El alquiler con opción a compra a un grupo privado de la residencia La Pereda, cerrada la pasada legislatura, avanzado este miércoles por el consejero de Economía y del que informaba EL DIARIO MONTAÑÉS, ha despertado recelos en el sector de la dependencia y las residencias, tanto entre empresarios como trabajadores.

Residencia La Pereda (Foto: CC.OO)

En concreto, será un alquiler durante 20 años por un importe de 28.120 euros al mes, con opción compra de 6,6 millones de euros, adjudicada en concurso público, dentro de un proceso más amplio de sucesivas subastas de patrimonio público sin uso. En este caso se ha rebajado varias veces el precio, desde los 28 millones iniciales.

La Pereda es la antigua Residencia Marcano, en el Sardinero, y el cierre se justificó en la pasada legislatura, en un contexto de recortes, por no cumplir las normas y por los altos costes, estimados en 4 millones de euros. El cierre y traslado de residentes provocó protestas y manifestaciones, en un momento en que todavía estaba reciente el 15M.

La empresa es Mundiresidencias La Pereda, y anuncia una inversión de 4 millones de euros para crear 100 puestos de trabajo y gestionar 180 plazas. La sociedad se constituye el pasado mes de maoy, exprofeso para este concurso.

Su administrador es Antonio Laorden, con más de medio centenar de vinculaciones societarias con empresas de todo tipo –pero no específicamente residencias–, en una década, desde 2008, y que fue incluso consejero del club de fútbol Alcorcón).

LA BUSCA DE LA RENTABILIDAD LLEVARÍA A PLAZAS MUY CARAS

Fuentes del sector de las residencias consultadas por el Faradio ponen en duda la rentabilidad de una operación que ya había desanimado a otras empresas que se interesaron en La Pereda sin verla rentable.

Según sus cálculos, el precio de la reforma, complejo, es mayor que los 4 millones que estimaba el Ejecutivo, ya que incluye el manejo de materiales sensibles, a los que hay que sumar los trámites y las licencias, que elevan la cifra hasta un mínimo de 6 millones de euros. Un importe que habría que desembolsar mientras se paga el alquiler y que fuentes del sector consideran que implica que los precios de las plazas serán muy elevadas para poder amortizar: lo cifran en 3.000 euros al mes.

En cualquier caso, el proceso supone que algo tiene que decir el Ayuntamiento de Santander, que es quien da las licencias (que sólo pueden ser para residencias o equipamientos sociosanitarios en general).

Así que entran otros factores en juego: en la última residencia abierta, en Cueto, hubo un concurso al que se presentaron empresas privadas a las que se puso como condición que los precios fueran equivalentes a los de lo público. El Ayuntamiento, además, maneja sus propias previsiones de residencias y plazas.

Otras fuentes del sector descartan el pago del alquiler durante las obras y creen que puede ser compatible la gestión de plazas concertadas con las privadas.

TRABAJADORES ALERTAN QUE SE CONCERTARÁN PLAZAS PARA AYUDAR A LA EMPRESA

Desde el sindicato Trabajadores Unidos (TU, cuyos militantes participaron en su día en las protestas contra el cierre y en el último tiempo han protestado por la situación en el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana) también expresaban sus dudas sobre lo que ven un «pelotazo».

Su portavoz, Isabel Rodríguez, también se refería en EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2), a los altos costes de reparación que hará falta invertir, por lo que vaticinaba que el propio Gobierno de Cantabria acabará concertando plazas en la residencia (es decir, ingresando dinero a la empresa para que las plazas no tengan precios de privado) como forma de ayudarles. Es decir, que “el alquiler lo pagaremos todos los cántabros”.

En TU han recibido con “mucho enfado, indignación y tristeza” la noticia, tras recordar las “situaciones dramáticas” que afrontaron los mayores residentes en La Pereda cuando se anunció un cierre y traslado “que nadie comprendía”.

Asimismo, han hecho hincapié en que en esas protestas “en las que estuvimos apoyando lo público, con nosotros estaba el mismo Gobierno que luego lo ha sacado para lo privado”. “Nos están desmantelando lo público unos y otros”, aseveraba.

Para Trabajadores Unidos se trata de un “cambio de modelo”, de lo público a lo privado, una forma de privatización con la que avanzaba que comenzarán a movilizarse.

Desde UGT por su parte, acusan al Gobierno de Cantabria de haber «abandonado a su suerte (La Pereda) como centro público durante seis años».

El sindicato critica que «ahora, después de seis años de abandono de sus instalaciones, resulta que La Pereda sí es viable para una empresa privada con ánimo de lucro y para que ésta explote un patrimonio público de carácter social».

«FeSP-UGT siempre defenderá lo público, por lo que considera inaceptable que el Gobierno de Cantabria adopte esta decisión después de que La Pereda se cerrara en el año 2012 y se perdieran con ello 120 plazas residenciales que implicó el traslado traumático de los residentes a centros concertados, con el incremento del gasto público que supuso, además de la pérdida de empleo público que ocasionó», agrega el sindicato.

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT critica también al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, porque «parece haber olvidado sus promesas en campaña electoral cuando en su momento defendió como nadie la recuperación de este centro público atendido por personal de la Administración».

«Con esta decisión, el Gobierno de Cantabria actual no deja de hacer puro seguidismo de la medida adoptada en su momento por el anterior Ejecutivo autonómico del PP, que descapitalizó un referente del patrimonio público de carácter social como La Pereda», concluye la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT.

EL GOBIERNO DEFIENDE UNA OPERACIÓN «REDONDA»

Desde el PSOE, partido que en el Gobierno tiene las competencias tanto de Economía como de Servicios Sociales, su responsable de Economía, Ainhoa Quiñones, rechazaba que la inteción sea privatizar si finalmente lo que se produce es un concierto de plazas.

Y justificaba los altos costes de reparación que hubiera tenido que afrontar el Ejecutivo, que además ha estado pagando IBI (90.000 euros anuales) estos años. “Es darle un uso a un edificio que se está cayendo. Mejor eso que tenerlo abandonado”, afirmaba en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA.

Desde el Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota. defendía una operación que supone un ahorro a las arcas regionales de 106.886 euros al año y unos ingresos de 300.000 euros.

El centro residencial La Pereda tiene una superficie construida de 8.580 metros cuadrados sobre una parcela de 10.189 metros cuadrados y se trata de un equipamiento público y social de titularidad pública, como establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander.

La oferta de Mundiresidencias La Pereda incluye una renta mensual de alquiler de 28.120 euros, con un periodo de carencia de 18 meses y un importe de opción de compra 6.630.000 euros. El porcentaje de renta abonada por descontar del importe de la opción de compra es del 29 por ciento. Todo ello iguala o supera, como ha destacado Sota, las bases ofertadas en el concurso sacado por el Gobierno para la concertación de este contrato de arrendamiento.

Tras el periodo de 20 años, ha explicado Sota, si la empresa no materializara la opción de compra, para lo que es necesario el cambio de titularidad a privada en el plan urbanístico, la propiedad volvería a manos del Gobierno cántabro, sin ningún tipo de compensación.
Sota ha mostrado su satisfacción por recuperar esta dotación social en un espacio “privilegiado”, tras su clausura en 2012 por el anterior Gobierno, y, al mismo tiempo, por suponer para Cantabria unos ingresos “importantes”.

Es una “operación redonda”, ha remarcado el consejero, quien ha felicitado al personal del Servicio de Patrimonio regional por la diligencia y trabajo para sacar adelante esta operación y la de la antigua discoteca ‘Aqua’, en Raos, cuya venta se ha materializado recientemente.

Además, ha detallado que con La Pereda la Comunidad Autónoma ahorrará 106.886 euros anuales tras esta operación, que es el gasto corriente que tiene afrontar el Gobierno por el IBI, fundamentalmente, pero también para costear los suministros y el mantenimiento de la finca.
Sota ha resaltado asimismo la “larga experiencia” en el sector de los servicios sociales de la empresa adjudicataria y ha adelantado que la entidad tiene intención de poner en marcha el proyecto de forma “inmediata”, cuando finalicen los últimos trámites administrativos.

Respecto al resto de patrimonio que tiene “ocioso” la Administración regional, el consejero ha señalado que se estudia volver a sacar a concurso otros locales, como es el caso de la sede de la Quinta Labat, un edificio protegido por su singularidad en el PGOU de Santander y calificado como dotación administrativa, lo que limita, ha dicho Sota, sus posibilidades.

PODEMOS E IU

Para Podemos, el alquiler supone » un paso definitivo para el desmantelamiento de lo público en Cantabria» y «una prueba evidente de que el Gobierno cántabro favorece a los especuladores, “privatizando un centro público que se encuentra en un entorno privilegiado y dándoselo a sus amiguetes, mientras nuestros mayores tienen que soportar largas listas de espera para poder ingresar en un centro público”.

Podemos ha recordado que hace seis años, el PSOE y el propio Miguel Ángel Revilla fueron a apoyar a las trabajadores y a los residentes durante las concentraciones que se llevaron a cabo para impedir el cierre del centro público.

«Hoy, nos encontramos que ese mismo centro que decían defender se alquila a una empresa privada, como ejemplo de una política orientada al beneficio de unos pocos en detrimento de los intereses sociales de la mayoría. “Este Gobierno está empeñado en destruir los servicios públicos en pro de la rentabilidad económica, y este caso es una muestra más la cesión de inmuebles públicos a la iniciativa privada”, lamenta Podemos.

por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Santander ha recordado que el pasado noviembre y a instancia de Izquierda Unida, el Pleno del Ayuntamiento de Santander acordó no modificar la calificación del suelo de la residencia Marcano e instar al Gobierno de Cantabria a invertir en el edificio para asegurar la disponibilidad de más plazas públicas para nuestros mayores.

Según Saro, el Gobierno de Cantabria ha continuado su hoja de ruta para obtener liquidez y quitarse el “marrón” de en medio, desoyendo la petición mayoritaria de los santanderinos y las propias promesas electorales del señor Revilla, quien durante la campaña electoral a las últimas elecciones autonómicas se comprometió a reabrir de nuevo La Pereda para usos sociales.

“Desde Izquierda Unida vemos con mucho recelo la información que ha dado la empresa a quien se ha alquilado el edificio, pues es seguro que el coste de la inversión necesaria para su utilización y el coste de la cesión del edificio va a repercutir en el precio de cada plaza, o que hace pensar que las mismas van a estar al alcance de tan solo una pequeña parte de los santanderinos.»

Desde IU recuerdan que el cierre del Centro por el Gobierno de Ignacio Diego supuso la pérdida de 120 plazas para nuestros mayores, de titularidad pública, derivando dichos residentes a centros concertados, con el consiguiente gasto que ello supuso a las arcas autonómicas. Un coste que va a incrementarse si el Gobierno de Cantabria establece algún tipo de concierto con la empresa que va a explotar la residencia a partir de ahora.

“Lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es una irresponsable cesión de un suelo público de lujo para que una empresa pueda obtener beneficio en la atención a la dependencia, esto es, seguir el plan que diseño Ignacio Diego” afirma Miguel Saro.

El concejal de Izquierda Unida defiende que la gestión directa de los servicios de atención a la dependencia resulta más eficaz, frente a las fórmulas de externalización de la gestión por las que apuesta el Gobierno cántabro con este modelo.