La Alianza cántabra contra la pobreza, en la que participan la Red cántabra contra la pobreza y la Coordinadora de ONGDs, han sacado el debate con los representantes políticos a la calle, cuando afrontamos el último curso de la legislatura.

Si en anteriores ediciones presentaron un documento con compromisos expresos para que los grupos del parlamento de Cantabria se adhirieran (o no), en esta semana de la pobreza han lanzado preguntas a los representantes del pueblo en la plaza del Ayuntamiento.

Debate organizado por la alianza Cántabra contra la pobreza en la plaza del Ayuntamiento. De izquierda a derecha: Rubén Gómez (Cs), Diego Movellán (PP), Guillem Ruisánchez (El Faradio), Víctor Casal (PSOE), Verónica Ordónez (Podemos) y Matilde Ruiz (PRC)

Con preguntas de agenda sobre algunos de los principales indicadores de pobreza, y de máximo interés, como el nivel de implantación de las cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública local y regional; la coordinación de los departamentos de la administración en pro de los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos; los incumplimientos de los Acuerdos de Pesca de la UE con Marruecos que esquilman los recursos del Sáhara Occidental o el tráfico ilegal de armas con destino a Arabia Saudí desde el Puerto de Santander, o su anuncio reciente de que elevará cuatro metros la valla para contener a los polizones.

Al debate moderado por EL FARADIO, en representación del Partido Popular asistió Diego Movellán, diputado en el Congreso y concejal en Camargo, por parte del PRC, Matilde Ruiz, diputada regional, como el portavoz del PSC-PSOE, Víctor Casal, la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez y el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez.

También hubo preguntas a los representantes sobre la meta del 0,7% destinado a Cooperación (el máximo que ha destinado Cantabria, antes de la crisis económica, fue un 0,23% y las partidas se quedaron en cero en los peores años de la recesión); sobre las trabas burocráticas y la escasa cuantía de la renta social básica, lejos del salario mínimo interprofesional y del umbral de la pobreza.

Cuando las preguntas eran de temas de agenda nacional, el debate que se reprodujo fue el nacional; cuando eran muy genéricas el discurso político también lo fue, como cuando Amnistía Internacional cuestionó si la pobreza es considerada un problema de derechos humanos (afirmativo, sin demasiados matices en las respuestas).

O Pasaje Seguro sobre las armas en el Puerto de Santander, que ha desencadenado una pregunta de Podemos en el Congreso que la representante de la formación morada en la mesa no recordó; Ordóñez fue la más aplaudida, sin embargo, en sus intervenciones sobre el Sáhara Occidental o la renta social básica, y aceptada su posición abolicionista de la prostitución, en ausencia de una postura fija de la formación política.

Con toda sinceridad, «no lo recuerdo» expresó Matilde Ruiz (PRC) sobre contrataciones públicas concretas con cláusulas sociales y ambientales, que para Diego Movellán (PP), desde su experiencia municipal apuntó que apenas se incluyen, y Víctor Casal (PSOE), por el contrario, aseguró que están «prácticamente en todas» las contrataciones públicas; desde Cáritas apuntaron finalmente que si se incluyeran tendría un impacto del 20% sobre el conjunto de la economía.

Si la pregunta era para Ciudadanos sobre su posición en Educación para la Ciudadanía Globlal, la respuesta era que es positivo que se recupere la Filosofía en Secundaria. Sobre el tráfico de armas desde el Puerto, Rubén Gómez, un grupo de asistentes descontento con la ambigüedad de la respuesta le reclamó una posición política de su partido, pero no obtuvo más respuesta que la del «cumplimiento de la legalidad» y el «sentido común».

La respuesta del PP sobre Violencia de Género reveló que la prioridad de la formación es la protección del interés superior del menor, además del recuerdo al Pacto que se fraguó en la anterior etapa de Gobierno de Mariano Rajoy.

Y apenas hubo concreción en las respuestas a preguntas más concretas, como una sobre medidas del Gobierno de Cantabria para reducir las emisiones de CO2 e implicar a la población en el objetivo.

El formato no permitía las réplicas, salvo al final del debate, cuando Ruiz (PRC) reprochó a Movellán (PP) las medidas de austeridad y la corrupción en el marco del debate de la sostenibilidad de las pensiones, y ambos discutieron sobre la doble vertiente de los datos de pobreza en Cantabria: ha descendido ligeramente la tasa de pobreza pero aumenta y queda por encima del 20% (uno de cada cinco) la población en riesgo de exclusión.