El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha admitido que se han podido cometer errores en sus contrataciones, pero niega que se hayan producido fraccionamiento de contratos y que se haya pagado por obras y servicios no realizadas o no entregadas.

Son las principales tesis de las alegaciones que ese organismo ha presentado al informe de Intervención (el organismo del Gobierno encargado de fiscalizar que la acción del propio Ejecutivo sea correcta).

Y con las que trata de desmentir tanto los contenidos del borrador del informe al que alega como las principales acusaciones que por este asunto se vienen haciendo desde la oposición, haciéndose eco a su vez de la denuncia de una alta funcionaria del SCS sobre asesores externos de empresas vinculadas entre sí y ligadas al hijo del alcalde de Suances beneficiadas por estos contratos. El asunto ha causado ya dimisiones en el SCS, una reprobación a la consejera de Sanidad y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, a instancias de Izquierda Unida y el Partido Popular.

Desde el SCS se enfatiza que en las contrataciones no hubo ninguna arbitrariedad y que la contratación se ajusta a la normativa. Y se explicaba que lo que ha sucedido con los contratos por servicios similares pero cifras menores que ha llevado a hablar de fraccionamiento (lo que permitiría adjudicación directa) es que se refieren a unidades funcionales distintas entre sí.

Las alegaciones las ha presentado en una apresurada rueda de prensa el gerente de lSCS, Benigno Caviedes, acompañado de otros responsables de este organismo, sin que estuviera presente la consejera María Luisa Real.

Su ausencia ha llevado a Izquierda Unida, partido que ha llevado el asunto a la Fiscalía, a reprocharle que no «dé la cara», recordando que hasta la fecha ha negado las irregularidades, ha centrado las responsabilidades en dos cargos del SCS que dimitieron (alegando motivos personales, en cambio), o culpando al interventor por no remitir el informe a la Fiscalía que primero ella había dicho que no hacía falta enviar por ser provisional. Todo por «lavarse las manos» y «no asumir su responsabilidad», le recriminaba la coordinadora de IU, Leticia Martínez.

Mientras, desde el Partido Popular, su portavoz Íñigo Fernández interpretaba que el mantenimiento de Real en su cargo supone que el presidente Revilla ha «cedido el mando» del Gobierno al secretario general socialista y delegado de Gobierno, Pablo Zuloaga, que está llevando al Ejecutivo a un «giro a la izquierda» en base a pactos con Podemos que supondrá, decía, subidas de impuestos.