El anuncio de marcha atrás en un contrato de venta de bombas a Arabia Saudí despertó sentimientos de esperanza entre las ONGs estatales que se oponen a estos tráficos, pero también desató todo tipo de reacciones en contra: desde la vía diplomática de la propia Arabia Saudí por el temor a que detrás fueran más contratos hasta las protestas de los trabajadores de Navantia en Cádiz y las reacciones políticas de la Junta de Andalucía o el alcalde de Cádiz, ‘Kichi’. Todo sucedió en una semana en la que al Puerto de Santander llegaba el barco saudí Bahri Hofuf sin que el Ejecutivo central haya podido garantizar que su carga de armas y bombas cumpliera con la ley. En el Senado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rebajaba de suspendido a «en estudio» la fase en que se encuentran estos concretos

Margarita Robles, ministra de Defensa, compareciendo este lunes en la Comisión de Defensa en el Senado

Las ONGs que han promovido la campaña ‘Armas bajo control’ (que se reunieron la semana pasada con la secretaria de Estado de Comercio sin ningún anuncio concreto más allá de una revisión, luego derivada a un control en el lugar del destino) asisten a este debate con preocupación, por lo que le han remitido una carta directamente al presidente Pedro Sánchez. Las ONGS son Amnistía Internacional España, Fundipau, Greenpeace España, Oxfam Intermón.

En la carta reconocen que acogieron con «satisfacción» el anuncio de «revisión» de las condiciones de venta, un «primer paso» para la suspensión, así como las condenas políticas del Gobierno a los bombardeos. para pasar a la «preocupación» al trascender también que el Ejecutivo se está «replanteando» algunas de estas medidas por el posible impacto que podrían tener sobre el contrato firmado en julio de este año entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas.

Tras la agitada semana pasada, en la agenda hay una cita importante: el próximo 19 de septiembre se reúne la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), para decidir sobre este tipo de operaciones.

Ese día esperan que además se produzcan «medidas significativas» para que España haga algo que no dejan de estar haciendo ya otros países, como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega o Finlandia, que no autorizan ni exportan armas que se puedan usar en el conflicto de Yemen, como ha pedido la ONU recientemente.

Al respecto, recuerdan que la citada empresa no ha presentado aún una solicitud de autorización de la licencia individual de exportación, que, de llevarse a cabo, incurre en «un riesgo sustancial de que se podrían utilizar para imponer un bloqueo marítimo que viola el derecho internacional humanitario que condena a la hambruna a Yemen o atacar a la población civil y cometer crímenes de guerra»; por tanto, es contraria a la legislación internacional, de modo que piden que no se autorice a menos que se descarte este riesgo.

Lo que piden es cesar estas operaciones, rechazando las autorizaciones a las exportaciones, y también al envío de armas desde los puertos españoles (caso de la presencia recurrente de Bahri en Santander.

NO CONVERTIRNOS EN CÓMPLICES

Las ONGs de la campaña ‘Armas bajo control’ en la sede del Ministerio de Industria (Foto: Amnistía Internacional)

«Somos conscientes de la dramática situación de desempleo en la que se encuentran determinadas zonas de España y queremos recordar que es responsabilidad del Gobierno español y de las demás autoridades autonómicas y locales crear las condiciones para que haya alternativas laborales que no conlleven la posible comisión de crímenes de guerra ni tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos», expresan.

Aunque también se refieren a informaciones en las que se habla de la negativa de la empresa Navantia a aceptar otros contratos ante una excesiva carga de trabajo.

«Son muchas las vidas que están en juego y como sociedad civil nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra. Querer enfrentar a las víctimas de un conflicto con las víctimas de la precariedad laboral es obsceno. Solo la ceguera, el cortoplacismo y los intereses de aquellos que nos quieren obligar a elegir entre paro y muerte pueden sentirse satisfechos en los términos en los que se ha colocado el debate a día de hoy, en el que debe primar el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho internacional frente a cualquier otro argumento», aseveran.

Tal y como señalan, » España no puede continuar suministrando armas a la coalición saudí, pues corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional», algo que además le ha recordado la sociedad civil española.

18.000 BOMBARDEOS

Las ONGs ponen como ejemplo el caso que más ha saltado a la opinión pública: el pasado 9 de agosto, la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí llevó a cabo un ataque aéreo contra un vehículo escolar en un mercado en Dhahyan, una localidad del norte de Yemen, lo que causó la muerte a 51 personas, entre ellas más de 40 niños, y heridas a decenas de personas, al parecer con una bomba guiada de precisión Lockheed Martin, fabricada y suministrada por Estados Unidos.

Operación de rescate en Yemen tras un ataque aéreo por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí (Foto Rawan Shaif /Amnistía Internacional)

En un caso del 25 de agosto de 2017, documentado por Amnistía Internacional, una bomba guiada por láser tipo Paveway, fabricada por Raytheon, alcanzó unas viviendas civiles en la mayor ciudad de Yemen, Saná. Buthaina, una niña de cinco años, fue la única superviviente de su familia. En el ataque murieron sus padres y sus cinco hermanos y hermanas de entre dos y 10 años de edad.

El 15 de agosto de 2016, otro misil guiado Paveway alcanzó un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en pleno funcionamiento, matando a 11 personas, entre ellas un miembro del personal de la organización, e hiriendo a otras 19. Este ataque privó a una población vulnerable de un servicio vital de atención a la salud, e hizo que MSF retirara personal de otros seis hospitales del norte de Yemen.

Han sido los bombardeos más mediáticos o fiscalizados, pero no, ni muchos menos, los únicos: según sus cálculos, desde finales de marzo de 2015 hasta finales de julio de 2018, la coalición saudí ha llevado a cabo más de 18.000 bombardeos con armas suministradas por diversos países, y ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en los que ha atacado a población civil, escuelas, hospitales, mezquitas, fábricas, mercados, bodas y funerales, entre otros objetivos no militares.

Según el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que recomienda a la comunidad internacional «Abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto de Yemen”, todas las partes en el conflicto armado de Yemen han cometido con impunidad violaciones graves del derecho internacional.

El coste humano del conflicto de Yemen en los más de tres años y medio que dura ya y que ha sido calificado por la ONU desde marzo de 2017 como «la mayor catástrofe humanitaria actual», con un mes de agosto que ha sido el peor de todo el conflicto.

Según Naciones Unidas, hasta finales de enero de 2018, en el conflicto de Yemen habían muerto al menos casi 6.000 civiles, más de 50.000 han resultado heridos y hay tres millones de personas desplazadas internas.

De una población de 29,3 millones de personas, en abril de 2018 más de 22 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria (11,3 millones en una situación de extrema necesidad) para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo de Yemen por parte de la coalición saudí, que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario.