El Gobierno de Cantabria y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en materia de desahucios y ejecuciones hipotecarias por medio de un acuerdo para facilitar el contacto y el intercambio de información entre las dos instituciones.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, se reúne con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral. FOTO: José Cavia.

Así lo ha anunciado el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, tras el encuentro que ha mantenido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, José Luis López del Moral, en el que también ha estado presente el director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez Blanco.

Esta reunión forma parte de los contactos que el Ejecutivo regional está llevando a cabo con los diferentes organismos y entidades que, de uno u otro modo, tienen relación con esta problemática.

Mazón ha defendido la importancia de la mediación como “gran arma” durante todo el tiempo que dura el proceso, pues “no siempre” hay que terminar en pleito. De hecho, el consejero ha señalado que una de las funciones administrativas del Gobierno es intermediar para adoptar la mejor solución posible en cada suceso y, en ocasiones, “todas estas cosas que pasan en los tribunales nos llegan muy tarde y con poca capacidad de maniobra”.

Según ha explicado, este próximo acuerdo “facilitará la comunicación entre todos para no tener que actuar a última hora y casi sin tiempo porque, si se informa previamente, se podrá estudiar cada caso de manera individual e intentar resolver el problema”.

Finalmente, también se ha abordado la posibilidad de que las oficinas de intermediación de Justicia y del Gobierno autonómico puedan estar en permanente contacto porque sus funciones son “complementarias”, ha dicho Mazón.

VÍAS DE COLABORACIÓN CON DIFERENTES COLECTIVOS

Recientemente, el Gobierno de Cantabria anunció también que colaboraría con el Colegio de Abogados, a quienes el titular de Vivienda considera un “factor fundamental” en el proceso.

A la espera de firma un convenio con la entidad, el Ejecutivo resaltó que los abogados son uno de los primeros contactos con las familias, por lo que ha solicitado su colaboración en materia de asesoramiento y apoyo legal a las familias.

En Cantabria, el Gobierno puso en marcha hace dos años una Oficina de Emergencia Habitacional, dependiente de la Consejería de Obras Pública y Vivienda, que ofrece un servicio público, gratuito y extrajudicial,  para asesor y negociar en casos de emergencia habitacional, junto con la oferta de una solución.

El horario de atención es de lunes a viernes en la calle Juan de Herrera 2-4, 5ª planta, de Santander y es preciso solicitar cita previa en los números de teléfono 942 31 89 32 y 942 31 89 80. Los interesados también pueden dirigirse a través de internet en el correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es y encontrar toda la información en www.emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es.

En cuanto al alquiler, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria efectuará el segundo pago de las ayudas al alquiler a partir del este viernes, 6 de septiembre.

Las ayudas consisten en una subvención  del 40% del importe del alquiler mensual de aquellos contratos de arrendamiento que no superen los 500 euros mensuales.

LA LEY DE LA PAH, ADMITIDA A TRÁMITE EN EL CONGRESO

Esta misma semana los desahucios han vuelto a ponerse en el centro de la actualidad después de que el Congreso de los Diputados admitiera a trámite la ley estatal de la PAH para afrontar el problema de la vivienda.

La ley recoge cinco medidas que son conocidas como las cinco de la PAH: Dación en pago retroactiva, alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y garantizar suministros básicos.

Su entrada en el Congreso (un trámite incipiente, en realidad el inicio de un proceso que desembocaría en la aprobación definitiva) tenía margen de duda porque si bien se contaba con el apoyo de partidos del ámbito de la izquierda, no se conocía lo que haría el PNV, que finalmente se abstuvo.

Hasta la fecha, esta admisión a trámite no ha sido posible porque el PP en el anterior Gobierno hizo ejercicio de la posibilidad de vetar una ley si esta supone que se modifique el presupuesto.

Es mismo que ha sucedido en Cantabria cuando se intentó lo mismo, y ahora se está pendiente de la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP, una herramienta que permite a los ciudadanos, en este caso la PAH, presentar sus propias leyes, al margen de los grupos políticos).

OTOÑO DURO CON LOS DESAHUCIOS

Este verano la PAH de Santander alertaba de que el otoño será duro en materia de desahucios, porque se prevé una oleada de desahucios en alquileres sociales por parte de entidades financieras, al finalizar los plazos de buena parte de los contratos o las moratorias .

Aunque la legislación hipotecaria está en buena parte pendiente de los efectos del último criterio de la Justicia europea (que ya ha afeado en varias ocasiones el hecho de que las leyes españolas no protejan los derechos del consumidor) respecto a la práctica del Tribunal Supremo sobre los impagos en casos de desahucio.