Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el que ha confirmado este jueves en declaraciones a Onda Cero la noticia que avanzaban en El Periódico de Cataluña: que finalmente Defensa recula y sí que venderá las 400 bombas a Arabia Saudí que había anunciado que no haría.

Fue aquella una decisión que avanzó la Cadena Ser y que trascendió justo antes de una reunión de la Secretaria de Estado de Comercio con las ONGS de la campaña Armas bajo control, y también en los días previos a varias comparecencias parlamentarias sobre el comercio de armas, mientras al Puerto de Santander llegaba, otra vez, el Bahri Jazan.

ONGs estatales tienen en marcha la campaña contra la venta de armas

Y las ONGs lo recibieron con optimismo, como un primer paso mientras sonaban palabras como “revisión” del resto de contratos con Arabia Saudí, en línea con lo que están haciendo otros países de la Unión Europea ante el uso por parte de estos arsenales en la guerra de Yemen.

Pero también se desató un avance de tormenta diplomática con Arabia Saudí y la preocupación en la fábrica estatal de Navantia, en Cádiz, expresada en protestas de sus trabajadores y de políticos como la presidenta de la Junta de Andalucía o el alcalde de Cádiz sobre que detrás de las bombas fuera el contrato de las corbetas y eso perjudicara a los puestos de trabajo en una fábrica que, no obstante, ha rechazado pedidos nuevos recientemente.

Ahora las ONGs de la campaña (son Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Green Peace y FundiPau) muestran su preocupación porque España se convierta en cómplice de las matanzas de civiles en Yemen a cargo de Arabia Saudí, en lo que supone además el incumplimiento de la legislación internacional y del propio programa electoral socialista.

A falta de confirmación oficial, sería una pésima noticia.
Lamentar crisis humanitaria en Yemen y vender estas bombas a Arabia Saudí es invertir para que haya más crímenes de guerra, muertes, heridos y ataques a la población civil#StopArmasYa https://t.co/SCC7gbvS4x

— Jordi Armadans i Gil (@Jordi_Armadans) 12 de septiembre de 2018

Los trabajadores de Navantia han recibido bien la noticia, después de haber protagonizado protestas y manifestaciones, si bien otros sindicatos como Autonomía Obrera o CGT han rechazado el dilema en que se ha tratado de convertir esta cuestión: una elección entre víctimas de una guerra o destrucción de puestos de trabajo.

Mientras, el Bahri Hofuf, que estuvo la semana pasada en Santander cargando diez contenedores con granadas y balas (cuyo contenido el Gobierno central afirma no poder garantizar si cumplirá la ley) navega por el Mediterráneo, cerca de la costa griega, rumbo a puerto de Alexandria, en Egipto, justo antes de Arabia Saudí.

Este barco saudí comenzó a recalar con más frecuencia en Santander después de que fuera expulsado del Puerto de Bilbao ante el rechazo social suscitado. También recala en Motril, Granada, donde la Fiscalía investiga la legalidad de su presencia. En Cantabria, se han mostrado en contra de su presencia el Parlamento autonómico y el Gobierno regional, y movimientos como Pasaje Seguro canalizan las protestas cada vez que viene, mientras que el Puerto de Santander dice que es un tráfico legal.