FUNDINORTE, la empresa del Grupo Vela que se hizo cargo de la frustrada fábrica de Greyco en el Valle de Buelna, se ha declarado en concurso de acreedores mientras espera un nuevo inversor, según publica este viernes EL DIARIO MONTAÑÉS.

Instalaciones de Fundinorte

Es otro caso (como GFB, como Ecomasa) de fábrica apoyada por el Gobierno a través de su empresa pública SODERCAN, con participación sus como socio en la empresa incluida, que no sólo no termina de despegar, sino que se precipita.

Sus trabajadores se reunieron ayer con el presidente Revilla para trasladarle su situación, en expediente de regulación de empleo temporal y con las coberturas sociales agotadas. En el pasado han reclamado más transparencia en torno al destino del dinero público.

FUNDINORTE está gestionada por el Grupo Vela, grupo que fichó a Luis Pérez del Castillo. que fue director de Internacional de SODERCAN (la empresa pública que financia y ayuda esta empresa privada), si bien las relaciones han sido malas, incluso judicializadas.

Ahora las decisiones en materia de pagos las supervisarán los administradores concursales.

SODERCAN mantenía un acuerdo económico con una aportación de 3,3 millones de euros con FUNDINORTE que de hecho esta incumplió al dedicar parte del dinero público al pago de gasto corriente o a solucionar problemas de liquidez en lugar de a inversiones. El apoyo de SODERCAN no es el único del Gobierno: también se involucró al ICAF, el Instituto Cántabro de Finanzas, que contempló también ayudas al pago de la deuda.

La antigua empresa principal del Grupo Fundico Besaya también recibió al menos 26 millones de euros de dinero público entre 1996 y 2008, sobre todo a través de SODERCAN o empresas interpuestas, y de episodios de conflictividad laboral coincidentes en el tiempo con sucesivos periodos electorales (1996, 2003, 2004, 2008). Las inversiones continuaban pese a que la propia SODERCAN admitió no ver la fábrica viable y a que le estuviera ocasionando pérdidas.

GREYCO estuvo aquejada de múltiples problemas en los últimos años que llevaron a abrir el período de liquidación y cerrar sus puertas tras haber recibido, también, dinero público, y haberse encomendando planes de reestructuración al abogado Emiliano Garayar, habitual en los años del socialista Ángel Agudo en Economía y cerebro jurídico de la operación de compraventa del Racing.

De esa época le constan trabajos de asesoría que fueron cuestionados por Intervención, al carecer de respaldo documental o incluir facturas por trabajos que acabó desarrollando otra empresa.

«CORRUPCIÓN EMPRESARIAL»

En 2008 desembarcó en San Felices de Buelna la navarra Frenos Iruña, que se retiró en 2015, a pocos meses de las elecciones. Entonces en la oposición, el actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, viajó hasta Pamplona en autobús con los trabajadores para denunciar ante la sede de aquella empresa la «corrupción empresarial» que recibe cuantiosas ayudas públicas y después incumple sus compromisos y «tiene a los trabajadores sin cobrar».

Un «escándalo» que fue difundido en directo, en televisión nacional, en el programa Las Mañanas de Cuatro que presentaba el periodista Jesús Cintora; en 2016, tras recuperar el poder autonómico, la administración Revilla retomó la misma senda que había fracasado todas las veces anteriores.