en su día la lucha contra el fracking.

LAS AUXILIARES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, PREOCUPADAS POR LAS PRÓXIMAS ADJUDICACIONES

Allí estarán trabajadoras de un sector muy precario, el de la atención a domicilio a personas en situación en dependencia, que además aunque trabajan en empresas privadas, lo hacen dependiendo de lo público que es quien las contrata (a las empresas).

Según explican ellas mismas, le mostrarán a Revilla una carta y un vídeo de todas las compañeras del sector pidiendo su intervención ante la precariedad de las condiciones en que desempeñamos nuestro trabajo.

Tal y como detallan, la publicación de los pliegos de licitación para adjudicar el servicio a las empresas privadas es «inminente». Este servicio se organiza dividiendo Cantabria en cinco zonas de prestación de cuidados a domicilio a nuestras personas dependientes, tarea que prestan más de 400 trabajadoras, ya que se trata de un sector eminentemente femenino.

Las peticiones más relevantes son:

–        Que se les abone a las trabajadoras los gastos de kilometraje para acudir a los diferentes domicilios, que en el caso de las zonas rurales pueden superar los 100 kms diarios. El vehículo es una herramienta imprescindible de trabajo cuyo coste y mantenimiento costeamos las trabajadoras con cargo a nuestro bolsillo, incluyendo incluso el pago de aparcamiento.

–         Que los domicilios se doten de suficientes ayudas técnicas para poder dar un buen servicio al usuario (grúas, camas articuladas)

–         Que se reconozcan las especiales condiciones de penosidad en las que las trabajadoras prestamos servicio con el correspondiente complemento. Nos sentimos como «chicas para todo», olvidadas por las instituciones.

–         Que se realice una verdadera política de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y de los organismos públicos para que podamos trabajar sin asumir riesgos evitables para nuestra seguridad y salud.

–         Que se amplíen las jornadas a las empresas y, por tanto, a las trabajadoras, para que podamos tener la oportunidad de llevar un salario digno a nuestras casas. En definitiva, que se respeten nuestros derechos.

–         Y, sobre todo, que no se licite con empresas que estén condenadas por incumplimiento de la normativa laboral.

Porque lo que ha sucedido en los últimos años es que «la ruptura de la burbuja del ladrillo dio lugar a que muchas empresas vieran el filón que suponen estos servicios y no todas tienen la misma consideración para usuarios o trabajadoras».

PENSIONISTAS, «GOBIERNE QUIEN GOBIERNE»

La Coordinadora Cántabra en Defensa de las Pensiones en una de sus protestas

Y la Coordinadora de Cantabria por las Pensiones Públicas se concentrará junto a la Casa de Cultura de Puente San Miguel, a partir de las 11.30 horas, con el objetivo de recordar a las instituciones “lo que significa gobernar para la mayoría de la población”, entre los que se encuentran las pensionistas.

La Coordinadora incide en que al margen de la propia política de pensiones, que depende del Estado, desde Cantabria se pueden adoptar medidas para este colectivo en materia de residencias “dignas y asequibles”, dependencia, derecho a la vivida, lucha contra la pobreza energética o la sanidad.

“Creemos que las instituciones están para solucionar los problemas, no para hacer política barata del “y tú más”, y por eso les instan a que “se pongan las pilas” y así, de paso, impidan la “desafección” ciudadana a la política.

En cuanto a las pensiones, recuerdan los años en los que han perdido poder adquisitivo, reclaman la recuperación de la jubilación ordinaria a los 65 años, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la derogación de las reformas laborales o que la pensión mínima alcance los 1.080 euros, como indica la Carta Social Europea.

Este colectivo advierte de que “va a continuar en la calle gobierne quien gobierne”, como “única manera de conseguir la atención de las instituciones”.

Tras las reivindicaciones en todo el país de los últimos meses, se ha logrado un pago de los atrasos desde enero tras una revalorización ligada a los Presupuestos Generales del Estado (los retrasos corresponden a la diferencia de la subida respecto a enero), que afectará a 137.622 pensiones en Cantabria y ascenderá en total a 16,4 millones de euros. A partir de la nómina de agosto se consolida el incremento del 1,6% en la mensualidad de las pensiones con carácter general y el 3% para las mínimas, no contributivas y SOVI.