Pasaje Seguro exige la suspensión «definitiva» de la venta de armas a Arabía Saudí
Pasaje Seguro ha exigido al Gobierno central la suspensión «definitiva» de la venta de armamento a Arabía Saudí, que puede ser usado en la guerra de Yemen.
Protesta de Pasaje Seguro, esta tarde (Foto: Pasaje Seguro)
Tráficos como el del Bahri Hofuf, perteneciente a la naviera saudí, que visita ocasionalmente el Puerto de Santander. Así lo ha hecho este miércoles, cuando ha cargado diez contenedores con balas y granadas.
Este colectivo, promotor de recogidas de firmas y acciones de protesta, como una concentración esta misma tarde, a las 20.00 horas, lamenta que «exportamos ilegalmente armas que matan y expulsan a la gente de sus casas y países y cuando llaman a nuestras puertas se las cerramos».
Valoran la reciente noticia de que Defensa haya suspendido la venta de 400 bombas que el ejército español se había comprometido a enviar a Arabia Saudí (junto con mucho más material ya exportado) «desde los tiempos del Ministro de Defensa del PP Pedro Morenés (que fue consejero de la fábrica armamentística “Instalaza S.A.” de la que procederían las bombas)».
«Nos alegramos que el PSOE, que votó el año pasado con el PP y Ciudadanos a favor de mantener el comercio de armas con Arabia Saudí en la Comisión de Defensa, haya rectificado su posición. Pero ello aún no supone la suspensión definitiva del comercio de armas con estos países», advierten.
En el comunicado, recuerdan que hace tan sólo unas semanas un bombardeo saudí causó la muerte de 51 personas, 40 de ellas niños, en Yemen.
Según Amnistía Internacional, España es el cuarto país exportador de armas a Arabia Saudí. Entre 2013 y 2017 nuestro país vendió a los sauditas armas por casi 1.000 millones de € (sin contar 5 corbetas por 2.000 millones de euros). A estas ventas se suman los 100 millones de euros procedentes de la venta de armas a distintos estados pertenecientes a la coalición que interviene en Yemen (Egipto, Sudán, Kuwait, o Bahréin), o a las que se venden a Israel.
También se venden armas a algunos otros países que difícilmente pueden garantizar que no las utilizarán contra población civil (caso de Turquía, que ha bombardeado población kurda), añaden.
DENUNCIAN LA CRIMINALIZACIÓN Y LAS EXPULSIONES DE MIGRANTES
La venta de armas ha sido uno de los motivos que ha centrado la concentración de protesta convocada este miércoles por Pasaje Seguro.
Pero inicialmente se había convocado –simultáneamente a las de otras ciudades– como denuncia de la situación de los inmigrantes que vienen a España, contra las políticas de «criminalización» y sus expulsiones (en relación a las que se produjeron a 114 personas el pasado agosto en Ceuta).
La protesta ha sumado los motivos de las devoluciones express y el comercio de armas (Foto: Pasaje Seguro)
En el comunicado de la concentración, celebrada en la Plaza del Ayuntamiento, se advierte de que esta expulsión supone «una grave violación de los derechos humanos de las personas expulsadas, y un flagrante incumplimiento de los convenios internacionales sobre asilo y refugio firmados por el reino de España».
«La celeridad de la expulsión y la ausencia de cualquier tipo de garantías sobre la seguridad de estas personas en Marruecos incrementan la gravedad de la medida», añaden, criticando las «insuficientes» explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
A su juicio, sus justificaciones fueron «inadmisibles» y auguran un «endurecimiento» de las condiciones de vida y seguridad de las personas migrantes en la frontera sur.
Pasaje Seguro critica las deovluciones en caliente en la frontera
«Es inadmisible que el gobierno socialista, que creó expectativas respecto a un giro más humano y acorde a la legalidad internacional en la política migratoria estatal, esté contribuyendo a difundir la idea de invasión en la frontera sur, cuando a lo que asistimos realmente es a la llegada en condiciones precarias y de riesgo de vida, de personas que se juegan la vida en el mar, o se descarnan brutalmente en vallas propias de un campo de concentración. Efectuar acusaciones colectivas, sumarias, sin investigación rigurosa ni protección jurídica efectiva alguna es inadmisible e ilegal. Agitar el fantasma de las mafias es enmascarar y simplificar la realidad», aseveran, criticando que estos relatos «conectan» con el discurso «xenófobo» de PP o Ciudadanos, de Salvini (Italia) u Orban (Hungría).
Frente a esta política, se preguntan «¿por qué no hay cupos, y ofertas legales de trabajo para la UE en los países de origen?» o «¿por qué no hay oficinas de los países de la UE en Marruecos, en Túnez, en Argelia, para que las personas solicitantes de asilo puedan pedirlo con seguridad y con certeza de ser acogidos en tiempo y forma?», como forma de evitar que quienes entren lo hagan «ilegalmente» y sean «mano de obra barata y sin derechos».
Y precisan con datos las afirmaciones que hablan del origen africano de estos flujos. Según detallan, las cifras de migraciones del INE, muestran que, en el período de 2008 a 2017, España recibió a 558.467 inmigrantes nacidos en países africanos. Y en ese mismo periodo, 556.508 inmigrantes nacidos en países africanos abandonaron el país. De modo que la comparación de ambas cifras deja un saldo migratorio positivo de solo 1.942 personas en la última década.
Además, los datos apuntan que ningún país del África subsahariana se encuentra entre las principales nacionalidades de origen de los migrantes. El primer país subsahariano se encuentra en el puesto número 30 de las principales nacionalidades de inmigrantes, según los datos del INE.
EL GOBIERNO ANUNCIA CAMBIOS EN LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
Samuel, el menor camerunés que destapó la situación de los MENAs
Otro de los asuntos que ha centrado el trabajo en los últimos tiempos de Pasaje Seguro es la situación de los MENAS, los menores extranjeros no acompañados, a raíz de la situación de uno de ellos, Samuel, que consiguió la estancia en Cantabria frente al criterio del Ejecutivo que le inclinaba hacia la expulsión.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, se ha comprometido este miércoles con las comunidades autónomas a llevar al Consejo de Ministros, en un plazo aproximado de seis semanas, la aprobación de un Real Decreto para la mejora y la atención a estos menores que han llegado a nuestro país solos o que se han quedado aquí, atendidos por los servicios sociales hasta la mayoría de edad, quedando luego en situación de desprotección y sin cobertura. Administraciones como la de Cantabria precipitaban que se les considerara mayores de edad al encargar unas poco fiables pruebas de edad que además desaconsejan las normas internacionales cuando se dispone de documentación, como fue el caso de Samuel.
La norma contará con un presupuesto de 40 millones de euros y tendrá una vigencia de seis meses. El objetivo es el reparto de fondos vinculados a la atención y la acogida solidaria de MENA entre comunidades autónomas. Esta acogida solidaria y coordinada tendrá carácter voluntario y, además, contará con la autorización del Gobierno con el objetivo de que se cumplan requisitos adecuados de calidad y evaluación en la prestación de los servicios.
El Ministerio ha propuesto además la modificación del Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados, que data de 2014, con el fin de homogeneizar, agilizar y dotar de mayores garantías la entrada de los menores a los sistemas de protección de la infancia. Para ello se revisarán los procedimientos de ingreso en los centros; la identificación con el objeto de establecer criterios coordinados en todas las comunidades; la mejora de los protocolos de actuación sanitaria o mejora de la comunicación con el Registro de menores.
La tercera línea de actuación será la equiparación del modelo de atención a los menores extranjeros no acompañados en todas las CCAA y ciudades autónomas.
Por cierto, que la directora del Instituto Cántabro Social, Felisa Lois, responsable de la política de acogida a MENAS (y de medias como encargar las cuestionadas pruebas de edad que encaminan a estos jóvenes a la expulsión contra todo criterio legal o social), sí que ha dado datos sobre los MENAs que hay en Cantabria: 72, a fecha 31 de agosto. Esta cifra es MÁS DEL DOBLE de la que cuantificaba en 2017 la ONG Save The Children (31), y contrasta con la actitud de su superior Eva Dïaz Tezanos, vicepresidenta de Cantabria y consejera del ramo, quien aseguró en una comparecencia parlamentaria que NO SE DISPONÍAN DE DATOS. Y eso a pesar de que la Fiscalía informa de ellos en sus memorias anuales (una quincena en 2016).
El Defensor del Pueblo y organizaciones de protección a la infancia habían cuestionado el modelo español de atención a los MENAS.
