El Partido Popular no apoyará la comisión de investigación de los contratos del Servicio Cántabro de Salud si esta se extiende además de a la actual gestión de PRC-PSOE a la época de la gestión de María José Sáenz de Buruaga, presidenta del partido y consejera de Sanidad en el anterior Gobierno de Cantabria.

Íñigo Fernández (Foto: PP)

Ese es el modelo que propugna Podemos, que logró recabar los apoyos de Ciudadanos y PSOE y PRC, y que para el portavoz del PP, Íñigo Fernández, supone una “injusticia” porque “pretende investigar aquello que no se ha denunciado”.

Lo que ha sucedido es que una alta funcionaria advirtió de irregularidades en la contratación (a empresas relacionadas entre sí, ligadas al hijo del alcalde socialista de Suances, por trabajos no realizados y adjudicados de forma directa al reducirse la cifra mediante el fraccionamiento –división del importe), que ha amplificado y estudiado el Partido Popular, partido que, al igual que Izquierda Unida ha llevado el asunto a los tribunales (a la Fiscalía, más concretamente).

Pero también sucede que en el intenso debate político que ha generado este asunto (reprobación parlamentaria a la consejera, informe especial de Intervención) el PSOE ha recordado que esa práctica, la de los contratos fraccionados para poder hacer adjudicaciones directas, también la hacía el Partido Popular, y también, como bonus, que a Podemos se le había quedado en el tintero poder ejecutar una comisión de investigación sobre Valdecilla a falta de la cual habrá una sobre la sanidad en general.

El PP tacha de “absurdo” abrir una investigación paralela a la que ya se ha encargado a la Intervención General, además la de la propia Fiscalía, aunque a la vez se muestra dispuesto a apoyar la comisión de investigación si excluye el período del PP, siempre que en el transcurso de la tramitación de la iniciativa “podamos enmendarla, reorientarla, y reconducirla”.

En cualquier caso, que el PP rechace la comisión no implique que no se vaya a llevar a cabo: el reglamento del Parlamento establece que se crearán en cuanto la pidan o dos grupos (la han pedido cuatro) o una quinta parte de los diputados (cifra que supera la mezcla de esos grupos).

Víctor Casal, portavoz del PSOE (Foto: PSOE)

A su juicio, definir “mal” el objeto de la comisión es “difuminar la responsabilidad de quien la tiene, que es Luisa Real” y hacerle “juego sucio” al Gobierno de Cantabria.

Los contratos que están “bajo sospecha” son los de la actual consejera, ha recalcado, argumentando también que además sería “inviable” hacerlo por un período de tiempo “tan amplio”.

Además, Fernández matiza que la gestión del PP ya fue auditada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma y por el Tribunal de Cuentas.

Ciudadanos, uno de los partidos a los que de alguna manera se acusaba de hacerle el “juego socio” al Gobierno, advertía de que “la consejera de Sanidad debe dimitir o ser cesada”.

Su portavoz Rubén Gómez trataba de dejar clara así una posición con la que «en ningún caso permitiremos que la comisión de investigación sea una excusa para el ‘y tú más’ o para desviar la atención mientras no se asume la responsabilidad del cese de la consejera».

«No vamos a participar de los vicios del bipartidismo», ha manifestado el portavoz parlamentario de Cs Cantabria, ya que «las prácticas irregulares en el SCS no dependen del color del Gobierno», puesto que «quien las haya cometido tendrá que asumir responsabilidades». “Si el PSOE y el PP» quieren convertir en un vodevil la comisión, se quedarán solos», remachaban.

Desde el PSOE, su portavoz Víctor Casal exigía al PP “la máxima claridad y transparencia en la gestión” de Sánez de Buruaga, a quien le lanzaba el mensaje de que “si no tiene nada que ocultar no debería de tener ningún problema” en que sus contratos se examinen, mientras que esa negativa “sólo hace aumentar la sombra de la duda sobre la actuación de su actual líder”.

Pero también tenía palabras para Ciudadanos, a quien situaba junto al PP en la “campaña de descrédito contra la sanidad pública” en base a un informe “provisional” que no refleja “irregularidades ni corruptelas”.

Casal reivindicaba que como “no tenemos nada que ocultar” han apoyado la comisión, además de pedir en su día la auditoría a los contratos del SCS, del que defiende su independencia de contratación respecto a la Consejería de Sanidad.

CIUDADANOS PIDE DIÁLOGO EN EDUCACIÓN

El otro frente abierto en contra del PSOE está en el área de Educación, pendiente de una segunda huelga docente tras la que de la semana pasada, el primer día de curso, por los efectos del nuevo calendario escolar sobre la reducción de la jornada lectiva.

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos (Foto: Ciudadanos)

El conflicto se recrudece: los profesores reivindican que su trabajo va más allá de dar clases, por lo que algún centro se plantea dejar de ofrecer las actividades complementarias (como las excursiones), y ayer se sumaba una denuncia del sindicato STEC, rechazada por el Gobierno, sobre la falta de cubertura de plazas.

Para Ciudadanos, “los modos y maneras del PSOE están haciendo mucho daño a la Educación de Cantabria», al hacer «saltar por los aires» el “consenso educativo”, según señalaba su portavoz, Rubén Gómez. Se refería así al Pacto por la Educación, y en este sentido avanzaba que llevarán al Parlamento una iniciativa en la que se pide al Ejecutivo que «vuelva a la senda que nunca debió de abandonar, la del dialogo y la negociación»,

La formación naranja responsabiliza directamente al consejero Francisco Fernández Mañanes del “caos” en el inicio del curso y de haber “alimentado el enfrentamiento entre familias y profesores».

Y COMISIONES OBRERAS CRITICA EL MODELO DE OPOSICIONES

Y el sindicato Comisiones Obreras criticaba los “alarmantes” resultados de las oposiciones de acceso a la carrera docente de Secundaria y de Formación Profesional, en los que un 11,11% de las 405 plazas convocadas en los dos ámbitos han quedado desiertas. En Secundaria han sido 27 plazas (26 de ellas en la especialidad de Matemáticas) y en FP han sido 18 (una de cada tres), con casos “preocupantes” como los de Cocina y Pastelería o Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, donde ningún aspirante superó el primer examen. Una situación que también se produce a nivel estatal, por lo que piden al Gobierno central que aborde cambios en el proceso.

Ellos apuestan por un sistema con pruebas no eliminatorias que aumente el peso de la experiencia al máximo permitido por ley y que incremente el número de plazas convocadas, frente a un modelo en el que las pruebas parecían “más propias de un concurso televisivo”.

Según ha constatado la Federación de Enseñanza en Cantabria, se han dado casos en los que opositores han realizado la segunda prueba sin haber superado la primera, convocatoria a personas en distintas fechas y horas para una misma prueba, falta de transparencia en la gestión de las reclamaciones…

PODEMOS E IU PROPONEN MEDIDAS PARA FRENAR EL «DETERIORO» EN LIENCRES

Finalmente, Podemos Cantabria e Izquierda Unida de Piélagos han presentado una Proposición No de Ley y una moción, respectivamente, para demandar a las administraciones competentes la adopción de una serie de medidas para frenar el deterioro del Parque Natural Dunas de Liencres,, entre las que destacan la ordenación de la zona de aparcamiento (“expoliada” a las dunas), el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras del Parque o el cese de los vertidos en las playas.

Coches aparcados en Liencres (Foto: Arca, que lleva años denunciando el descontrol en el parque natural)

Proponen la ordenación y reducción del parking a través de la búsqueda de aparcamientos disuasorios (fuera del recinto o en zonas sin valor ambiental) conectados mediante lanzaderas con el parque; la dotación de contenedores de reciclaje, también fuera de la temporada estival; la supresión y prohibición en el interior del Parque de actividades incompatibles con su conservación (caza, extracción de algas de sus fondos marinos, aprovechamiento madererero de especues invasoras como el eucalipto, etc.); la adopción de medidas administrativas y legales necesarias para poner fin a los vertidos, con especial control de las sustancias vertidas.

En este sentido, se demanda un especial atención al emisario submarino que vierte cerca de la playa de Usgo y que ha sido señalado por varios colectivos ecologistas como el emisario responsable de la contaminación.

Igualmente, reclaman el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras del Parque Natural, con medidas tales como el control del acceso rodado al monte Picota, el control y eliminación de los vertederos ilegales, un cierre perimetral del parque para evitar la entrada al recinto a horas inadecuadas o la creación de un inventario de árboles singulares en el entorno del Parque y municipios adyacentes.

Para la ejecución de estas medidas, Podemos Cantabria pedirá en el Parlamento una partida específica en los presupuestos de 2019.