El Banco de España ha impuesto una multa de 485.000 euros al Banco Santander por incumplir sus obligaciones con deudores hipotecarios sin recursos.

Sede del Banco Santander

En realidad la multa se aprobó en octubre de 2017, ahora lo que sucede es que el Banco de España ha rechazado el recurso que interpuso contra esa decisión la entidad financiera nacida en Cantabria. Con todo, queda pendiente un recurso en los tribunales.

La multa es consecuencia de que el banco presidido por Ana Patricia Botín haya incumplido las obligaciones legales en materia de protección de deudores de hipotecas sin recursos, dentro de lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas de los bancos para luchar contra los desahucios.

En concreto, el Santander había incurrido en una infracción grave por no cumplir el Código desde que el deudor hace notar que se encuentra en el umbral de exclusión social.

Para entidades como ADICAE, la asociación de usuarios de banca y seguros, esta sanción sienta un importante precedente que puede ser positivo si este criterio se aplica «en su totalidad porque en la actualidad existen aún consumidores que están siendo desahuciados». 

En cualquier caso, la asociación espera que la nueva ley hipotecaria cambie el Código de Buenas Prácticas y mejore la situación de los consumidores que se encuentran «totalmente indefensos» y ha pedido más transparencia en multas y sanciones porque ahora se llevan con «un secretismo absoluto».

No es la única multa que viene recibiendo en los últimos tiempos el Santander: el pasado mes de abril el Tribunal Suprimo confirmó multas en su contra por valor de 16,9 millones de euros por no dar información adecuada sobre los Valores Santander.

Este, los Valores Santander, es un producto financiero que ofrecía acciones que luego no tuvieron el retorno comprometido.

Las distintas multas que les ha impuesto tanto ahora el Supremo como otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores les reprochan el haber tratado a los usuarios, pequeños ahorradores o empresas, como si fueran grandes inversores y expertos en finanzas.

Sea como sea, parece que se prevé un otoño difícil en materia de desahucios, como advertía recientemente la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Según señalaban, un buen número de familias de Cantabria se van a enfrentar al desahucio en los próximos meses debido a la negativa de las entidades bancarias a renovar los alquileres sociales firmados tras aceptar las familias la “dación en pago” y resolución de sus hipotecas.

Estas familias siguen estando en situación de extrema necesidad habitacional, debido a que su situación económica les impide acceder al mercado de alquiler privado debido a la burbuja de alquiler en la que se encuentra el mercado hipotecario español y la falta de un parque público de vivienda que palíe esta situación, con viviendas en manos de sociedades inmobiliarias, “fondos buitre” o grupos inmobiliarios.

De momento, el día 6 de septiembre ya hay una fecha de desahucio impulsada por una sociedad inmobiliaria propiedad de Liberbank.

El Gobierno cuenta con una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda.

La PAH viene reclamando una ley de vivienda que convierta la vivienda y el alquiler social en prioridades. Para lograrlo se están recogiendo firmas en toda Cantabria para impulsar un ILP que lleve hasta el pleno del Parlamento de Cantabria esta proposición de ley.

Sería un nuevo paso en la fijación del problema de los desahucios en la agenda de las instituciones cántabras, que ya esta legislatura crearon, a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la Oficina de Emergencia Habitacional, con funciones de asesoría e intermediación en desahucios de vivienda y locales en propiedad o alquiler.

Este recurso se encuentra en la calle Juan de Herrera, 2-4, 5ª planta, y atiende en http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es.

Igualmente, se han habilitado dos teléfonos 942 318 980 y 942 318 982 en los cuales se puede solicitar cita previa para concertar una fecha de atención en la oficina, junto con la dirección de correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es.