La Ley de Espectáculos que ya amenazaba las fiestas en la calle de barrios, pueblos y colectivos sociales, ha sido uno de los motivos que ha impedido la celebración de la cuarta edición del festival de música alternativa, Pozona Fest.

El festival, que se presentaba en ediciones anteriores como una alternativa reivindicativa, destacaba por las actuaciones musicales gratuitas y las charlas-debate sobre conflictos sociales en los que participaban agrupaciones y colectivos.

Coincidiendo con la Semana Grande de Santander, Pozona Fest era una opción para aquellos que querían vivir las fiestas de una manera más reivindicativa y comprometida con los barrios. Se trataba de un evento abierto a todas las edades en el que se realizaban juegos infantiles y se servía comida vegana a precios populares.

Pero al llegar a la que iba a ser su cuarta edición, el Pozona Fest se ha topado con la famosa Ley de Espectáculos que lleva desde su entrada en vigor en abril del año pasado, azotando a todo tipo de fiestas en la calle.

Debido a la serie de requisitos dictados por la normativa, la organización del festival se ha visto obligada a suspender el evento, aunque Eloy, componente del proyecto, confiesa a EL FARADIO que mantienen la intención de realizarlo, bien sea en otras fechas, o esperando a la próxima edición en la que mejorar los medios y poder cumplir la normativa.

El evento contaba con un saldo de 3.000 euros al día con el que los organizadores se veían justos para poder ofrecer los espectáculos y actividades que componían el Pozona Fest. A pesar de tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, que se autofinanciaba, la Ley de Espectáculos ha dado la puntilla por las condiciones inasumibles para colectivos, y el Ayuntamiento de Santander, quien otros años colaboraba con el festival, no ha luchado por lo contrario, lamentan.

«Para algo que quieres hacer sin ánimo de lucro, te ponen una serie de impedimentos que acaban con la idea», declaró Eloy.

LA LEY DE ESPECTÁCULOS AFECTA A TODOS

La nueva normativa ha cerrado el espacio público a celebraciones de colectivos culturales o vecinales al obligar a contratar seguros de responsabilidad o seguridad privada que elevan los gastos para los organizadores que no son profesionales en la materia.

Además, aumentó en su momento los requisitos burocráticos en otros aspectos como la revisión del cumplimiento de instalaciones de luz, sonido o carpas.

La primera advertencia sobre las desventajas de la Ley de Espectáculos aprobada por el Parlamento de Cantabria (publicada en el BOC el 18 de abril de 2017) llegó a través de Las Gildas, el colectivo de mujeres que recauda fondos para proyectos de cooperación internacional mediante la organización de fiestas en la calle, ofreciendo pinchos y música en directo.

Las Gildas tuvieron que suspender sus citas mensuales en la calle y limitaron su actuación a los encuentros de Té y Café ya que no tenían acceso a otro tipo de financiación institucional o empresarial.

Surgió igualmente una gran polémica sobre la celebración de las fiestas de San Pablo en Cueto. La organización de dichas fiestas estaba en manos de la comisión, pero los últimos años la propia Asociación de Vecinos se puso al mando.

El año pasado, durante la celebración un joven fue apuñalado de gravedad, suceso que conmocionó al barrio santanderino. Debido a la nueva normativa, la responsabilidad subsidiaria por un incidente de cualquier tipo recae en el promotor, en este caso la Asociación de Vecinos.

Tras la negativa de la Asociación de Vecinos por continuar con las fiestas de 2018 debido a las responsabilidades que establece esta Ley de Espectáculos, un grupo de vecinos tramitó su constitución como asociación socio-cultural para celebrar las fiestas programadas para los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.

En otros barrios como Castilla-Hermida se enfrentan al mismo problema. La Asociación de Vecinos quiso recuperar sus fiestas (tradicionalmente Fiesta de Primavera) y trasladarlas al puente de la Bien Aparecida en el Paseo de Marqués de la Hermida, pero con la nueva normativa suspendieron el intento.

Carmen Martín, de la Asociación Cántabra Contra el Sida (ACCAS) ya declaró hace dos meses para EL FARADIO que “a nosotros también nos ha pasado, cada vez es más complicado hacer algo en la calle y poder implicar a los ciudadanos”.