El gambeteo del Ayuntamiento con el PGOU, a los tribunales
El Ayuntamiento de Santander acudirá a la vía judicial para reclamar a los gobiernos central y autonómico los perjuicios económicos –que negó que se fueran a producir- ocasionados por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 por una causa externa al propio plan, como fue la anulación del Bitrasvase del Ebro por una deficiente evaluación ambiental que, no obstante, y es algo que obvia siempre el Consistorio, era un factor que conocía antes de aprobar el Plan ya que existía una sentencia de la Audiencia Nacional-.
El Plan General de Santander de 2012 agotó el suelo de la ciudad
La decisión de recurrir a los tribunales se adopta al cumplirse un año de la reclamación presentada en vía administrativa ante el Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el entonces Ministerio de Medio Ambiente (ahora para la Transición Ecológica) sin que ninguno de ellos se haya pronunciado aún.
La Junta de Gobierno Local ha autorizado esta semana a los servicios jurídicos municipales para iniciar las acciones judiciales, que deberán sustanciarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (en el caso de las dirigidas contra el Gobierno regional y la CHC) y ante la Audiencia Nacional (en lo que respecta al Ministerio).
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, «el objetivo es que las administraciones responsables de los acuerdos que provocaron la anulación del plan asuman también los perjuicios económicos derivados de ello».
Por lo pronto, esta reclamación asciende a 3.084.604 euros -más intereses-, y se corresponde con el importe invertido en la redacción del documento urbanístico, un proceso que requirió más de ocho años de trabajo e incluyó cuatro periodos de exposición pública.
Pero la voluntad del equipo de gobierno municipal es que todos los perjuicios económicos que se puedan derivar de la anulación del PGOU se repercutan también a las administraciones que intervinieron en la adopción de los acuerdos que motivaron su anulación.
En este sentido, Díaz ha recordado que existe también otra reclamación en marcha, en vía administrativa, por los casi 7 millones de euros que el Ayuntamiento tiene que devolver a la Fundación Caja Cantabria por el convenio urbanístico de la parcela de la entidad en Cazoña.
El Ayuntamiento y la entidad han alcanzado un acuerdo para la devolución progresiva de la cantidad que Caja Cantabria ingresó a la administración municipal en concepto de plusvalías por el cambio de clasificación de los terrenos -que perdió validez con la anulación del PGOU-, y en paralelo el Consistorio ha iniciado la reclamación patrimonial a los gobiernos central y regional y la CHC.
Y eso a pesar de que el Consistorio negó que la anulación del Plan General fuera a tener consecuencias económicas para la ciudad.
El convenio con la Caja es el único perjuicio que cita el Ayuntamiento al informar de este recurso, pero hay más:
-Por ejemplo, tuvo que modificar el PGOU a petición de la empresa propietaria de los supermercados Lupa para evitar trabas a la instalación de nuevas superficies, que limitaba el plan anterior al anulado, que es el vigente ahora. Más detalles aquí
-La anulación del plan tuvo consecuencias en las reclamaciones por el catastro, fundamentalmente en la costa norte, ya que van en función de la definición del suelo y se habían aplicado con otras previsiones.
-También se ha tenido que suspender la reordenación del Frente Marítimo, además de los planes para La Remonta o el Parque Litoral Norte.
-Y de hecho la carga de trabajo en Urbanismo es tal que ha tenido que delegar en la Sociedad de Vivienda y Suelo la redacción de una modificación del plan para el Cabildo (pedida durante años por los vecinos, rechazada siempre por el Consistorio y decidida ahora, tras la anulación del PGOU. En el Cabildo, mientras, avanzan los derribos y los movimientos inmobiliarios. Lo hemos contado esta semana aquí.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha recordado que la primera reclamación patrimonial por la anulación del PGOU se interpuso en octubre de 2017 ante el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Medio Ambiente y la CHC solicitando el pago de los más de 3 millones de euros que invirtió el Ayuntamiento en la redacción del documento.
PODEMOS PIDE QUE EL CABILDO SEA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN URBANÍSTICA
Respecto al derribo de dos edificios en el Cabildo de Arriba esta semana, al menos uno de ellos propiedad en parte de ANJOCA, la constructora que lleva años acumulando solares en este céntrico barrio santanderino, Podemos ha pedido que se declara el área como “zona de especial protección urbanística”, fórmula que también piden extender al Río de la Pila, como fórmula «para evitar su deterioro y favorecer su dinamización evitando la especulación».
Los trabajos de derrumbe continúan. En la foto, el edificio centenario que todavía queda en pie, que también será objeto de derribo
Podemos Santander se ha mostrado partidario de conceder subvenciones a los propietarios para fomentar la rehabilitación de este «delicado» espacio del casco urbano, obligando a las construcciones de nueva planta a mantener la arquitectura de la zona, así como la altura y volumetría.
Además, y como parte del núcleo urbanístico callealtero, la formación morada solicita la rehabilitación, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, del convento de las Madres Clarisas de Santa Cruz, edificio que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 1982, de tal manera que este pueda ser utilizado como edificio turístico-cultural, como museo o sala de exposiciones.
Con estas medidas se intenta poner freno a lo que la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, califica de “especulación feroz” por parte del Ayuntamiento santanderino y que supone la continuación de un proceso de gentrificación del centro de la capital, que terminará por desplazar a los vecinos al extrarradio.
SANTANDER SÍ PUEDE: VERTEDEROS Y PRESIÓN INMOBILIARIA EN CUETO
Por otra parte, el concejal Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede, ha reiterado su denuncia sobre el estado de abandono en la zona de Monte-Cueto por la proliferación de vertederos incontrolados, supuestamente en vías de resolución según la explicación del equipo de Gobierno del PP cuando se les ha inquirido por este tema.
Basura acumulada en Cueto
“No entendemos que, tras las mociones presentadas, las denuncias, las quejas, sigamos asistiendo estupefactos a la degradación de una de las zonas con más valor medioambiental de Santander”, asegura Antonio Mantecón, que describe como «la basura se acumula en Monte y Cueto». «decenas de imágenes en redes sociales y en la prensa dan buena cuenta de la acumulación de basura, escombros, mobiliario, y diversos materiales que no hacen más que aumentar en los vertederos ilegales que proliferan por la zona.
“Sólo hace falta darse un paseo por la Senda Costera para ver que, lejos de acabar con esos vertederos ilegales, no hacen más que aumentar”, comenta el edil de la formación municipalista.
Para Santander Sí Puede, «está claro que el Ayuntamiento no hace todo lo que debería». «La dotación municipal, operarios con un camión y una pala, que pasa con una frecuencia que se revela como insuficiente, no es capaz de acabar con la suciedad que se acumula. Y esa labor ineficaz, por escasez de medios y escasa periodicidad, hace que siempre queden restos acumulados y los “usuarios” de los vertederos ilegales sigan tirando sus desperdicios en esas zonas de alto valor ecológico y medioambiental», lamenta, al igual que critica que no haya sanciones contra los responsables.
Mantecón señalaba expresamente al concejal Joisé Ignacio Quirós (Medio Ambiente y Movilidad Sostenible), «que está viendo como su gestión es cuestionada día sí y día también».
Pero Santander Sí Puede también denuncia el estado de degradación que sufre el poblado chabolista de Cueto. «Las políticas del consistorio para reubicar a los habitantes de este asentamiento son francamente insuficientes y mal gestionadas» censuran, añadiendo que «dejar que la zona aledaña se degrade, se llene de basura, es una forma de presión inmobiliaria para conseguir que abandonen sus casas, un espacio de alto valor económico si se recalifican esos terrenos».
Así, ha contado como recientemente se produjo un incendio a las puertas del poblado por la quema ilegal de plumeros, poniendo en riesgo la seguridad de las familias que allí residen.
“La anulación del PGOU de 2012, que aparentemente elimina el riesgo de recalificación de la zona, tiene sus días contados. Más pronto que tarde deberá enfrentarse la tarea de redactar un nuevo PGOU y nos tememos que estas políticas de expulsión acaben culminado en nuevas urbanizaciones de chalets con vistas al mar. Ahora nos regalarán con una visita de la alcaldesa al poblado, a lo Evita Perón, buscando réditos políticos. Cuando lo necesario es el trabajo diario y una férrea voluntad de darles una vida digna a las personas que realmente lo necesitan”, concluye Mantecón.
Serguey
No estoy del todo seguro, pero no sería raro que el día de la reunión de la CROTU en la que se aprobó el PGOU estuviese presente algún concejal del Ayuntamiento, cosa no excepcional.
Habría que consultar las actas y, de ser así, ver si el concejal advirtió de tal situación antes de la aprobación
Jesús A. Molinero
No sólo estuvo presente el representante del Ayuntamiento de Santander en la CROTU, sino que también estaba de presidente de la misma el Consejero D. Javier Fernández, actualmente senador por el PP y anteriormente asesor jurídico del Ayto de Santander.