Las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) amenazan con marcar el curso político que además es prácticamente precampaña electoral, y con toda probabilidad protagonizará un nuevo caso de lo que empieza a ser una comisión más en el Parlamento de Cantabria: la de investigación (en los últimos años una figura apenas usada ha pasado a emplearse con GFB y Cantur –hacia la gestión de PSOE-PRC,  y Ecomasa, -hacia la gestión del PP).

José Ramón Blanco, diputado de Podemos (Foto: Podemos)

Ahora el péndulo parece inclinarse más hacia PSOE-PRC (especialmente a los socialistas, que gestionan la Consejería de Sanidad), si bien Podemos marca distancia con ellos y con el PP, y recientemente el portavoz Víctor Casal recordaba que el tema en cuestión en este caso, los fraccionamientos de contratos, fue práctica también con el PP.

Y a Podemos se le quedó en la lista de pendientes de la pasada legislatura una comisión centrada en las obras de Valdecilla, el megacontrato de Ferrovial (no hay que olvidar que su impulsor, César Pascual, está imputado en Madrid por otra adjudicación a esta constructora que gestiona los servicios no sanitarios del afamado hospital cántabro).

De momento, el diputado morado José Ramón Blanco avanzaba este lunes, a una semana del primer pleno tras el parón estival, la petición de la comisión de investigación sobre las contrataciones, extendiéndola al año 2011, es decir, a la legislatura de Ignacio Diego con Buruaga en Sanidad (2011-2015) y a la actual (2015-en ello estamos), de modo que en la práctica su destino será todo un juicio al ‘tripartidismo’ cántabro.

Para que una comisión de investigación salga adelante, el reglamento del Parlamento (artículo 54, punto 1) marca que la deben pedir o dos grupos parlamentarios. PSOE, PRC y Ciudadanos han apoyado la Comisión, no así el PP al abarcar su propio período de gestión.

Blanco enmarcaba la petición de comisión en su política de “corrupción cero” y con el objetivo de desentrañar lo que ve como un «sistema normalizado de contrataciones irregulares».

“La sanidad cántabra tiene grandes carencias, tanto de personal como de recursos, y mientras tanto vemos cómo se dilapida el dinero público en actuaciones irregulares. Hemos visto fraccionamientos de contratos para saltarse todos los procedimientos de adjudicación y control por parte de la administración; se han otorgado obras a dedo a amigos o personas cercanas a los diferentes partidos políticos. Todo esto para nosotros es intolerable”, ha censurado.

Para Blanco, la comisión de investigación permitirá aclarar todas acusaciones que se han realizado mutuamente desde el PP y el PSOE sobre la gestión de cada partido en el SCS.

“Se tiene que investigar en profundidad qué está pasando en el Servicio Cántabro de Salud, cómo se han otorgado esos contratos tanto en la legislatura anterior como en la actual, porque los cántabros y cántabras tienen todo el derecho de saber qué es lo que ha estado ocurriendo en una entidad pública”.

El diputado ha señalado que la intención de Podemos es conocer las conclusiones antes de que finalice la legislatura y para ello ha apelado a la voluntad de todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento para trabajar “intensivamente” para “dar solución a las irregularidades que se han detectado en la sanidad cántabra”.

DEL DESEMBARCO DE ASESORES EXTERNOS A LA FISCALIZACIÓN DE LA SANIDAD DESDE 2011

Se extiende así el asunto que empezó con la denuncia de una alta funcionaria del Servicio Cántabro de Salud que habló de un «desembarco» de asesores externos en este departamento para hacer contrataciones.

A partir de ahí empezó a concretarse: una serie de empresas relacionadas entre sí por tener el mismo administrador, hijo del alcalde socialista de Suances, en algunos casos por trabajos no realizados o entregadas, y de forma fraccionada, es decir, reduciendo su cuantía para que parecieran contratos menores y pudieran adjudicarse de forma directa, sin competencia.

El Partido Popular ha amplificado las revelaciones, que además están siendo investigadas por la Fiscalía a petición tanto suya como de Izquierda Unida. En el Servicio Cántabro de Salud se han producido ya dos dimisiones, mientras la consejera suma una reprobación parlamentaria y queda por conocerse el informe final de Intervención, el organismo que fiscaliza la actividad de la propia administración.

EL PP ECHA DE MENOS A REVILLA EN LA CUMBRE SOBRE FINANCIACIÓN

María José González Revuelta, secretaria general del PP (Foto: PP)

El curso político también supone el arranque de la temporada televisiva, de modo que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla estará este lunes en El Hormiguero, de donde es un habitual,

También le podremos ver este mismo lunes en un programa especial, grabado, sobre personas centenarias, con Jordi Evole, en la que la presencia de Revilla dando una sorpresa a una de ellas es el principal reclamo de su promo.

Esa agenda televisiva ha hecho que el PP pidiera al presidente explicaciones sobre su ausencia en la reunión de Zaragoza en la que comunidades autónomas con intereses comunes van a reclamar al Gobierno un acuerdo sobre financiación autonómica.

Las comunidades son Asturias, Galicia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla-León, con presidentes de distinto signo político y una agenda centrada en la despoblación. Revilla tampoco acudió a una reunión similar hace un año.

González Revuelta ha dicho que «si Revilla no ha asistido porque no le han invitado es malo para Cantabria porque deriva de su aislamiento institucional, pero si le han invitado y no ha ido, es todavía peor, porque queda claro lo que le importan los intereses de la comunidad autónoma».

«Parece que para Revilla es más importante su vuelta esta noche a El Hormiguero que liderar un asunto en el que la comunidad se lo juega todo», sentenciaba la dirigente del PP.

Desde el Gobierno la respuesta venía al día siguiente en EL DIARIO MONTAÑÉS, con una petición de explicaciones de Revilla por no haber sido invitado a esta cumbre. 

EL PP ‘ESTIRA’ LA GESTIÓN DE DE LA SERNA EN FOMENTO

La ‘ofensiva’ del regreso de la actividad política en el PP pasaba también por la reivindicación de las infraestructuras y compromisos del anterior Gobierno de Rajoy (especialmente del área de Fomento en la que estaba el exministro y exalcalde de Santander Íñigo de la Serna) con Cantabria y la puesta en valor del papel del Senado en este escenario.

Los tres senadores del PP en Cantabria (Foto: PP )

Los tres senadores por Cantabria del Partido Popular, Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino, anunciaban en rueda de prensa la presentación de una batería de propuestas en el Senado con el fin de que se cumplan los compromisos presupuestarios con Cantabria al haber constatado ellos este tiempo que «el Gobierno de Sánchez está haciendo pagar a los cántabros la factura de su ambición por ser presidente con el apoyo de los partidos independentistas», detallando que esa inversión ascendía a 272 millones, un 36% más que el año anterior.

Compromisos que repasaban: la materialización de los trámites previstos para la llegada de la Alta Velocidad a Reinosa y de las altas prestaciones a Santander, mejorar la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao, «garantías reales» de que se van a respetar los acuerdos para las integraciones ferroviarias de Santander y de Torrelavega, el plan de Cercanías dotado hasta el año 2022 con 530 millones de euros.

Junto a ello, y en materia de carreteras y autovías se reclamará la ejecución del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda o el nuevo ramal de acceso al Puerto de Raos, la ampliación de la capacidad de la A-67 y el tercer carril de la A-8entre Solares y el límite con Vizcaya.

En otras materias se exigirá el cumplimiento de los compromisos sobre el Archivo Lafuente y el Centro Asociado del Reina Sofía, la financiación integra del Proyecto del museo de los Fondos de la Colección Enaire de AENA en Gamazo (ya la recordaba este fin de semana el PP en el Ayuntamiento de Santander), concluir con el pago de Valdecilla, ejecutar las infraestructuras pendientes de saneamiento y completar nuestras conexiones secundarias por carretera con Vizcaya y León.

En respuesta, la secretaria de Comunicación, Ainoa Quiñones, tachaba al PP de “oportunista” al cuestionar la gestión del Gobierno Sánchez y le pide que “eche la vista atrás a ver si consigue recordar algún cumplimiento del PP con Cantabria”

Quiñones garantizaba que el Gobierno de España cumplirá los compromisos con Cantabria reflejados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE).

E ironizaba con que de hecho  la mayoría de compromisos que los senadores del PP exigirán en el Senado ya han sido confirmados por el nuevo Gobierno, como la integración ferroviaria en Santander y Torrelavega, la sede del Reina Sofía en Santander o el avance “en las infografías de De la Serna” para la llegada del AVE, “ya están en marcha”.

A su vez, la también secretaría de Economía de la ejecutiva regional, asegura que se han iniciado las obras de la variante de Torrelavega, se han licitado y adjudicado las obras de acceso al puerto de Santander y hoy mismo, sale publicado en el BOE la licitación de la duplicación de las vías entre la capital cántabra y Muriedas”.

Para Quiñones, “el ex ministro de Fomento, De la Serna era experto en dejar en el cajón del olvido todas las promesas que se dedicaba a airear en sus visitas a Cantabria, vendía humo a los cántabros y las cántabras, y en ningún caso en sus meses como ministro dejó ni hechos ni realidades”.