||por JAVIER GÓMEZ-ACEBO, abogado, expresidente del CES||

Recientemente impartió una charla en el Ateneo de Santander el catedrático emérito de la universidad de Granada, y antiguo catedrático en la escuela de caminos de Santander Miguel Ángel Losada.

Si bien el contenido de la charla llevaba como título:” El porvenir de la bahía y el porvenir de la tierra”, y el ponente apenas habló de las escolleras, una parte importante del numeroso público que asistió a la misma esperaba que se pronunciara sobre ellas.

Concentración frente a las escolleras (abril de 2018)

El conferenciante orilló el tema y solamente en el coloquio, de más de una hora se refirió a ello de una manera un tanto tangencial. Entre otras cosas dijo que hay que estudiar sus efectos, que ya empiezan a conocerse, para saber qué es lo conveniente. Personalmente entiendo su postura, pues decir algo distinto hubiera significado seguramente un conflicto con sus antiguos compañeros de Escuela de Caminos y somos otros los que tenemos que batirnos.

Pero como hay que interpretar tanto las palabras cuanto los silencios, el hecho de que no lo defendiera lo interpreto como una crítica, y el que dijera que visualmente era horroroso, lo entiendo como que también considera que esa obra es un feroz y brutal atentado contra la riqueza paisajística de Santander.

Pero es que además ante las preguntas del público, estableció una especie de prontuario para interpretar los hechos, entre los que establecía algunas preguntas claves, como “quien lo había pedido”, y “a quien beneficiaba”. He de decir que él no respondió a esas preguntas, sino que nos dijo que nos las hiciéramos nosotros mismos y que buscáramos su respuesta.

Si tomamos la primera de esas preguntas, la respuesta es bien clara: lo ha pedido el equipo que gobierna el ayuntamiento de Santander que es el del PP. Digo que el equipo que gobierna el Ayuntamiento porque todos los demás grupos políticos PRC, PSOE, IU y Podemos han pedido que se retire.

La alcaldesa de Santander ha venido reiterando que con estas obras ya no será necesario que el Ayuntamiento le pida al Estado que reponga las arenas si las tormentas de invierno las desplazan, que venía teniendo un coste anual en palabras de la propia regidora de 50.000 € anuales. Renunciar a nuestro mayor patrimonio paisajístico para no tener que pedir al Estado qué cumpla con sus competencias y que se gaste 50.000 euros anuales es difícilmente creíble. La responsabilidad de reponer las playas no es municipal, sino que es del Estado y lo hace habitualmente en todo el territorio nacional con costes de hasta 300.000 € como la playa de Riazor y con menor coste, pero también sumamente elevado en la Concha de San Sebastián y renunciar a que lo haga el Estado es de una gravedad extrema.

Los ciudadanos no lo habíamos pedido, si bien es cierto, que desde el consistorio se invoca una encuesta que se efectuó en el año 2008, y de la que nos dicen que el 91% de los encuestados aprobaron la obra de los espigones. Lo que no nos dicen es que dicha encuesta solamente contestaron 166 personas, de las cuales solamente 36 aprobaron las escolleras que se están construyendo.

Dado el carácter técnico de algunas preguntas de la encuesta, mi temor es que se efectuara exclusivamente entre estudiantes de las propia Escuela de Caminos, pues difícilmente el ciudadano común es capaz de contestar si prefiere o no “un muro exento”, como seguramente le pasa ahora a usted lector, pues si no tiene estudios técnicos es muy difícil que lo sepa lo que eso significa.

Renunciar a nuestro patrimonio paisajístico, que es una de las esencias de nuestra ciudad para no tener que pedir al Estado que se gaste 50.000 € anuales en trasladar las arenas de la playa, si fuera cierto sería una ignominia, pues solamente en limpieza al Ayuntamiento se gasta más de 900.000 euros y en parques y jardines más de 9 millones. Tampoco le echó la culpa a la alcaldesa más allá de lo que dice y de haber aceptado el cargo con esa gravosa hipoteca.

La anterior pregunta da paso a otra de las que hacía el catedrático: ¿a quién beneficia? Desde luego ni a los santanderinos ni a los cántabros en su conjunto les beneficia, pues la bahía, como recurso hídrico más importante que tenemos no obtiene ningún beneficio con esa obra.

No somos ni una ciudad, ni una comunidad carente de playas, por el contrario, tenemos decenas de kilómetros de ellas y durante los últimos 40 años esta playa ha venido siendo utilizada con total normalidad mediante la reposición de la arena que desplazaban los temporales. Los más de 80.000 m³ de arena que en los años 78 y 80 se vertieron a lo largo de la playa, son los que han acabado, con las corrientes y los temporales de invierno en la playa de Peligros y por eso su desmesurado crecimiento en estos años.

El mantenimiento, lo único que requería, como se ha venido haciendo, era el traslado en primavera a la zona central de la playa. Sin embargo, estos rellenos artificiales de la playa no cambiaban ni la configuración física, ni la configuración jurídica. Digo que no cambiaban la configuración jurídica, porque por imperativo de la ley de Costas de 1988, la Dirección de Costas de Cantabria efectuó lo que se denomina deslinde marítimo terrestre, esto es la determinación de hasta donde llega la ribera del mar y cuáles son las servidumbres que a partir de esta soportan las fincas lindantes con dicha ribera.

En la playa de la Magdalena el deslinde marítimo terrestre, publicado por Orden Ministerial de 21/12/07, coincide con los muros de la finca que linda con ella y la servidumbre de tránsito del artículo 27 de dicha Ley discurre por el interior de las fincas.

Con independencia de lo anterior, el artículo 6 de la misma Ley establece que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar podrán construir obras de defensa a su costa.

El proyecto de los espigones, según dijo la Directora General de Medio Ambiente cuando vino a presentar las obras, también se hacía “para garantizar la seguridad de las propiedades del entorno”, con olvido censurable, de que las propiedades las tienen que asegurar los propietarios y no el erario público. La finalidad declarada de las obras entre otras cuestiones es la de aumentar la anchura de la arena seca de la playa, esto es llevar la ribera del mar hacia el interior de la bahía, una de cuyas primeras consecuencias sería liberar a las propiedades del embate de las olas y de la servidumbre de tránsito y transcurridos los oportunos plazos podrían pedir un nuevo deslinde. No puedo afirmar que la intencionalidad fuera proteger la propiedad de una de las personas del PP más importantes de Cantabria, pero si que las consecuencias son precisamente esas. Yo soy un mero detractor de las obras y me limito a señalar los hechos y que cada uno saque sus conclusiones.