El grupo eléctrico de origen cántabro Viesgo recibió subvenciones por un valor de 52,9 millones de euros por conceptos como la “disponibilidad” de las centrales, se use o no la energía que se produzca desde esas centrales, incluso aunque la producción sea mínima.

Torretas eléctricas

Es un dato que difunde Green Peace tras una investigación que comenzaron en marzo sobre el mercado eléctrico, y en la que han podido obtener datos a raíz de un expediente abierto por la Comisión Europea a España por estas ayudas.

Esta cifra se corresponde con Viesgo Generación entre los años 2007 y 2016, por los pagos a los que se refiere el expediente de la Unión Europea, y que afecta a centrales en Córdoba y Cádiz.  Para Endesa ascienden a 198,1 millones; para Gas Natural, 77,9; EDP, 67,6; e Iberdrola: 44,1.

Según denuncia esta organización ecologista, España es el país de Europa que más subvenciona a las centrales con energías sucias para mantenerlas aunque no generen electricidad, con una cifra que asciende a casi 18.000 millones en los últimos 20 años, y que han generado sobrecostes en las facturas por valor de 800 millones al año durante la última década.

Icono	Empresa	Total
	Endesa Generación S.A.	198.185.421,00 €
	Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U.	77.953.360,00 €
	EDP España, S.A.U.	67.611.279,00 €
	Viesgo Generación, S.L.	52.956.075,00 €
	Iberdrola Generación, S.A.	44.810.798,00 €
	Total	441.516.933,00 €

© 2018 Greenpeace

DE LA LIBERALIZACIÓN A LA BURBUJA

El fenómeno reproduce las dinámicas de la burbuja: de cómo la liberalización del suelo llevó a un crecimiento exponencial del sector de la construcción y como esas viviendas vacías acabaron en manos de los bancos y el SAREB; o las autovías radiales madrileñas que no cumplieron sus optimistas previsiones de tráfico y que fueron rescatadas, pasando, claro está, por el aeropuerto sin aviones de Castellón, y todo sin olvidar el rescate financiero.

Haciendo historia, en Green Peace recuerdan que a finales de los 90, cuando se produjo la liberalización del sistema eléctrico, las compañías privatizadas manejaron unas expectativas de crecimiento de la demanda “tan elevadas como irreales”. Esto se tradujo en la instalación de centrales “de forma masiva”, sobre todo las de gas, sin planificación.

Eran los tiempos de la burbuja, y cuando la burbuja eléctrica “explotó”, bajó la demanda, de modo que las instalaciones se quedaron “a medio usar” o “casi inútiles”.

Y DE LA CRISIS A LOS RESCATES

Ya en 2007 se empezó a pagar desde el Gobierno una serie de ayudas para resarcir por las inversiones realizadas, llamadas “pagos por nuevas instalaciones”.

Y luego se le sumaron los pagos “por disponibilidad” para garantizar el suministro. Es decir, según resume Green Peace: “se empezó a compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles”. También había ayudas al carbón o a las centrales que contaminasen menos de lo que marcaba la ley.

Entre 1998 y 2007 se repartía ya entre todas un importe mensual, el llamado “garantía de potencia”, que sumaron en ese período un importe de casi 10.000 millones de euros.
Los pagos por capacidad son uno de los costes regulados de la factura, es decir, un extra respecto a lo que se consume. Los consumidores sufragan en su factura los costes de determinados pagos que hace el Estado a las eléctricas.

Estas ayudas permanentes a las centrales para que estén disponibles son otorgadas independientemente de si generan o no electricidad.

El pago por capacidad incluye diferentes conceptos (Gráfico elaborado por Green Peace)

A estos se suma otro concepto, no contabilizado por Green Peace en esta investigación: el pago por interrumpibilidad, que no afecta a las centrales eléctricas, pero sí a las grandes industrias consumidoras de electricidad, “que cobran 500 millones al año a cambio de poder pedirles que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro”, suceda o no.

“La España de las infraestructuras fantasma también tiene autopistas energéticas por las que no pasa nadie”, aseveran, recalcando que el modelo español ha supuesto pasar del “quien contamina paga” al “quien contamina cobra”.

Según datos de Red Eléctrica Española (REE) citados por Green Peace, las centrales de ciclos combinados funcionaron el año pasado el 16,7% de su capacidad total, y las centrales de carbón lo hicieron el 56,9% de las horas posibles, mientras el uso de renovables no sustituyó a las energías sucias, sino que se sumó, de modo que España tiene un 30% más capacidad de generación eléctrica de la necesaria, mientras subían también las emisiones de CO2 y este exceso de capacidad no se haya traducido, todo lo contrario, en una bajada de la factura al usuario.

Evolución de los precios de la electricidad (Tabla elaborada por Green Peace)

LA UE CUESTIONA ESTAS AYUDAS

La Comisión Europea (CE), en una investigación realizada en 2015, ya cuestionó este tipo de subvenciones al sector eléctrico implantadas en muchos países comunitarios, haciendo especial énfasis en la situación española, por ser uno de los estados miembro con el mayor número de pagos por capacidad y los más cuantiosos.

Green Peace ha desarrollado esta investigación

De hecho, en 2017, la CE incluso abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de ‘inversión medioambiental’. El Gobierno ha otorgado desde 2007 unos 440 millones de euros a las centrales de carbón para que reduzcan su impacto medioambiental y puedan cumplir la ley de emisiones contaminantes.

La CE advierte que podrían ser ilegales porque estas ayudas no están enfocadas a garantizar el suministro sino al cumplimiento de los límites de emisión y, además, falsea la competencia en el mercado de la electricidad al beneficiar una tecnología por encima de otras.

El Parlamento europeo ha pedido limitar estas ayudas y la comisión quiere plantear un nuevo diseño del mercado tras estudiar los datos reales de oferta y demanda. .

La investigación de Green Peace comenzó en marzo, haciendo peticiones a distintos órganos e instituciones, pero muchos de ellos no han respondido alegando que son datos confidenciales.