Una red de empresas y personas interpuestas elaboraron un plan “preconcebido” que acabó precipitando el desahucio de la familia de Gama, previsto para el próximo 23 de octubre, según consta en el relato de los hechos que conforma su querella.

Es una familia en una situación extrema: la vivienda que están a punto de perder tras lo que ya han denunciado como una estafa es el único domicilio en propiedad y lugar de residencia habitual de los afectados, Martín Setién y María Rocío Núñez. Él, albañil en paro, se encuentra enfermo y ella, ama de casa, no percibe ninguna nómina. Con ellos vive también un hijo de la pareja.

Para evitar este desahucio (que ha sufrido varios aplazamientos), la PAH ha convocado una acción antidesahucios, el próximo martes, 23, ante la propia vivienda, por lo que instan a todos aquellos que quieren contribuir a impedirlo que acudan a la cita. La casa está en Gama. en el Barrio Tuebre, número 5 (hubo un cambio de dirección, antes era el 16), y el desahucio está previsto para las diez de la mañana. De todos modos. para que no haya pérdida, la PAH pondrá una pancarta junto a la carretera, al lado de la parada de autobús

De forma paralela, en el plano judicial, la familia ha pedido una suspensión cautelar, es decir, que hasta que se resuelva el proceso judicial se impida el daño del desahucio, como forma de evitar que una resolución que les favoreciera llegara demasiado tarde para impedir el mal que precisamente tratan de evitar.

EL PLAN “PRECONCEBIDO” PARA DEJARLES SIN CASA

Las víctimas denuncian a tres vecinos de Gijón por estafa y pertenencia a organización criminal contra tres hombres asturianos, vecinos de Gijón: Francisco Javier Rionda Álvarez –supuesto comprador de la vivienda- José García-Rendueles Menéndez –prestamista- y su socio, Alfredo Moreno Torres.

Stop-desahucios en Gama, el pasado mes de junio FOTO: PAH Santander.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, se relata como “los querellados han participado conjuntamente en un plan preconcebido para conseguir engañar al querellante y apropiarse del inmueble que constituye su domicilio a cambio de la liquidación de un préstamo muy inferior al precio del mercado de la casa”.

Los hechos se remontan al año 2011, cuando el matrimonio trató de solicitar una hipoteca para adaptar la planta baja de la vivienda para que su hijo, ahora fallecido y que padecía una enfermedad degenerativa considerada rara, el Síndrome de San Filippo, pudiera moverse en ella.

Tal y como se relata, ningún banco les concedió la hipoteca, y entonces la familia buscó otras alternativas y llegó a un prestamista, José García-Rendueles, a través del portal www.milanuncios.com.

En el documento judicial narran como días después, contactó con ellos Alfredo Moreno Torres, que se identificó como intermediario del inversor, y con quien aseguró que constituía la empresa REYMO FINANCE INVESTMENT 2009 S.L..

Esta empresa, que continúa activa desde enero del año 2009, define su objetivo en la “adquisición, transmisión, arrendamiento y explotación económica, por cualquier título, por cuenta y con medios propios y sin intermediación, de toda clase de bienes inmuebles”.

Oficialmente está a nombre de Francisca María Moráis, esposa de García-Rendueles y que a veces les acompañaba, según consta en la querella, en calidad de chófer.

Tras varias conversaciones telefónicas, les anunciaron que irían a ver la vivienda en breve y que eran “gente seria” que les propondrían varias alternativas, prosigue la denuncia.

En ella se especifica como finalmente, se reunieron hasta seis veces entre febrero y abril de 2012 y, en abril, se presentaron con varias personas desconocidas, supuestamente agentes inmobiliarios, a los cuales hicieron pasar por tasadores.

Según la documentación judicial, después llegó la oferta. José García-Rendueles se ofreció a sufragar el dinero necesario para cubrir el préstamo que tenían pendiente, de 16.900 euros, y sus gastos de cancelación, que ascendían la suma a 19.137,22 euros.

CITA CON URGENCIA PARA UNA VENTA FICTICIA

A partir de ahí, según esta parte, se les ofreció la idea de vender el inmueble, cosa que no quisieron hacer tras la inversión que habían realizado. Por ello, les aseguró que buscaría una nueva solución para lo cual tendrían que facilitarle una copia de la escritura de compraventa y último recibo del pago del IBI, que se le facilitó.

Unas 50 personas respondieron al anterior llamamiento stop-desahucios en Gama. FOTO: PAH Santander.

Finalmente, en mayo de 2012 tanto García-Rendueles como Moreno les citaron “con urgencia” en Gijón para “terminar de solucionar todos sus problemas”. Allí acudieron a una notaría, donde les presentaron lo que denominaban “préstamo con retroventa”, que significaba que les liquidaban el préstamo pendiente poniendo en garantía su domicilio, el cual irían recuperando según fueran devolviendo el dinero.

Para ello, elaborarían una “venta ficticia” a un colaborador suyo, algo que les aseguraron que era habitual, pero que “no iría a ningún lado” porque el precio era “irrisorio” (el correspondiente al préstamo). Asimismo, el señor García-Rendueles se comprometió a ayudarles a formalizar una hipoteca con el BBK para poder ir devolviendo el dinero, incluyendo sus honorarios de intermediación hipotecaria, que cifró en 12.000 euros.

En ese momento, tal y como afirman en la querella, no se les requirió la escritura de propiedad del inmueble ni acreditar si estaban al corriente del pago del IBI. Lo que sí ocurrió es que el notario les hizo una lectura rápida con muchos términos jurídicos y financieros que el prestamista les aseguró que eran “meros formalismos”.

A estas alturas, “tras largas horas donde le habían explicado sus problemas económicos y familiares”, se guiaron por la “extrema confianza” que habían adquirido con él y por la “seriedad” que percibieron al estar involucrado un notario, por lo que accedieron a la firma.

DESAPARECE EL PRESTAMISTA Y APARECE UN COMPRADOR DESCONOCIDO

Tras esto, el prestamista les aseguró que en los próximos días se pondría en contacto con ellos para firmar la hipoteca con el BBK. Sin embargo, no hubo más contacto ni contestaron al teléfono, lo que les hizo sospechar, añaden en su relato.

Acción antidesahucios

Por ello, solicitaron una copia de la escritura que se había realizado, en la que no aparecía reflejado el pacto de retroventa y lo que implicaba era un contrato de venta a un comprador, Francisco Javier Rionda Álvarez, con el que no habían tenido ningún contacto ni comunicación, hasta que éste los demandó para desahuciarlos de la vivienda. Esto les hizo suponer que ambos actúan “en connivencia y bajo un plan preconcebido”, tal y como dejan ver en la querella que han interpuesto contra ambos.

Finalmente, la compraventa se hizo por un precio total de 31.137,22 euros, muy por debajo del precio real de la vivienda que es de unos 400.000 euros. Y una cifra que tampoco corresponde a su préstamo, de 19.137,22 euros, detallan en esta parte del procedimiento judicial.

En la escritura también se reconocía el derecho del uso de la vivienda en precario para los querellantes durante un año.

Así, en mayo de 2013, Francisco Javier Rionda Álvarez les instó a abandonar la vivienda y en octubre de 2013 interpuso una demanda de desahucio en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Santoña, por haberse extinguido el plazo de un año pactado en la escritura.

Además, la querella solicita a su vez una indemnización de 400.000 euros, el precio real de la vivienda en el mercado y, de momento, y “en caso de que no se prestase dicha fianza”, solicitan que se acuerde el embargo de sus bienes que corresponda a esa cantidad.

UNA RED COORDINADA

Tras encontrarse en esta situación, Setién contactó con una asociación de afectados por estafadores inmobiliarios, STOP ESTAFADORES, y encontró que existen más perjudicados por ese grupo en diferentes puntos del norte de España.

De hecho, el presidente de la organización de afectados, Juan Puche, ha denunciado en su blog que hay más casos que están tratando de reunirse en Cantabria, Asturias, País Vasco y Galicia.
Más aún: en el blog se denuncia la coordinación entre unos y otros. Se apunta en especial a la figura de Antonio Arroyo, considerado por esta plataforma como “el mayor usurero de España”. Y se cita el caso de una víctima en Galicia a la que le venció el plazo de un préstamo con Arroyo. Entonces, acudió Rendueles, el denunciado por la familia de Gama, lo que a los afectados les hace sospechar que son “colaboradores”.

En la querella presentada por la vía penal se concluye que “en la conducta de los querellados” concurren “todos los requisitos para ser considerados organización criminal, en tanto que forman un grupo estable, que ha actuado de forma coordinada y concentrada, repartiéndose distintos roles y funciones con el objetivo de cumplir varias estafas a diferentes familias”.

Sin embargo, la querella criminal, presentada en los juzgados de Gijón, está retrasándose en el tiempo por la burocracia y la magnitud del caso. Mientras, algunos de los afectados ya han perdido su vivienda y otros, como Martín y María Rocío, están en vías de hacerlo.

UNO DE LOS DENUNCIADOS NIEGA LOS HECHOS

Alfredo Moreno, uno de los denunciados por la familia de Gama que se enfrenta al desahucio de su vivienda, niega los hechos que estos le imputan y recalca que una denuncia similar fue sobreseída en los tribunales.

Además, cuenta a EL FARADIO que ni siquiera estuvo en la firma de los acuerdos que supusieron la venta de la casa ni firmó documento alguno en el que se perjudicara a la familia afectada.

En concreto, hubo una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón por delitos leves de estafa en todos los supuestos contra varios acusados, que, tras la toma de declaración de los distintos implicados, quedó sobreseída sin que se presentara recurso en contra ni por parte de los afectados ni por parte del Ministerio Fiscal.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA LA PARALIZACIÓN CAUTELAR CUANDO AFECTA A UN BIEN ESENCIAL

En el plano jurídico, la familia ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santoña que no se ejecute el desahucio, y lo hacen remitiéndose a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Las víctimas reclaman que se adopte una medida cautelar “con carácter de urgencia” para que no se ejecute el desahucio y “que no se agraven aún más los perjuicios derivados de la estafa” por la cual se han querellado por la vía penal.

Lo hacen, amparándose en que el Tribunal Constitucional reconoce estas medidas cautelares adecuándolas al principio de necesidad de los usuarios, ya que el supuesto nuevo propietario no se ve afectado en sus derechos básicos, como sí les ocurre a ellos.