El Defensor del Pueblo estaba estudiando ya quejas ciudadanas por los problemas que venía causando el MetroTus, el ANULADO nuevo modelo de transporte en Santander basado en una línea central por la que circulan lanzaderas que desembocan en terminales con las que conectan con nuevos autobuses que llevan al extrarradio, cuyos vecinos se ven obligados así a hacer transbordos.

Manifestación contra el MetroTus, previa al inicio de las fiestas de Santander

Este sistema, implantado en febrero y que ha experimentado multitud de cambios –el último con motivo de la llegada del verano–, había causado numerosas quejas, la constitución de una Plataforma de colectivos críticos, la convocatoria de manifestaciones y concentraciones o la campaña de bolsas de basura azul en casas y balcones que visibilizan este rechazo,

La crisis del MetroTus estaba trasciendo a la propia Santander: ya se ha aprobado una moción en el Parlamento en contra (sin mayor efecto real) y el presidente Revilla le había dado difusión en sus intervenciones en medios nacionales.

Y el Defensor del Pueblo, organismo estatal que fiscaliza situaciones de mal funcionamiento de las instituciones públicas, había iniciado ya actuaciones tras haberle llegado dos quejas sobre el MetroTus.

Una la trasladó un vecino a título particular, José Luis Cabezón, que fue presidente de la asociación de vecinos Cisneros, y , para quien se trata no sólo de una “chapuza”, sino de un “grave atentado vecinal” y una “maniobra con claras intenciones de perjudicar a los vecinos”, por lo que piden una rectificación.

El Defensor del Pueblo informa a este particular de que ha recibido la queja y de que pediría información más detallada, que ya le había requerido al Ayuntamiento de Santander

En el escrito, al que ha tenido acceso EL FARADIO, se reivindicaba que “el Ayuntamiento tiene el deber de atender a todos los ciudadanos, incluidos los del extrarradio y todo por el bien común.

Asi, repasan las generalizadas quejas contra el Metrotus, tanto de usuarios –citando las manifestaciones vecinales o la profusión de bolsas de basura azul como de sus trabajadores, sindicatos, asociaciones vecinales como Piedras Blancas en San Román o el propio Parlamento de Cantabria, que aprobó una moción pidiendo que se cambiara el modelo. Además, advierten de que muchos de los perjudicados por este sistema son votantes del PP.

También se ha dirigido al Defensor del Pueblo la Plataforma Transporte Santander, que agrupa a colectivos y entidades críticos con el Metrotus, convocante de las manifestaciones y concentraciones contra el sistema.

La Plataforma pide al Defensor del Pueblo que intervenga para “aplacar” este “atropello” y “despropósito” por el cual se sienten “castigados”.

En su escrito se refieren a la situación de los barrios periféricos de Santander, como Monte, San Román, Cueto o Peña Castillo, y describen como se cambió “radicalmente” el modelo de transporte con estas zonas, extendiendo los perjuicios a otras zonas como el populoso barrio de Castilla-Hermida o el sector de los comerciantes del centro.

Entre los inconvenientes causados, además de los problemas de comunicación y retrasos en estas zonas, también apuntan a que no sólo no se han resuelto sino que se han incrementado otros problemas como los atascos

Y recuerdan que la Ley de Transportes de Cantabria obliga a atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades de movilidad, bien por criterios económicos o bien por encontrarse en núcleos de población con menores facilidades o despoblados.

Asimismo, lamentan que la actitud del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento haya sido intentar “convencerles” de las bondades del sistema en lugar de atender su petición de volver al modelo anterior.

El Defensor del Pueblo emite un informe anual de resumen de sus actuaciones, que incluyen la recopilación de los asuntos que ha analizado y las peticiones que realiza expresamente a la administración de que introduzca mejoras en su funcionamiento (como por ejemplo hizo con las deficiencias sanitarias en la reconstrucción mamaria tras un cáncer de pecho, corregidas; o con la saturación de las prisiones cántabras, entre otras), Las sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana también fueron modificadas en Cantabria tras quejas del Defensor del Pueblo, al que en su día le han llegado también quejas por los excesos en la senda costera, o los proyectos urbanísticos en barrios como El Pilón.

Las recomendaciones del Defensor del Pueblo no son de obligado cumplimiento legal, pero sí que revisten carácter simbólico. Un reproche del Defensor del Pueblo se hubiera sumado a la lista de derrotas que viene sufriendo el Consistorio, que arrancan con la anulación del PGOU por el Supremo, las sentencias pérdidas por la plusvalía y las devoluciones por el catastrazo o las contrataciones irregulares en Santurban, entre otras.